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martes, 30 de junio de 2009
Proyecto "Aves de los Partidos General Lavalle y La Costa"
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lunes, 29 de junio de 2009
La esencia del conflicto agrario
por Santiago Sáenz Valiente
Clarín 14/04/2009
Ante el conflicto entre el Gobierno y el agro, que en nada cambió hasta ahora (lejos de ello, empeoró), resulta conveniente retomar la temática y recordar conceptos de la coparticipación federal, así como los relativos a las polémicas retenciones de los productos primarios.
Argentina ha decidido -desde 1853 al dictarse la Constitución Nacional- adoptar para su administración el sistema federal que resulta una complementación entre la centralización y descentralización de servicios y recursos de los diferentes niveles de gobierno. En el mundo al menos 16 países la han elegido, entre ellos Rusia, Australia, India, Alemania, Venezuela, Canadá, Estados Unidos, México, Brasil y Argentina. La mayor parte de los países prohíben las aduanas internas y las provincias conservan el poder fiscal no delegado.
En la Argentina, el Gobierno Nacional en forma exclusiva mantiene para sí los derechos de importación y exportación, aplica por otra parte impuestos indirectos a los consumos en concurrencia con las provincias. Desde el año 1930 la Nación aplicó -en forma transitoria y de emergencia, y esto es preocupante- el impuesto a la renta, hoy impuesto a las ganancias, cuya recaudación es distribuida en función del Convenio de Coparticipación vigente hoy, cuyos porcentuales se han definido con las características de las jurisdicciones de 1988.
Una decisión de suma importancia es definir qué nivel de gobierno -Nación, Provincia o Municipios- debe prestar determinado servicio. Por otra parte, la financiación de tales costos será afrontado por quien efectúa dicha prestación, ya sea con fondos propios generados por su poder fiscal o por distribución de impuestos recaudados a nivel nacional.
Las provincias se autofinancian -en forma absolutamente relativa- con los impuestos inmobiliarios, transferencia automotores, a los ingresos brutos y sellos. Las municipalidades tienen poder sólo para aplicar tasas, que deben ser en contraprestación de servicios prestados.
Desde la reforma constitucional de 1994 se garantizó la remisión automática de los fondos redistribuidos desde la Nación bajo la premisa de la equidad, e igualdad de oportunidades en todo territorio, pero los actuales porcentuales aplicables están distorsionados absolutamente si consideramos esa prioridad de solidaridad. No caben dudas que el país se debe un debate sobre esta temática y análisis pormenorizado para realizar cambios de fondo. En el medio de este panorama el Poder Ejecutivo decidió por decreto de necesidad y urgencia, coparticipar parte del producido de la retenciones a la soja y sus derivados (no de las restantes oleaginosas y cereales), trayendo muchas alegrías e inconvenientes.
Ya se ha dicho, pero justifica reiterarlo, que el Art. 99 inc. 3 de la CN expresa la prohibición de dictar estos decretos cuando son de orden tributario, y las retenciones, así como su producido, lo son; estos derechos de exportación son impuestos, ratificado ello por fallos judiciales recientes (entre ellos Gallo Llorente), más allá de su costado extrafiscal.
Esta distribución parcial alcanzaría aproximadamente al 16% del total de ingresos producidos por las retenciones a la soja (30% que consta en el Decreto 206/09 x 54,66% que es el porcentual actual de la distribución primaria prevista), y además teniendo afectación específica a obras de infraestructura no resulta suficiente para las alicaídas provincias y municipios consecuencia de la baja de actividad económica. Además, este aporte a las jurisdicciones menores no resuelve el problema de fondo creando un conflicto mayor al ya existente.
Para lograr un mayor crecimiento económico, combatir el desempleo, y generar mayor riqueza en el país, hay que continuar con el combate de la evasión, eliminar impuestos distorsivos y generar incentivos fiscales en lugar de incrementar la presión fiscal.
El principio de legalidad e igualdad son la base de los impuestos y ninguno de ellos se cumple al aplicar las retenciones, que sólo estaban justificadas en el año 2002 por una situación de emergencia reforzada por la disparidad producida en el dólar estadounidense y el incremento de los precios externos de los commodities. Los motivos válidos en tal oportunidad están ausentes desde tiempo atrás.
Este tributo disminuye las bases del impuesto a las ganancias e IVA que justamente ambos son coparticipables con las provincias.
La recaudación no puede basarse en esta exacción sobre ingresos, sin contemplar las capacidades contributivas precisas que muestra la renta de las diferentes actividades.
Los costos de cada uno de los productores son diferentes, según la ubicación de la explotación, su tamaño, los precios de los insumos, y el método aplicado en la siembra y cosecha. En definitiva, la aplicación de un impuesto a las exportaciones es distorsivo, al violar el principio de equidad y proporcionalidad.
Los bajos rindes por sequía y por menores fertilizantes aplicados -consecuencia de sus mayores costos-, producen quebrantos no contemplados por este impuesto distorsivo a los ingresos, y una vez pagado, pagado está. A cambio el impuesto a las ganancias mide el resultado de un período cuyo quebranto es compensable con utilidades futuras.
Otros impuestos que están afectando mucho al agro son justamente el Impuesto sobre los Ingresos Brutos que es aplicado por las provincias que aumenta su porcentual año a año y el llamado impuesto al cheque, que originalmente se había prometido su total pago a cuenta (débitos y créditos bancarios), ambos de fuerte contenido distorsivo.
Deben buscarse herramientas fiscales que actúen como incentivos a la actividad, reduciendo tasas, generando pagos a cuenta y permitiendo deducciones adicionales, logrando así una mayor competitividad a nivel mundial
Clarín 14/04/2009
Ante el conflicto entre el Gobierno y el agro, que en nada cambió hasta ahora (lejos de ello, empeoró), resulta conveniente retomar la temática y recordar conceptos de la coparticipación federal, así como los relativos a las polémicas retenciones de los productos primarios.
Argentina ha decidido -desde 1853 al dictarse la Constitución Nacional- adoptar para su administración el sistema federal que resulta una complementación entre la centralización y descentralización de servicios y recursos de los diferentes niveles de gobierno. En el mundo al menos 16 países la han elegido, entre ellos Rusia, Australia, India, Alemania, Venezuela, Canadá, Estados Unidos, México, Brasil y Argentina. La mayor parte de los países prohíben las aduanas internas y las provincias conservan el poder fiscal no delegado.
En la Argentina, el Gobierno Nacional en forma exclusiva mantiene para sí los derechos de importación y exportación, aplica por otra parte impuestos indirectos a los consumos en concurrencia con las provincias. Desde el año 1930 la Nación aplicó -en forma transitoria y de emergencia, y esto es preocupante- el impuesto a la renta, hoy impuesto a las ganancias, cuya recaudación es distribuida en función del Convenio de Coparticipación vigente hoy, cuyos porcentuales se han definido con las características de las jurisdicciones de 1988.
Una decisión de suma importancia es definir qué nivel de gobierno -Nación, Provincia o Municipios- debe prestar determinado servicio. Por otra parte, la financiación de tales costos será afrontado por quien efectúa dicha prestación, ya sea con fondos propios generados por su poder fiscal o por distribución de impuestos recaudados a nivel nacional.
Las provincias se autofinancian -en forma absolutamente relativa- con los impuestos inmobiliarios, transferencia automotores, a los ingresos brutos y sellos. Las municipalidades tienen poder sólo para aplicar tasas, que deben ser en contraprestación de servicios prestados.
Desde la reforma constitucional de 1994 se garantizó la remisión automática de los fondos redistribuidos desde la Nación bajo la premisa de la equidad, e igualdad de oportunidades en todo territorio, pero los actuales porcentuales aplicables están distorsionados absolutamente si consideramos esa prioridad de solidaridad. No caben dudas que el país se debe un debate sobre esta temática y análisis pormenorizado para realizar cambios de fondo. En el medio de este panorama el Poder Ejecutivo decidió por decreto de necesidad y urgencia, coparticipar parte del producido de la retenciones a la soja y sus derivados (no de las restantes oleaginosas y cereales), trayendo muchas alegrías e inconvenientes.
Ya se ha dicho, pero justifica reiterarlo, que el Art. 99 inc. 3 de la CN expresa la prohibición de dictar estos decretos cuando son de orden tributario, y las retenciones, así como su producido, lo son; estos derechos de exportación son impuestos, ratificado ello por fallos judiciales recientes (entre ellos Gallo Llorente), más allá de su costado extrafiscal.
Esta distribución parcial alcanzaría aproximadamente al 16% del total de ingresos producidos por las retenciones a la soja (30% que consta en el Decreto 206/09 x 54,66% que es el porcentual actual de la distribución primaria prevista), y además teniendo afectación específica a obras de infraestructura no resulta suficiente para las alicaídas provincias y municipios consecuencia de la baja de actividad económica. Además, este aporte a las jurisdicciones menores no resuelve el problema de fondo creando un conflicto mayor al ya existente.
Para lograr un mayor crecimiento económico, combatir el desempleo, y generar mayor riqueza en el país, hay que continuar con el combate de la evasión, eliminar impuestos distorsivos y generar incentivos fiscales en lugar de incrementar la presión fiscal.
El principio de legalidad e igualdad son la base de los impuestos y ninguno de ellos se cumple al aplicar las retenciones, que sólo estaban justificadas en el año 2002 por una situación de emergencia reforzada por la disparidad producida en el dólar estadounidense y el incremento de los precios externos de los commodities. Los motivos válidos en tal oportunidad están ausentes desde tiempo atrás.
Este tributo disminuye las bases del impuesto a las ganancias e IVA que justamente ambos son coparticipables con las provincias.
La recaudación no puede basarse en esta exacción sobre ingresos, sin contemplar las capacidades contributivas precisas que muestra la renta de las diferentes actividades.
Los costos de cada uno de los productores son diferentes, según la ubicación de la explotación, su tamaño, los precios de los insumos, y el método aplicado en la siembra y cosecha. En definitiva, la aplicación de un impuesto a las exportaciones es distorsivo, al violar el principio de equidad y proporcionalidad.
Los bajos rindes por sequía y por menores fertilizantes aplicados -consecuencia de sus mayores costos-, producen quebrantos no contemplados por este impuesto distorsivo a los ingresos, y una vez pagado, pagado está. A cambio el impuesto a las ganancias mide el resultado de un período cuyo quebranto es compensable con utilidades futuras.
Otros impuestos que están afectando mucho al agro son justamente el Impuesto sobre los Ingresos Brutos que es aplicado por las provincias que aumenta su porcentual año a año y el llamado impuesto al cheque, que originalmente se había prometido su total pago a cuenta (débitos y créditos bancarios), ambos de fuerte contenido distorsivo.
Deben buscarse herramientas fiscales que actúen como incentivos a la actividad, reduciendo tasas, generando pagos a cuenta y permitiendo deducciones adicionales, logrando así una mayor competitividad a nivel mundial
El debate sobre "el modelo" Héctor A. Huergo.
Hay que reconocer que ahora sabemos algo más respecto a lo que quiere el gobierno en esta hora, cuando se debate sobre "el modelo".El propio ex presidente Néstor Kirchner confirmó lo que sospechábamos, cuando remarcó que "no queremos que la Argentina vuelva a ser el granero del mundo".Toda una definición, complementada por otros colaboradores que hablaron de "desarrollismo" con "inclusión social" y "desarrollo industrial" con "sustitución de importaciones".¿Le suenan estos conceptos? Sí, ya hemos estado allí. Pero bueno, la Argentina es un país de honda raíz conservadora, y es muy difícil desclavar las tachuelas oxidadas que hay en nuestro imaginario colectivo.Hagamos entonces el intento inverso: en lugar de cambiar las muletillas, veamos cómo lo que estaba sucediendo en los últimos años con el campo y la agroindustria, era absolutamente compatible con este discurso tan caro a nuestras tradiciones.Primero: ser granero del mundo no es excluyente. Y no implica deshonra alguna.Les encanta a los estadounidenses, que son los grandes proveedores mundiales de maíz y trigo, y acompañan bien a la Argentina y Brasil en el abastecimiento de soja a todo el planeta.También Canadá y Australia, dos países que a veces se proponen como modelo, se ufanan por su fuerte posición como oferentes de insumos alimenticios básicos.Segundo: ¿qué es industria?. Por definición de la Real Academia, "es la transformación de los recursos naturales".La agricultura es, de acuerdo con esta idea, la madre de todas las industrias: convierte el dióxido de carbono del aire en sustratos diversos, que se pueden destinar a la alimentación o a otras industrias, a través del gerenciamiento del maravilloso proceso de la fotosíntesis. Una fábrica que opera al aire libre, porque necesita utilizar la energía radiante que provee el sol, y al mismo tiempo capturar el agua de lluvia.El suelo es cada vez más un simple soporte, que se debe mantener vivo reponiendo de la mejor forma los nutrientes que se llevan los cultivos.En esta visión, el agricultor, el chacarero moderno, es el gerente industrial, una persona que maneja una línea de montaje a la que concurren insumos de alta tecnología, como las semillas, fertilizantes, herbicidas, aplicados con maquinaria inteligente, cargadas de chips que permiten más automatización, más precisión, más eficiencia.Los granos, por más primarios que parezcan, son hoy productos de alto valor agregado.Si nos manejamos con la relación insumo-producto, son por lejos los de mayor valor agregado de la economía argentina. Porque no hay que confundir valor agregado con grado de elaboración. Cuando se inauguró Profertil, la mayor fábrica de urea del mundo, enclavada en el polo petroquímico de Bahía Blanca, todo el mundo aplaudió porque la Argentina lograba diversificar su matriz productiva. Ahora exportaríamos más bienes industriales!.Pero resulta que los chacareros descubrieron que si le echaban urea al trigo o al maíz, los rindes subían. Entonces, Profertil no exportó más, destinó su producción al mercado interno.La consecuencia fue que creció la cosecha de maíz, y en consecuencia, las exportaciones. ¿El país se primarizó? ¿Se advierte el absurdo de la visión de que industria es sólo lo que tiene techo y también olor a electrodo quemado?Inclusión social. Miles de puestos de trabajo corriente arriba y corriente abajo, en la metalmecánica, la petroquímica, la biología, la genética. Miles de trabajadores en la línea de montaje.El 40% del empleo nacional en el 2005, y después el sector creció un 30% más. En doce años, hasta el 2008, se había triplicado el valor de la cosecha, generando una actividad imponente en el interior y acomodando las cuentas macro.Eso es "desarrollismo", con "inclusión social". Y en cuanto a la "sustitución de importaciones", pronto lo tendremos más en claro.Cuando tengamos que hacer algo para sustituir las importaciones de carne desde Uruguay. Una experiencia traumática, pero que cuando llegue nos permitirá conocer las consecuencias de capturar los ingresos del campo, la industria verde, para probar suerte con "otro modelo". Como bien sostiene Aldo Ferrer, el campo no debe ser todo. Pero reconoce que el agro argentino es un modelo a copiar por quienes quieren un país más diversificado.¿Quién se opone? ¿Es incompatible con eso ser también granero del mundo?. Fuente: CLARIN
EL GREMIALISMO AGROPECUARIO Y LAS FUENTES DEL PODER por Juan Cruz JAIME
“Nuestro país es tan rico
y posee tanta vitalidad
que no lo detienen en su progreso
ni los mayores desaciertos de sus directores”Carta de José C. Paz, a Miguel Cané
Historia del gremialismo agropecuario
El gramialismo agropecuario atesora un profundo background histórico, que es necesario recuperar para comprender que los hechos del pasado 11 de marzo no son de generación espontanea, sino la culminación de un proceso de dos siglos de lucha de un sector que se cansó de ser el financiador del gasto público.
La protogénesis del movimiento ruralista la encontramos en la “Representación de los Hacendados”, escrita en 1809 por Mariano Moreno a pedido de los hombres de campo. Su título completo era “Representación que el apoderado de los hacendados de las campañas del Río de la Plata dirigió al Excelentísimo Señor Virrey Don Baltasar Hidalgo de Cisneros, en el expediente promovido sobre proporcionar ingresos al erario por medio de un franco comercio con la nación inglesa”, y el objetivo final era lograr que la Corona española permitiera el libre comercio en esta zona de sus colonias.
Como dato interesante apuntemos que Moreno se presentaba como “el apoderado de los labradores y hacendados de estas campañas de la banda oriental y occidental del Río de la Plata”, es decir, de los trabajadores y de los propietarios de lo que años más tarde serían las repúblicas de Uruguay y Argentina.
Sin embargo, las guerras civiles que asolaron la incipiente Nación, y luego la sangre fraterna derramada en los enfrentamientos entre unitarios y federales no permitieron consolidar el movimiento gremial agropecuario.
Una vez acallados los cañones de Caseros comenzaron a conformarse las primeras sociedades rurales en el interior de la provincia de Buenos Aires, siguiendo sus años fundacionales la misma línea que la expansión de la frontera agropecuaria iniciada por Adolfo Alsina y concluida por Julio Argentino Roca.
En tal sentido, la primer gremial nacional nació en 1866 ante la necesidad de congregar al sector para buscar la mejor forma de aprovechar los recursos naturales que la expansión de la civilización dejaba al alcance de todos. La Sociedad Rural Argentina, pues, se puso entre sus principales objetivos velar por el patrimonio agropecuario del país y fomentar su desarrollo, promover el arraigo y la estabilidad del hombre en el campo y el mejoramiento de la vida rural en todos sus aspectos, coadyuvar al perfeccionamiento de las técnicas, los métodos y los procedimientos aplicables a las tareas rurales y asumir la más eficaz defensa de los intereses agropecuarios.
Era el primer faro, pero la dinámica socio económica que llevó a la Argentina al camino del progreso trajo un nuevo actor social que no fue previsto por los fundadores de la más que centenaria entidad.
Así, los cambios operados en el país a partir de 1880 hubieran requerido algunos ajustes en su cosmovisión estratégica que, al no producise, generaron en algunos productores la necesidad de pensar ámbitos alternativos de representación.
A lo antedicho se sumó la famosa crisis de 1890. Una explicación sólo economicista para explicar el cambio que se produjo en el sector a partir de esta crisis sería dejar de lado su faceta más importante, aquella que abrevó en la formación de las bases del movimiento rural confederado.
El surgimiento de la Federación Agraria Argentina era por entonces sólo cuestión de tiempo. Fundada en 1912 agregó una nueva franja social al gremialismo agropecuario. El objeto básico fue defender los intereses de los productores agropecuarios frente a las acciones de los gobiernos y de otros sectores que atenten contra los derechos de aquellos, y su espada más afilada el derecho de los arrendatarios a la propiedad de la tierra.
Entrado el siglo XX, la crisis de 1923 recrudeció en su forma más violenta la clásica antinomia entre los criadores y los invernadores que se venía perfilando desde años atrás. En esa ocasión la Sociedad Rural Argentina, cuyos socios tenían la posibilidad de ser criadores e invernadores al mismo tiempo, no alzó la voz al volumen que lo requerían muchos pequeños productores cuya subsistencia dependía exclusivamente de la cría.
Siete años más tarde, el mayor colapso del capitalismo moderno aceleró la conformación de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa. En una de las primeras revistas de la entidad se puede leer: “La última crisis no por más sentida ha sido menos aleccionadora. Sus efectos fueron tan agudos en la economía del productor, que obligó a éste a la concentración y a la meditación. Un algo que en su espíritu albergaba desde la conmociones económicas de 1923, había de tomar forma concreta”.
Mientras tanto, la Sociedad Rural Argentina buscaba una posición intermedia, conciliadora con los intereses de los grandes capitales extranjeros, que le diera al nuevo movimiento que se estaba conformando un status sólo de “contralor” de las políticas económicas a ser implementadas. Por el contrario, las sociedades rurales del interior pedían la intervención directa de los productores en los asuntos que los tenían como parte en el desarrollo económico nacional.
Se dio inicio entonces a los célebres Congresos Rurales, que ayudaron a acercar ambas posiciones, logrando que los propios líderes agropecuarios tomaran conciencia que se trataba de matices dentro de un solo objetivo primigenio de fondo que, de ser dejados de lado en discusiones de forma, sería desvirtuado y eso perjudicaba a todo el sector.
Será el III Congreso donde Alejandro Foster apuró al resto del grupo: “Formemos la confederación, que la misma puede formarse con que sólo dos rurales deseen confederarse. Hace diez años que estamos diciendo que hay que organizarse y nunca lo hacemos, iniciemos de una vez esa organización de la que tanto se habla y nunca se hace”.
Nació así CARBAP en el invierno de 1932. Sus objetivos son impulsar y tutelar el desarrollo de la ganadería, agricultura e industrias afines de la provincia de Buenos Aires y el territorio de La Pampa; fomentar una estrecha solidaridad gremial entre los productores de la zona, propendiendo a la agremiación de todos; coordinar las fechas de las exposiciones rurales para evitar superposiciones y uniformar sus reglamentaciones; gestionar ante los poderes públicos y autoridades municipales, provinciales y nacionales todas aquellas medidas que sean necesarias para el mejoramiento de la producción agropecuaria; cooperar y asesorar los poderes públicos para la solución de los problemas del sector; orientar la producción agropecuaria hacia la mejor calidad.
Desde sus inicios la lucha gremial le dio éxitos y sinsabores. En enero de 1955, por la negativa de formar parte de la Federación Argentina de Ganadería – de neto corte oficialista y contrapuesto con la Ley de Carnes por entonces vigente – se le quitó su personería jurídica y se decidió su liquidación por decreto. En los meses que duró el conflicto se organizó la Confederación de Asociaciones Rurales de la Primera Zona, dejada sin efecto al momento de recuperar CARBAP su personería, restablecida en septiembre de 1955.
De la suma de CARBAP y otras confederaciones surgidas en las distintas regiones de la geografía argentina nació Confederaciones Rurales Argentinas en 1943 y trece años más tarde se fundó la última pata de la actual Comisión de Enlace, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria.
La unión de las gremiales también tiene sus antecedentes históricos. En 1958 se fundó la Comisión Coordinadora de Entidades Agropecuarias, que agrupaba en su interior a la SRA, a CRA, a entidades rurales independientes y a las entidades de cultivos intensivos.
Surgió para oponerse a la política de elevar el impuesto rural de Oscar Alende, Gobernador de la provincia de Buenos Aires, y para ellos organizó grandes asambleas en el interior, con las que logró revertir la política del gobernador. Duró casi dos décadas y fue el germen de la I Comisión de Enlace.
Fundada en 1970 en su seno se unieron SRA, CRA, FAA, CONINAGRO y la antedicha Comisión Coordinadora. En un multitudinario congreso presentó la “Declaración de las Entidades Agropecuarias del País al Gobierno Nacional y la Opinión Pública”, que fuera el basamento de la política agropecuaria de ese momento. Además, logró reimplantar el Ministerio de Agricultura y Ganadería entre 1970 y 1973, ejerciendo el mandato Antonio di Rocco, presidente de Federación Agraria.
Aquella Comisión se agrietó en 1971 cuando parte de ella rechazó el Gran Acuerdo Nacional y quedó sin efecto en 1973 cuando el espiral de violencia vivido en la Argentina llevó a cada una por su lado.
Esperamos que la nueva Comisión de Enlace, surgida en marzo de este año no sufra el mismo final. Para apoyar su accionar marcamos a continuación los aspectos relevantes que debe tener en cuenta para comprender las fuentes del poder.
Las gremiales
y las fuentes del poder
Lo primero que debemos hacer es definir la burocracia en sentido positivo. Esto es separar la burocracia de la política partidaria o “punteril”. En tal sentido, el gremialismo agropecuario debe anular la visión de actor pasivo ante lo estatal. Es fundamental pasar de la protesta a la propuesta para ayudar a que el sector público sea un actor competitivo, eficiente y comprometido con los intereses de la comunidad que representa.
Hay que perder la visión antropomórfica del Estado. No estamos ante una persona moral o inmoral. El Estado no inventa los males, aplicas recetas de políticas públicas. En tal sentido rescatamos la necesidad de afianzarse en el sector público a través del control de gestión y el posicionamiento en lugares burocráticos clave. En síntesis, el voto periódico debe ser complementado con otras instancias de participación que involucren al productor activamente en las decisiones del gobierno.
Cuando decimos control de gestión nos referimos a utilizar parte de nuestro tiempo en vigilar el respeto por las normas y procesos establecidos, así como a evaluar permanente de los resultados obtenidos por la implementación de una política.
Por su parte, posicionarnos en lugares clave implica no perder de vista el histórico reclamo por reinstaurar el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hoy el Secretario es un débil vocero del sector que en el ámbito interno no tiene capacidad de gestión y en el ámbito regional, por cuestiones de protocolo, está relegado a ocupar la segunda fila. Aunque parezca irracional hoy la Argentina es único país del Mercosur sin rango ministerial para el sector.
El productor debe conocer estos temas si quiere estar en condiciones de presentar a la sociedad, en forma coherente y comprensible, cuál es su modelo de desarrollo sustentable nacional y cómo puede colaborar para conseguir dicho objetivo.
El otro gran debate que debemos darnos en breve al interior de las entidades es si se deben aceptar o rehusar puestos públicos desde el gremialismo agropecuario. Personalmente creo que la respuesta está dada sólo por la prudencia y el espíritu de verdadero ruralismo que tenga el dirigente que se sienta tentado de pasar de la agremiación rural a la arena político partidaria.
Sin duda, es el principal desafío personal de quienes se vuelcan desde jóvenes al movimiento y en algún momento de su vida le es ofrecida la oportunidad. Mientras un político al frente de ciertos organismos técnicos podría ver las cosas, con gran complacencia de sus partidarios, como posición conquistada a favor de ellos, para el sector un representante suyo en esos organismos debe ser la seguridad de realización de sus ideas sobre, por ejemplo, comercio de carnes o defensa de la producción.
Por supuesto, si esas ideas no se cumplen, no se realizan o se tergiversan, el divorcio entre el productor y su representante debe producirse de inmediato y el control social debe ser público y permanente.
Respecto a la discusión que hoy en día ha tomado mucho vuelo sobre la conveniencia de conformar un polo electoral, debemos saber que para influir en el diseño de políticas públicas referidas al sector no hace falta conformar un partido agropecuario – entendido en forma tradicional, queda para el análisis futuro la posibilidad de recrear el modelo australiano - sino un espacio multipartidario de conciencia agropecuaria. Para ello, es suficiente fortalecer a los líderes del sector que surgidos del gremialismo rural acceden a la función pública o a la representación a través de alguna de las dos Cámaras del Poder Legislativo.
Finalmente, si consideramos que los actuales representantes no cumplen su función adecuadamente es el momento de ver la viga en el ojo propio, reflexionando hasta donde llega nuestro compromiso como productor para involucrarnos en la dirigencia del sector.
Sólo la participación conjunta del Estado y los productores, tanto a nivel local como regional, con una fuerte concientización de estos problemas, permitirá superarnos en el siglo XXI. Dejo para pensar hacía el futuro una frase tomada del libro “El ruralismo argentino” del destacado dirigente Nemesio de Olariaga: “Debe entenderse claramente que cuando el sector elogia la obra de un ministro o de un gobernador no hace oficialismo, ni cuando lo critica hace oposición. Controla siempre”.
y posee tanta vitalidad
que no lo detienen en su progreso
ni los mayores desaciertos de sus directores”Carta de José C. Paz, a Miguel Cané
Historia del gremialismo agropecuario
El gramialismo agropecuario atesora un profundo background histórico, que es necesario recuperar para comprender que los hechos del pasado 11 de marzo no son de generación espontanea, sino la culminación de un proceso de dos siglos de lucha de un sector que se cansó de ser el financiador del gasto público.
La protogénesis del movimiento ruralista la encontramos en la “Representación de los Hacendados”, escrita en 1809 por Mariano Moreno a pedido de los hombres de campo. Su título completo era “Representación que el apoderado de los hacendados de las campañas del Río de la Plata dirigió al Excelentísimo Señor Virrey Don Baltasar Hidalgo de Cisneros, en el expediente promovido sobre proporcionar ingresos al erario por medio de un franco comercio con la nación inglesa”, y el objetivo final era lograr que la Corona española permitiera el libre comercio en esta zona de sus colonias.
Como dato interesante apuntemos que Moreno se presentaba como “el apoderado de los labradores y hacendados de estas campañas de la banda oriental y occidental del Río de la Plata”, es decir, de los trabajadores y de los propietarios de lo que años más tarde serían las repúblicas de Uruguay y Argentina.
Sin embargo, las guerras civiles que asolaron la incipiente Nación, y luego la sangre fraterna derramada en los enfrentamientos entre unitarios y federales no permitieron consolidar el movimiento gremial agropecuario.
Una vez acallados los cañones de Caseros comenzaron a conformarse las primeras sociedades rurales en el interior de la provincia de Buenos Aires, siguiendo sus años fundacionales la misma línea que la expansión de la frontera agropecuaria iniciada por Adolfo Alsina y concluida por Julio Argentino Roca.
En tal sentido, la primer gremial nacional nació en 1866 ante la necesidad de congregar al sector para buscar la mejor forma de aprovechar los recursos naturales que la expansión de la civilización dejaba al alcance de todos. La Sociedad Rural Argentina, pues, se puso entre sus principales objetivos velar por el patrimonio agropecuario del país y fomentar su desarrollo, promover el arraigo y la estabilidad del hombre en el campo y el mejoramiento de la vida rural en todos sus aspectos, coadyuvar al perfeccionamiento de las técnicas, los métodos y los procedimientos aplicables a las tareas rurales y asumir la más eficaz defensa de los intereses agropecuarios.
Era el primer faro, pero la dinámica socio económica que llevó a la Argentina al camino del progreso trajo un nuevo actor social que no fue previsto por los fundadores de la más que centenaria entidad.
Así, los cambios operados en el país a partir de 1880 hubieran requerido algunos ajustes en su cosmovisión estratégica que, al no producise, generaron en algunos productores la necesidad de pensar ámbitos alternativos de representación.
A lo antedicho se sumó la famosa crisis de 1890. Una explicación sólo economicista para explicar el cambio que se produjo en el sector a partir de esta crisis sería dejar de lado su faceta más importante, aquella que abrevó en la formación de las bases del movimiento rural confederado.
El surgimiento de la Federación Agraria Argentina era por entonces sólo cuestión de tiempo. Fundada en 1912 agregó una nueva franja social al gremialismo agropecuario. El objeto básico fue defender los intereses de los productores agropecuarios frente a las acciones de los gobiernos y de otros sectores que atenten contra los derechos de aquellos, y su espada más afilada el derecho de los arrendatarios a la propiedad de la tierra.
Entrado el siglo XX, la crisis de 1923 recrudeció en su forma más violenta la clásica antinomia entre los criadores y los invernadores que se venía perfilando desde años atrás. En esa ocasión la Sociedad Rural Argentina, cuyos socios tenían la posibilidad de ser criadores e invernadores al mismo tiempo, no alzó la voz al volumen que lo requerían muchos pequeños productores cuya subsistencia dependía exclusivamente de la cría.
Siete años más tarde, el mayor colapso del capitalismo moderno aceleró la conformación de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa. En una de las primeras revistas de la entidad se puede leer: “La última crisis no por más sentida ha sido menos aleccionadora. Sus efectos fueron tan agudos en la economía del productor, que obligó a éste a la concentración y a la meditación. Un algo que en su espíritu albergaba desde la conmociones económicas de 1923, había de tomar forma concreta”.
Mientras tanto, la Sociedad Rural Argentina buscaba una posición intermedia, conciliadora con los intereses de los grandes capitales extranjeros, que le diera al nuevo movimiento que se estaba conformando un status sólo de “contralor” de las políticas económicas a ser implementadas. Por el contrario, las sociedades rurales del interior pedían la intervención directa de los productores en los asuntos que los tenían como parte en el desarrollo económico nacional.
Se dio inicio entonces a los célebres Congresos Rurales, que ayudaron a acercar ambas posiciones, logrando que los propios líderes agropecuarios tomaran conciencia que se trataba de matices dentro de un solo objetivo primigenio de fondo que, de ser dejados de lado en discusiones de forma, sería desvirtuado y eso perjudicaba a todo el sector.
Será el III Congreso donde Alejandro Foster apuró al resto del grupo: “Formemos la confederación, que la misma puede formarse con que sólo dos rurales deseen confederarse. Hace diez años que estamos diciendo que hay que organizarse y nunca lo hacemos, iniciemos de una vez esa organización de la que tanto se habla y nunca se hace”.
Nació así CARBAP en el invierno de 1932. Sus objetivos son impulsar y tutelar el desarrollo de la ganadería, agricultura e industrias afines de la provincia de Buenos Aires y el territorio de La Pampa; fomentar una estrecha solidaridad gremial entre los productores de la zona, propendiendo a la agremiación de todos; coordinar las fechas de las exposiciones rurales para evitar superposiciones y uniformar sus reglamentaciones; gestionar ante los poderes públicos y autoridades municipales, provinciales y nacionales todas aquellas medidas que sean necesarias para el mejoramiento de la producción agropecuaria; cooperar y asesorar los poderes públicos para la solución de los problemas del sector; orientar la producción agropecuaria hacia la mejor calidad.
Desde sus inicios la lucha gremial le dio éxitos y sinsabores. En enero de 1955, por la negativa de formar parte de la Federación Argentina de Ganadería – de neto corte oficialista y contrapuesto con la Ley de Carnes por entonces vigente – se le quitó su personería jurídica y se decidió su liquidación por decreto. En los meses que duró el conflicto se organizó la Confederación de Asociaciones Rurales de la Primera Zona, dejada sin efecto al momento de recuperar CARBAP su personería, restablecida en septiembre de 1955.
De la suma de CARBAP y otras confederaciones surgidas en las distintas regiones de la geografía argentina nació Confederaciones Rurales Argentinas en 1943 y trece años más tarde se fundó la última pata de la actual Comisión de Enlace, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria.
La unión de las gremiales también tiene sus antecedentes históricos. En 1958 se fundó la Comisión Coordinadora de Entidades Agropecuarias, que agrupaba en su interior a la SRA, a CRA, a entidades rurales independientes y a las entidades de cultivos intensivos.
Surgió para oponerse a la política de elevar el impuesto rural de Oscar Alende, Gobernador de la provincia de Buenos Aires, y para ellos organizó grandes asambleas en el interior, con las que logró revertir la política del gobernador. Duró casi dos décadas y fue el germen de la I Comisión de Enlace.
Fundada en 1970 en su seno se unieron SRA, CRA, FAA, CONINAGRO y la antedicha Comisión Coordinadora. En un multitudinario congreso presentó la “Declaración de las Entidades Agropecuarias del País al Gobierno Nacional y la Opinión Pública”, que fuera el basamento de la política agropecuaria de ese momento. Además, logró reimplantar el Ministerio de Agricultura y Ganadería entre 1970 y 1973, ejerciendo el mandato Antonio di Rocco, presidente de Federación Agraria.
Aquella Comisión se agrietó en 1971 cuando parte de ella rechazó el Gran Acuerdo Nacional y quedó sin efecto en 1973 cuando el espiral de violencia vivido en la Argentina llevó a cada una por su lado.
Esperamos que la nueva Comisión de Enlace, surgida en marzo de este año no sufra el mismo final. Para apoyar su accionar marcamos a continuación los aspectos relevantes que debe tener en cuenta para comprender las fuentes del poder.
Las gremiales
y las fuentes del poder
Lo primero que debemos hacer es definir la burocracia en sentido positivo. Esto es separar la burocracia de la política partidaria o “punteril”. En tal sentido, el gremialismo agropecuario debe anular la visión de actor pasivo ante lo estatal. Es fundamental pasar de la protesta a la propuesta para ayudar a que el sector público sea un actor competitivo, eficiente y comprometido con los intereses de la comunidad que representa.
Hay que perder la visión antropomórfica del Estado. No estamos ante una persona moral o inmoral. El Estado no inventa los males, aplicas recetas de políticas públicas. En tal sentido rescatamos la necesidad de afianzarse en el sector público a través del control de gestión y el posicionamiento en lugares burocráticos clave. En síntesis, el voto periódico debe ser complementado con otras instancias de participación que involucren al productor activamente en las decisiones del gobierno.
Cuando decimos control de gestión nos referimos a utilizar parte de nuestro tiempo en vigilar el respeto por las normas y procesos establecidos, así como a evaluar permanente de los resultados obtenidos por la implementación de una política.
Por su parte, posicionarnos en lugares clave implica no perder de vista el histórico reclamo por reinstaurar el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hoy el Secretario es un débil vocero del sector que en el ámbito interno no tiene capacidad de gestión y en el ámbito regional, por cuestiones de protocolo, está relegado a ocupar la segunda fila. Aunque parezca irracional hoy la Argentina es único país del Mercosur sin rango ministerial para el sector.
El productor debe conocer estos temas si quiere estar en condiciones de presentar a la sociedad, en forma coherente y comprensible, cuál es su modelo de desarrollo sustentable nacional y cómo puede colaborar para conseguir dicho objetivo.
El otro gran debate que debemos darnos en breve al interior de las entidades es si se deben aceptar o rehusar puestos públicos desde el gremialismo agropecuario. Personalmente creo que la respuesta está dada sólo por la prudencia y el espíritu de verdadero ruralismo que tenga el dirigente que se sienta tentado de pasar de la agremiación rural a la arena político partidaria.
Sin duda, es el principal desafío personal de quienes se vuelcan desde jóvenes al movimiento y en algún momento de su vida le es ofrecida la oportunidad. Mientras un político al frente de ciertos organismos técnicos podría ver las cosas, con gran complacencia de sus partidarios, como posición conquistada a favor de ellos, para el sector un representante suyo en esos organismos debe ser la seguridad de realización de sus ideas sobre, por ejemplo, comercio de carnes o defensa de la producción.
Por supuesto, si esas ideas no se cumplen, no se realizan o se tergiversan, el divorcio entre el productor y su representante debe producirse de inmediato y el control social debe ser público y permanente.
Respecto a la discusión que hoy en día ha tomado mucho vuelo sobre la conveniencia de conformar un polo electoral, debemos saber que para influir en el diseño de políticas públicas referidas al sector no hace falta conformar un partido agropecuario – entendido en forma tradicional, queda para el análisis futuro la posibilidad de recrear el modelo australiano - sino un espacio multipartidario de conciencia agropecuaria. Para ello, es suficiente fortalecer a los líderes del sector que surgidos del gremialismo rural acceden a la función pública o a la representación a través de alguna de las dos Cámaras del Poder Legislativo.
Finalmente, si consideramos que los actuales representantes no cumplen su función adecuadamente es el momento de ver la viga en el ojo propio, reflexionando hasta donde llega nuestro compromiso como productor para involucrarnos en la dirigencia del sector.
Sólo la participación conjunta del Estado y los productores, tanto a nivel local como regional, con una fuerte concientización de estos problemas, permitirá superarnos en el siglo XXI. Dejo para pensar hacía el futuro una frase tomada del libro “El ruralismo argentino” del destacado dirigente Nemesio de Olariaga: “Debe entenderse claramente que cuando el sector elogia la obra de un ministro o de un gobernador no hace oficialismo, ni cuando lo critica hace oposición. Controla siempre”.
Estado y economía en la Argentina de los años 30 ... ... La organización del régimen agrícola como antecedente del nacionalismo económico peronista.
Por Noemí M. Girbal-Balcha(Conicet-UNLP-UNQ)
"La política agraria del Poder Ejecutivo ha consistido fundamentalmente en dar carácter a los valores propios e inmanentes de la vida rural. En esta compleja tarea, renovadora en algunoscasos y sustancialmente transformadora en otros, no se ha olvidado ni la función económica queconstituye la entraña de la misma, ni la función social que gravita con fuerza irresistible en la estructura de la Nación."(Agustín P. Justo. Período 1932-1938, vol X)
"Del mismo modo que propugnamos el afincamiento del hombre de campo, procuramos que lapolítica agraria a desarrollar en el orden técnico tienda a la diversificación de los cultivos yde las explotaciones en grado tal que la campaña pueda, en el máximo límite posible, satisfacer sus propias necesidades".(Manual del Peronista, 1948, item 125)
1.- Planteo del tema:
La crisis estructural y orgánica de 1930 -que se vincula al "crac" internacional de 1929- asume para la Argentina características singulares derivadas del clima de ruptura del orden institucional, que hace posible que el Ejército ejerza el poder político. Sus efectos ponen fin al paradigma del crecimiento económico orientado hacia el exterior, que ya había mostrado indicios de desajuste en los años ´20. Al mismo tiempo, sus secuelas dejan al descubierto otras dificultades que se enlazan con la poca eficiencia de la dirigencia argentina para encontrar soluciones a los problemas socioeconómicos del país, y hacerlo dentro del sistema constitucional 1 . Los perfiles singulares y complejos de esta crisis no son sólo económicos. Esta es una crisis de legitimidad, de participación, de identidad, de distribución y de dependencia, que deteriora valores básicos de la sociedad (orden, propiedad, ahorro) y altera las mentalidades colectivas que avanzan desconcertadas, entre la vanguardia y la tradición. De ahí que se afirme -como lo hace Leopoldo Allub- que el golpe de estado del 6 de setiembre de 1930, es más una respuesta a la frustración de expectativas, que a una situación de "miseria profunda" o de mantenimiento del "statu quo".2 El Estado liberal entra en crisis y busca respuestas cada vez más adaptativas ante la nueva situación mundial; se aferra al bilateralismo en favor de Inglaterra (Pacto Roca-Runciman, 1933), las "oportunidades alternativas" como la industria concitan el interés oficial, con grupos económicos más diversificados y estrategias empresariales más cercanas al capital comercial o financiero que al productivo 3, sugiriendo cambios en las reglas de juego que encierran -al mismo tiempo- la pérdida de credibilidad o del "estado de confianza" -al que hace alusión John Keynes- y obligan a un replanteo de la discusión en las relaciones entre la sociedad y el Estado. Los grupos económicos no son ajenos a estos vaivenes, aunque los sectores dirigentes muestren frente a los desajustes del modelo, más preocupación por mantener el equilibrio de la situación que por transformarla.Ante estas condiciones, el Estado argentino -como ocurre en otras partes del mundo- reorienta su papel y emprende una búsqueda del equilibrio social y económico que resulte perdurable. La crisis golpea con especial dureza al sector agrario, que ya a fines de la década de 1920 se veía acosado por precios agrícolas internacionales en baja 4. Se retrasa su tasa de crecimiento, pierden importancia -en término de valores- las exportaciones y decrece la tasa de inversión. La industrialización por sustitución de importaciones -impulsada desde el gobierno nacional- resulta una alternativa de interés para trascender las consecuencias más negativas del momento. Para superar los efectos del fin del crecimiento hacia afuera, el Estado acentúa de manera específica su intervención en la economía y las finanzas argentinas, sin descuidar la preservación del control social 5.Este estudio histórico tiene por objeto analizar, en el contexto de ese intervencionismo estatal, las medidas que entre 1932 y 1943 se adoptan en cuanto a la organización económica del régimen agrícola, en momentos en que se hace imprescindible para el sector revisar la composición de la producción agropecuaria y el régimen de tenencia de la tierra. El propósito es explicar hasta qué punto esos cambios sirvieron de base a los principios sustanciales del nacionalismo económico que en la década siguiente liderará Juan Domingo Perón; es decir, exponer la relevancia de estas resoluciones para comprender y destacar las continuidades que -junto con los cambios que sin lugar a dudas existieron- también formarán parte de la "Nueva Argentina" proclamada por el discurso peronista.2.- El Estado intervencionista de los años ´30: En 1931, cuando es inocultable la depreciación de la moneda (un 40%) por la transferencia de capitales al exterior, se implanta en el país el control de cambios, que actúa selectivamente como un freno a las importaciones y genera el traslado de ingresos desde el sector agrícola al sector industrial que preferentemente emplea materia prima nacional. La agricultura y la ganadería disminuyen su participación en el ingreso nacional, que en 1926 era de un 27,5 % y en 1933 desciende al 25,8 %, en tanto la representación de la industria fabril aumenta de un 17,2 % a un 18,6 % en igual período. El sector industrial es líder en cuanto a tasa de crecimiento durante los años 1933-38. Contribuyen a esa expansión: la desvalorización de la moneda, el control de cambios, el repliegue del país sobre sí mismo como consecuencia de la crisis, y la política oficial. La recuperación de la depresión de los años ´30 es financiada por la transferencia de ingresos de los sectores rurales a los urbanos 6. El Estado acrecienta entonces su poder de iniciativa tanto en el orden social como en el económico-financiero.En 1933 se hace evidente la sostenida declinación en los precios de los cereales y el 28 de noviembre se crea la Junta Reguladora de Granos, destinada a tonificar el mercado agrícola. El objetivo -como el de otras Juntas similares: de carnes, del vino, de la yerba mate- es regular la comercialización de la producción, evitar ventas precipitadas ante la desvalorización de la moneda corriente, mantener el nivel interno de los precios en beneficio de los productores y fijar oficialmente las cotizaciones -tal como en otros países- para comprar a precios redituables para el productor y vender al exterior al precio vigente en el mercado mundial. El Estado subsidia una vez más al agro; pero ahora lo hace a través de una institución creada al efecto. Los productores se amparan en los alcances de esa política que los beneficia a pesar de la poco propicia situación internacional.Como complemento de esta medida se promueve la construcción de elevadores de granos para alentar el embarque a granel, se dispone la tipificación de cereales sobre standards y se organiza el crédito para los agricultores. De todos modos, cuando en 1934-35 los precios graneros mejoran, el motivo obedece a la prolongada sequía que afecta al Canadá y los Estados Unidos. Entre 1930-34 los productos agrícolas representan el 59,8 % del valor total de nuestras exportaciones y en 1935 la Argentina ocupa el primer lugar entre los exportadores de trigo.. El agro pampeano recibe los beneficios de estas buenas cotizaciones hasta 1937. Desde 1938 una nueva caída en los precios, reactiva el accionar de la Junta Reguladora de Granos.La crisis de los años ´30 también obliga a revisar el débil sistema bancario argentino y en1935 se lleva a cabo la reforma monetaria y bancaria. Se crean el Banco Central de la República Argentina (ley 12.155) con un capital mixto de 30 millones de m$n (10 millones suscriptos por el gobierno) destinado a ajustar la oferta de moneda a la demanda, y el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias (ley 12.157) para movilizar los activos fijos 7. La autoridad monetaria se propone entonces evitar fluctuaciones de la actividad económica interna originadas en las alteraciones del orden externo, como un mecanismo más de entre los que intentan evitar nuestra abierta dependencia de las crisis económicas mundiales. El peronismo habrá de consolidar y redefinir a la luz de su doctrina esta tendencia, a partir de la reforma financiera de 1946, que oficializa la banca y nacionaliza los depósitos y que -sin dudas- reconoce un antecedente directo en esta reforma bancaria de 1935. El estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939 acelera el proceso de industrialización por sustitución de importaciones iniciado en los albores del decenio y suma sus efectos a las propuestas de los elementos nacionalistas que actúan en el Ejército. La tendencia se acentúa con el golpe de estado del 4 de junio de 1943, cuyos líderes se proclaman decididos partidarios de la industrialización. El dislocamiento del comercio internacional, el asentamiento industrial (21% del PBI), la inflación de precios ante una política de sostén del poder de compra frente a un mercado recesivo en bienes disponibles -que se deriva de la conflagración- terminan por provocar, sin buscarlo, un aumento del ahorro interno con una balanza comercial positiva ante la reducción de las importaciones.Como ocurriera durante la crisis, los productos agrícolas son los más afectados por la Gran Guerra ante la falta de bodegas y la mejor situación de nuestros competidores en el mercado internacional (Canadá y los Estados Unidos). Al iniciarse la conflagración, el total de la superficie sembrada en la Argentina alcanza los 28.360.700 hectáreas, dedicadas en más de un 73 % a cereales; en 1945 el área queda reducida a 26.186.000 hectáreas, con un descenso en la superficie cerealera -afectada por sucesivas sequías- en beneficio de las forrajeras y como producto de la mejor situación de las carnes en el comercio de exportación argentino.8El Estado sostiene -una vez más- los precios de los granos, mientras los arrendatarios rurales denuncian a través de la Federación Agraria Argentina -ya desde 1936- violaciones a la Ley Contractual Agraria -reformada en 1932- por parte de los propietarios de tierras. El trigo requerido especialmente por los aliados, se transforma en el primer rubro de exportación. Brasil y España compran un alto porcentaje de este cereal. El deterioro en los precios agrícolas internos es detenido nuevamente por la intervención de la Junta Reguladora de Granos que reinicia las compras (especialmente de trigo). En el caso del maíz, el Estado auspicia su uso como combustible sustitutivo del carbón y como alimento de porcinos, para evitar la bancarrota de los productores. En tanto, la conflagración favorece la producción de semillas oleaginosas, se expande el cultivo del girasol y se alienta la difusión de la industria aceitera nacional. El fin de la guerra renueva las esperanzas del sector, que sólo recibirá un decidido impulso después de 1950, cuando se opere el proceso de tecnificación agraria que Adolfo Coscia denomina la "segunda revolución agrícola". 9No obstante, es preciso destacar que entre 1930 y 1945 -y no sólo con "la vuelta al campo" que propone el peronismo desde los años ´50- se preparan los cambios, que si bien son de ritmo desparejo en toda la región pampeana y más importantes en la zona maicera, indican sugerentes antecedentes de esa política económica nacionalista, que la historiografía asignara -en general- a etapas posteriores. Una fuerte despoblación del medio rural; una progresiva extinción del productor tradicional; una gradual urbanización del productor agrario; y la ampliación de la escala óptima de la empresa agrícola con el consiguiente proceso de concentración de la producción en una cantidad menor de explotaciones, encuentran ya en los años ´30, expresiones contundentes.Se originan nuevos reagrupamientos de los sectores agrarios. Nacen corporaciones diferenciadas que los representan. A las tradicionales Sociedad Rural Argentina (1866), la Bolsa de Cereales (nacida en 1854 como Sala de Comercio Once de Septiembre) y la Federación Agraria Argentina (1912) de la región pampeana pero con alcances nacionales, se suman ahora la CAP (1934, Corporación Argentina de Productores de Carnes) y los criadores nucleados en la CARBAP (1932), que en todos los casos se esfuerzan para aumentar sus márgenes de influencia en las gestiones efectuadas ante el Estado. La Argentina rural ante la diversificación productiva se corporativiza para conservar su importancia y ajustarse a las nuevas exigencias del mercado mundial.10La ganadería aunque sufre los efectos de la crisis de 1930 se recupera más rápidamente que la agricultura. Las carnes resultan un rubro significativo en el comercio exterior argentino. Su destino más importante -y casi exclusivo- es el Reino Unido; un comercio que es altamente dependiente de convenios bilaterales. Son los sectores ganaderos quienes -como lo hicieran en otras ocasiones y lo seguirán haciendo en períodos subsiguientes- se dirigen al Estado para pedir subsidio y protección para sus actividades. En este momento solicitan la creación de un organismo que represente sus intereses ante los vaivenes externos. Se crea en 1933 la Junta Nacional de Carnes, con oposición de los socialistas y apoyo decidido de la Concordancia y el Partido Demócrata Progresista. Este organismo autárquico que se propone ejercer el control del comercio de carnes, fijar normas de clasificación y tipificar el producto, revela un triunfo parcial de los ganaderos sobre los frigoríficos y reactiva los conflictos entre la Sociedad Rural Argentina y la CARBAP que exige una más amplia participación en la Junta. El conflicto ya no compromete sólo a criadores e invernadores, se traslada al sistema político, para que éste tome decisiones.11Los intereses de la industria ganadera argentina históricamente ligados a los del sector exportador que opera con el mercado de Smithfield en Gran Bretaña, expone su poder en momentos de las Conferencias de Ottawa de 1932. El Reino Unido fija restricciones a las cuotas de importación sobre productos cuyo origen no fuera el de los dominios británicos. Los ganaderos argentinos se sienten afectados, defraudados, y presionan al Estado nacional para afrontar la situación. Tienen temor de perder el mercado inglés, receptor de un 90 % de nuestras exportaciones de carnes. Los estancieros luchan para modificar la política comercial exterior de la Argentina, mientras los ingleses propician -y obtienen en 1933- el descongelamiento de fondos fijado por el control de cambios desde 1931.Después de seis meses de negociaciones, el Vicepresidente argentino Julio Roca (h) firma en Londres con el ministro de comercio británico Runciman, el 1 de mayo de 1933, el Tratado Roca-Runciman, impulsado por invernadores, frigoríficos y grandes criadores, en medio de la oposición parlamentaria y nacionalista. El convenio garantiza evitar restricciones en las importaciones de carne por debajo del 90 % correspondiente al año terminado el 30 de junio de 1932- año de compras bajas para las carnes argentinas en beneficio de las de procedencia australiana y neozelandesa-; un 85 % de las importaciones quedan en manos anglo-norteamericanas y un 15 % se reserva para la Corporación Argentina de Productores de Carnes. La reforma del control de cambios, asegura a Inglaterra divisas disponibles, cuando se fija una base doble de cambio: libre y oficial. Se resuelve no gravar con impuestos el carbón y otros productos de procedencia británica, al tiempo que se asegura un "trato benévolo" por parte de la Argentina a las inversiones británicas.12Amparándose en estas cláusulas, en 1934 el gobierno compra sobrevaluado el Ferrocarril Central Británico de Córdoba, en tanto se negocia con la Corporación de Transportes de Buenos Aires, el otorgamiento del monopolio de los servicios urbanos, tranviarios y ferroviarios a las compañías británicas; mientras se programa un plan de nacionalización de las inversiones británicas deficitarias en la Argentina, que culminará luego de la Guerra -a partir de 1947- con la compra de los ferrocarriles por parte del Estado peronista. A mediados de 1935 los alcances del tratado respecto del comercio de carnes, se discuten en el Congreso Nacional. La oposición más contundente en nombre de los criadores y pequeños y medianos ganaderos la encabeza el senador demócrataprogresista Lisandro de la Torre, quien enfrenta, con resultado adverso, la defensa que hace del tratado el Ministro de Agricultura y ganadero Luis Duhau.Entre 1933 y 1938 aumentan las exportaciones de carnes congeladas y en conserva, pero debido a las compras que hacen Alemania e Italia a nuestro país, en tanto crece el consumo interno y mejoran en calidad los novillos, cuya cría se expande en toda la pampa húmeda. El estallido de la Guerra Mundial en 1939 trae mejoras en la comercialización de carnes y los ganaderos argentinos se benefician con los precios elevados pagados por el producto. Cuando en la postguerra la coyuntura se modifique, la Junta Nacional de Carnes pasará a subsidiar a la actividad pecuaria. Una vez más, el Estado protege al poder agrario; en este caso, a los grandes ganaderos.Es hacia 1940 cuando en la dirigencia nacional comienza a cobrar cuerpo la necesidad de alentar "cambios estructurales", que comprendan el desarrollo del mercado interno. Un objetivo acerca del cual había llamado la atención, ya en la década de 1920, Alejandro Bunge y su grupo de colaboradores desde la Revista de Economía Argentina. Pero recién en los ´40 el asunto cobra relieve ante la manifiesta desaceleración del crecimiento. La diversificación de las fuentes más dinámicas de esa expansión se torna imprescindible. El Ministro de Hacienda Federico Pinedo, presenta entonces ante el Congreso de la Nación -para anticiparse a los temidos efectos de la conflagración- el Plan de Reactivación de la Economía Nacional. Plan pro-aliado, industrialista, considerado por Juan José Llach como el primer documento de Estado donde se intenta modificar parcialmente la estrategia de desarrollo económico vigente; con un objetivo principal: conciliar industrialización y economía abierta, fomentando el comercio con los Estados Unidos y creando un mercado de capitales. Alienta un programa de préstamos industriales, aumentar la construcción de viviendas, revisar las tarifas aduaneras y promover la adquisición por parte del gobierno de los saldos exportables agrícolas no colocados. En síntesis, propone mantener abierta la economía "oficializando" la industrialización, pero dejando claramente establecido que el agro sigue siendo "la gran rueda de la economía" y que la industria actuaría a la manera de engranaje secundario, cuyo funcionamiento sería activado sólo cuando aquélla tuviera dificultades.13La propuesta de Pinedo da cuenta de la creciente hegemonía de las posiciones industrialistas, de las dificultades por las que atraviesa el comercio internacional y de la necesidad de dinamizar la alicaída demanda interna. La acción estatal es vista como la única alternativa. El tránsito del intervencionismo al dirigismo estatal en la economía, avanza y se propone movilizar los recursos financieros a través del Banco Central. La falta de apoyo político hace naufragar el plan propuesto; "modernizante" pero tardío, con muchas cláusulas provisorias y sin contar con el respaldo de una amplia alianza socio-política.De todos modos, a través de su lectura queda al descubierto la importancia creciente que cobra el mercado interno para los empresarios, militares, obreros e intelectuales. "El Plan Pinedo de 1940 y la economía política mercadointernista del peronismo originario -dirá Juan José Llach- fueron dos momentos cultminantes del gran debate sobre el desarrollo económico nacional."14 Aunque a la Argentina le haya sido difícil lograr una estrategia de industrialización perdurable, entre 1940 y 1943 se dictan varias leyes de promoción industrial atendiendo a las exigencias del mercado interno. "La implantación del crédito industrial se ha hecho indispensable", se afirma en 1942 desde el Banco de la Nación, "pues, despertar la vocación industrial ha de constituir un excelente programa de gobierno." 15 Expresiones acabadas de ese interés son la creación, en 1943, del Banco de Crédito Industrial Argentino y en 1944 -con jerarquía ministerial- la Secretaría de Industria y Comercio.Frente a los cambios, los sectores agrarios vuelven a reorganizarse y el 24 de febrero de 1943 se funda Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Más allá de la frustración del Plan Pinedo, el país sigue esperando "la vuelta a la normalidad" y se apresta a ponderar en sus propuestas futuras al creciente mercado interno. Un mercadointernismo que el peronismo y su planificación procurarán llevar a su máxima expresión, pero que reconoce -como puede advertirse- antecedentes ponderables en la década de 1930.Un balance de los hechos ocurridos entre1930 y1943, muestra la vigencia de una política de contraste que se enlaza a la vulnerabiliad propia de una economía abierta como la argentina. Por un lado el propósito, alentado desde el poder, es restaurar la hegemonía agroexportadora, frente a un comercio mundial limitado. Por otro, se destaca la creciente importancia del sector industrial en medio de bajas tasas de inversión. En todo el período hay dos grandes sectores sociales ausentes, que son paradójicamente los más desarrollados merced a las nuevas condiciones económicas: la burguesía industrial -inconmovible frente al fracaso del Plan Pinedo y el predominio de los intereses del agro- y la clase obrera, que no se reconoce representada por ninguna de las fuerzas políticas actuantes en la Argentina de entonces. Estos son los sectores que están disponibles hacia 1943 y a los que Juan Domingo Perón habrá de atraer, hasta convertirlos en destinatarios principales de sus planes socioeconómicos.3.- El Estado intervencionista y el agro. Algunos ejemplos:3.1. La regulación de la producción agraria.Las secuelas de la crisis de 1929 y el ascenso a la Presidencia de la Nación de Agustín P. Justo en 1932, enmarcan la crítica y oscilante situación por la que pasan los sectores rurales en la Argentina, que habrán de recurrir ahora más que en otras ocasiones, al auxilio estatal para superar el trance. La expansión de la producción agraria requiere una estrategia diferente, frente a las dificultades externas y el crecimiento del mercado interno. La política agraria debe alentar la diversificación productiva, mayores rindes por hectárea y auspiciar un descenso en los costos de producción. En el régimen jurídico para la ganadería y la agricultura -especialmente las radicadas en la región pampeana- es donde con más precisión se advierte la preocupación de los sectores dirigentes argentinos por recomponer la economía agropecuaria, a pesar de la opción que alienta la industrialización por sustitución de importaciones. Basten como ejemplos: la promulgación en 1933 de la ley 11.747 que crea -sobre la base de la Comisión Nacional de Carnes de 1932- como entidad autónoma la Junta Nacional de Carnes, los decretos 31.884 que establece la Junta Reguladora de Granos y el 31.865 que fija precios básicos a los productos agrícolas; así como la ley 12.253 que crea la Comisión Nacional de Granos y Elevadores intervenida en 1944 y cuyos bienes serán expropiados en 1946.El contralor del comercio de carnes, la clasificación y tipificación del ganado y de las carnes, asesorar al Poder Ejecutivo, fijar las condiciones de transporte, acondicionamiento y exportación de los productos ganaderos, crear con la aprobación del Ejecutivo Nacional frigoríficos e instituciones comerciales e industriales necesarias en el mercado interno y externo "para la defensa de la ganadería nacional y abaratamiento para el consumo de los productos ganaderos" (art.5, inc.g), organizar en el exterior una propaganda de carácter comercial para mantener y ampliar mercados para nuestras carnes, fiscalizar el empleo de las bodegas utilizadas para el comercio de carnes y regular los embarques, son funciones principales de la Junta Nacional de Carnes que habrá de heredar en 1950 el Instituto Ganadero Argentino y desde 1952 el Instituto Nacional de Carnes.16La pérdida de la cosecha fina en 1932-33 en Entre Ríos, a causa de la sequía y la langosta, crea una delicada situación para estos productores. El Ejecutivo Nacional dispone el 2 de octubre de 1933, que el Banco de la Nación Argentina -por cuenta del Estado- conceda préstamos en semillas de trigo, lino y forraje, así como créditos especiales para la manutención de estos colonos; los cuales ascienden a $1.094.735 y benefician a 7.012 colonos (5.352 arrendatarios y 1.660 propietarios). Una medida que se reitera en 1936 por razones similares, no sólo para Entre Ríos, sino para La Pampa, Córdoba, Santa Fe, San Luis y Río Negro. En 1938 los colonos reciben por cuenta del gobierno préstamos del Banco de la Nación por m$n 11.379.999,02.17 Entre 1933 y 1939 ocho decretos de este tipo permiten el acuerdo de préstamos por m$n 26.545.255,47; habiéndose cancelado al 31 de diciembre de 1939 m$n 15.716.966,43 de ese total.18 En 1943, cuatro nuevos decretos refuerzan esta operatoria, no sólo para el área de los cereales sino para algodón y tabaco.19La creación de la Junta Reguladora de Granos en acuerdo general de ministros, bajo de presidencia del Ministro de Agricultura de la Nación , el 28 de setiembre de 1933, está destinada a comprar la producción granera del país con exclusivo destino a la exportación, a precios básicos superiores a los internacionales, para subsidiar a los productores frente a la desvalorización de la moneda corriente, los perniciosos efectos de la sequía y de la langosta20. Se propone "evitar la precipitación anormal de las ventas". Con tal propósito es que el Banco de la Nación Argentina -cuyas sucursales actúan en el interior en nombre de la Junta- adelanta a los vendedores el 80 % del precio estipulado del grano comprado por la Junta (art.5 ley 31.864/33). Como complemento de esta medida legal, el decreto 31.865/33, fija los precios básicos en $ 5,75, $4,40 y $ 11,50 (cada 100 kgs.) para el trigo, el maíz y el lino, respectivamente, sobre vagón en dársena, a los fines de los requerimientos de la Junta. Significaba "para los agricultores la seguridad de un precio mínimo que compensaba el costo de producción y les proporcionaba un margen de utilidad remunerador de sus esfuerzos"21. En 1935 la Junta reintegraba en forma total al Banco, los m$n 188.000.000 que había recibido desde 1933.22 La mejora en la situación internacional y con ella la de los precios de los granos, restringe las funciones de la Junta; pero por decreto del 14 de noviembre de 1938 el Ejecutivo restablece la funciones del organismo, cuando adeuda al Banco de la Nación m$n 44.764.600.23 Recién en diciembre de 1939 se incorpora al mercado de cereales y lino, para comprar a precios superiores a los del mercado la producción de granos. Con ayuda del mencionado Banco (m$n 602.443.000) financia entonces la adquisición de 8.125.567 ton. de trigo24, en tanto anuncia que el precio del maíz de la cosecha 1940-41 sería de $ 4,75, cuando el valor de mercado rondaba los $ 2,88. Los precios diferenciales establecidos anticipadamente por la Junta intentan dirigir la producción futura, pero en realidad la estadística muestra que la producción granífera se mantuvo más o menos constante en los años posteriores, una vez superados los efectos de la sequía de 1943.25 La consolidación de la deuda de la Junta Reguladora de Granos en el Banco de la Nación alcanza al 31 de diciembre de 1943 a m$n 869.730.993,26, en obligaciones amortizables al 5 % anual acumulativo y que devengará un interés del 2,75 %26. En 1946 sus funciones serán asumidas por el IAPI.3.2. La cuestión del almacenaje de granos y el tránsito rural.En 1932, el Presidente de la Nación sostiene que lo fundamental es "la situación del campo, eje de la riqueza y de la economía nacional"27. El Banco de la Nación Argentina - presidido por el ganadero Jorge A. Santamarina28- respalda con el crédito agrario la aseveración del Ejecutivo, y procede a elevar el margen de préstamo para esas operaciones; mientras una Comisión Central de Compras y Ventas colabora con la Junta Reguladora de Granos desde 1933.29El 7 de octubre de ese año -con el asesoramiento de técnicos británicos- una nueva legislación (ley 11.742) se dirige a auxiliar a los sectores rurales. El Estado autoriza con carácter de servicio público, la construcción de una red general de elevadores de campaña y terminales, para la limpieza, desecación, clasificación y almacenamiento de los granos e instalaciones de desgrane donde se considere conveniente, de modo de superar uno de los mayores inconvenientes con que tropezaba el accionar de la Junta30. La Dirección Nacional de Elevadores de Granos es quien tiene a su cargo administrar dicha red y fijar sus normas de funcionamiento, asegurar las instalaciones y los productos que reciban, arrendar los elevadores, autorizar la construcción de éstos, ya sean locales o terminales, "teniendo en cuenta los intereses de la zona y los generales, y siempre que funcionen como servicio público, sólo almacenen granos de terceros, cobren las tarifas de los elevadores oficiales" y se sometan a los reglamentos que la Dirección expida. El 5 de octubre de 1935, la ley 12.253 amplia los alcances de la de 1933 y crea la Comisión Nacional de Granos y Elevadores -que constituida el 4 de agosto de 1936, por primera vez será presidida por el ingeniero agrónomo Emilio Coni- funcionando como entidad autónoma e integrada por 5 miembros nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado (el Presidente y un vocal representan al gobierno nacional, 2 a las cooperativas agrícolas y asociaciones de productores agrarios y otro a los molineros). Son funciones primordiales de la Comisión, que en 1949 van a recaer en la Dirección Nacional de Granos y Elevadores: ejercer el contralor de las entidades intervinientes en el comercio interno y/o externo de granos, establecer las tipificaciones graníferas, fijar las condiciones que deben reunir los medios de transporte de estos productos, ejercer el contralor en los puertos de destino, organizar en el país y en exterior la propaganda respectiva, acordar certificaciones de los productos depositados, que los agricultores obtuvieran crédito de los bancos contra warrants emitidos por la Junta y fomentar la genética agrícola31. En noviembre de 1935 se llama a licitación para la construcción y equipamiento de 14 elevadores de granos. El Ministro de Agricultura Miguel Angel Cárcano afirma que esta legislación permitirá "mejorar la calidad de nuestra producción exportable y aumentar la posibilidad de conservar y extender los viejos mercados" y el Presidente Justo augura "nuevos rumbos al comercio argentino de granos".32El régimen de tránsito rural, como complemento de las medidas citadas, también preocupa al Estado. Así queda estipulado el 30 de setiembre de 1932 al crearse la Dirección Nacional de Vialidad (ley 11.658) y un sistema troncal de caminos nacionales en todo el territorio de la República, dando preferencia a la construcción de los ramales a los puertos, el acceso a las estaciones ferroviarias y los que unan las provincias y territorios nacionales. Prevee, además, un sistema de ayuda federal a las provincias destinada a la construcción de caminos de acuerdo con las condiciones que esta ley establece y que, sin dudas, es otra forma de incentivar la producción agraria.333.3. Los arrendamientos rurales.El régimen legal de arrendamientos rurales basado en la ley 11.170 de 1921 es derogado el 8 de octubre de 1932 por la ley 11.627 que reorganiza el sistema, suprimiendo una de las cláusulas más conflictivas de la ley del ´21: el máximo de 300 hectáreas para quedar comprendido dentro de los beneficios legales. La nueva ley se dicta cuando los arrendatarios y sus familias, los pequeños productores y trabajadores sin tierra nutren el caudal migratorio del campo a la ciudad. Fija el plazo de los contratos en 5 años, dejando expresamente excluidos "los contratos con fines exclusivos de pastoreo a breve término". Los contratos deben celebrarse por escrito en el registro de un escribano o ante el juez de paz local. Otorga valor nulo a las cláusulas que obliguen a vender los productos al dueño del campo o a una determinada persona, asegurar de modo especial la producción, la contratación de determinada persona para las tareas inherentes al cultivo de que se trate y a proveerse de máquinas, bolsas, materiales de construcción, ropa o artículos alimenticios en determinada casa de comercio, institución o empresa. También el locatario debe guardar ciertas normas: dedicar el suelo a la explotación establecida en el contrato, así como mantener y conservar los alambrados y demás mejoras existentes en el terreno en buen estado34. La reforma es importante y procura aliviar las tensiones rurales entre propietarios y arrendatarios.En 1935 es el Banco de la Nación Argentina quien, a través de su presidente insiste en la importancia del crédito agrario para la subdivisión de la tierra, en parcelas accesibles al productor, mediante el préstamo hipotecario y la protección del crédito habilitador en sus distintas formas; pero también -retomando prácticas tradicionales- cree que "es indispensable realizar una tarea educativa y crear una conciencia agraria para promover el acercamiento permanente del trabajador de la tierra con el Banco.35". En 1939, cuando los productos agrícolas ven descender sus posibilidades de exportación ante las restricciones que impone la coyuntura externa, el Ministro de Agricultura de la Nación, ingeniero y empresario azucarero José Padilla, reconoce ante una concentración agraria realizada en Bell Ville (Córdoba) que reunió a más de 12.000 agricultores convocados por la Federación Agraria Argentina, que el estancamiento de la producción y del número de unidades agrícolas de trabajo directo es una realidad tangible en el país. Sostiene -anticipándose a la concepción peronista- que "la tierra no es un bien de renta ni una mercancía"36. Es por esta razón que durante el gobierno del Presidente Castillo, se dicta un decreto tendiente a reajustar los arrendamientos, que a pesar de su anunciado carácter temporal conservará larga vigencia.A partir de 1940, la nueva legislación y la complejidad de las relaciones sociales agrarias, determinan una vez más la necesidad de fijar las condiciones de arriendo por contrato escrito. En 1942, la ley 12.771 (que aunque de emergencia se mantuvo hasta 1967) reduce obligatoriamente el monto en dinero y/o en especie de los arrendamientos y suspende los desalojos, para evitar éxodos masivos de la población rural, disminuir la conflictividad en el campo y preservar el aparato productivo agrícola frente a las contingencias generadas por el conflicto mundial. Es la primera ley en el país que limita la renta por la locación del suelo y la llamada "libre contratación"; siendo también vanguardista en cuanto a la limitación del derecho de propiedad, a causa de un imperativo social37. La creación, por decreto del 14 de marzo de 1942, de la División de Arrendamientos y Aparcerías Rurales, para conocer el funcionamiento del sistema de arrendamientos y brindar "soluciones armónicas y permanentes"38 a los conflictos entre propietarios y arrendatarios, da idea de la envergadura que el asunto tiene para el Estado. El número de contratos celebrados ante los Juzgados de Paz aumenta desde entonces considerablemente.39La sanción del decreto 14.001 de noviembre de 1943, que establece la rebaja obligatoria de un 20 % del precio de los arrendamientos agrícolas derogando los reajustes de la ley 12.771 de 1942, prorroga los contratos y suspende los juicios de desalojo por vencimiento de contratos. Contempla además la creación de un Consejo Consultivo paritario, comienza a exigir mayores especificaciones en los contratos, tales como: nombres de las partes contratantes, ubicación del predio objeto de locación, estación más próxima y distancia en kms., destino de la explotación, extensión del predio (hectáreas, áreas, centiáreas), mejoras existentes y estado de conservación de las mismas, precio del arrendamiento por hectárea y forma de pago, porcentaje de pastoreo en los arrendamientos en especie, domicilio del locador y del locatario.40Los arrendatarios reciben con beneplácito la medida que amortigua la crítica situación financiera por la que pasan. La Federación Agraria Argentina reconoce que "los agricultores consideran a este decreto como una etapa precursora de más grandes acontecimientos que únicamente pueden derivar de una verdadera reforma agraria"41. Es preciso destacar entonces que datan de 1943 las dos medidas compulsivas para los propietarios y arrendadores: el reajuste y congelación de los arrendamientos y las aparcerías, y la suspensión de los desalojos, que servirán de base a los planes de transformación agraria posteriores. Varios decretos de 1945, 1946 y especialmente en setiembre de 1948, el peronismo reajustará -sobre bases similares- las cláusulas de esta legislación, al promulgar la ley 13.246. 423.4. El fomento a las cooperativas.En 1935, el Presidente del Banco de la Nación Argentina -Jorge A. Santamarina- se refiere a la importancia del crédito rural, que desde 1911 la entidad procura organizar y que recién concreta en 1933 la ley 11.684, como "parte de un cuerpo de leyes destinadas a fijar una orientación moderna a la política agraria argentina"43. Los préstamos se orientan entonces no sólo a la compra de inmuebles rurales, sino al fomento de las cooperativas agrarias. En octubre de 1934 el Banco crea una Inspección General de Cooperativas y otorga a estas entidades dos tipos de préstamos : 1) a sola firma hasta una suma que no supere el capital realizado; y 2) para recolección y comercialización hasta una suma 2 veces mayor del límite fijado para los anteriores. En ese año las cooperativas agrarias reciben del Banco créditos por m$n 5.534.600 y en 1937 por m$n 8.596.043. 44"El fenómeno económico social que es la cooperación ha sido encauzado por el actual Poder Ejecutivo", sostiene el Presidente Justo durante su gestión de gobierno45.
"Del mismo modo que propugnamos el afincamiento del hombre de campo, procuramos que lapolítica agraria a desarrollar en el orden técnico tienda a la diversificación de los cultivos yde las explotaciones en grado tal que la campaña pueda, en el máximo límite posible, satisfacer sus propias necesidades".(Manual del Peronista, 1948, item 125)
1.- Planteo del tema:
La crisis estructural y orgánica de 1930 -que se vincula al "crac" internacional de 1929- asume para la Argentina características singulares derivadas del clima de ruptura del orden institucional, que hace posible que el Ejército ejerza el poder político. Sus efectos ponen fin al paradigma del crecimiento económico orientado hacia el exterior, que ya había mostrado indicios de desajuste en los años ´20. Al mismo tiempo, sus secuelas dejan al descubierto otras dificultades que se enlazan con la poca eficiencia de la dirigencia argentina para encontrar soluciones a los problemas socioeconómicos del país, y hacerlo dentro del sistema constitucional 1 . Los perfiles singulares y complejos de esta crisis no son sólo económicos. Esta es una crisis de legitimidad, de participación, de identidad, de distribución y de dependencia, que deteriora valores básicos de la sociedad (orden, propiedad, ahorro) y altera las mentalidades colectivas que avanzan desconcertadas, entre la vanguardia y la tradición. De ahí que se afirme -como lo hace Leopoldo Allub- que el golpe de estado del 6 de setiembre de 1930, es más una respuesta a la frustración de expectativas, que a una situación de "miseria profunda" o de mantenimiento del "statu quo".2 El Estado liberal entra en crisis y busca respuestas cada vez más adaptativas ante la nueva situación mundial; se aferra al bilateralismo en favor de Inglaterra (Pacto Roca-Runciman, 1933), las "oportunidades alternativas" como la industria concitan el interés oficial, con grupos económicos más diversificados y estrategias empresariales más cercanas al capital comercial o financiero que al productivo 3, sugiriendo cambios en las reglas de juego que encierran -al mismo tiempo- la pérdida de credibilidad o del "estado de confianza" -al que hace alusión John Keynes- y obligan a un replanteo de la discusión en las relaciones entre la sociedad y el Estado. Los grupos económicos no son ajenos a estos vaivenes, aunque los sectores dirigentes muestren frente a los desajustes del modelo, más preocupación por mantener el equilibrio de la situación que por transformarla.Ante estas condiciones, el Estado argentino -como ocurre en otras partes del mundo- reorienta su papel y emprende una búsqueda del equilibrio social y económico que resulte perdurable. La crisis golpea con especial dureza al sector agrario, que ya a fines de la década de 1920 se veía acosado por precios agrícolas internacionales en baja 4. Se retrasa su tasa de crecimiento, pierden importancia -en término de valores- las exportaciones y decrece la tasa de inversión. La industrialización por sustitución de importaciones -impulsada desde el gobierno nacional- resulta una alternativa de interés para trascender las consecuencias más negativas del momento. Para superar los efectos del fin del crecimiento hacia afuera, el Estado acentúa de manera específica su intervención en la economía y las finanzas argentinas, sin descuidar la preservación del control social 5.Este estudio histórico tiene por objeto analizar, en el contexto de ese intervencionismo estatal, las medidas que entre 1932 y 1943 se adoptan en cuanto a la organización económica del régimen agrícola, en momentos en que se hace imprescindible para el sector revisar la composición de la producción agropecuaria y el régimen de tenencia de la tierra. El propósito es explicar hasta qué punto esos cambios sirvieron de base a los principios sustanciales del nacionalismo económico que en la década siguiente liderará Juan Domingo Perón; es decir, exponer la relevancia de estas resoluciones para comprender y destacar las continuidades que -junto con los cambios que sin lugar a dudas existieron- también formarán parte de la "Nueva Argentina" proclamada por el discurso peronista.2.- El Estado intervencionista de los años ´30: En 1931, cuando es inocultable la depreciación de la moneda (un 40%) por la transferencia de capitales al exterior, se implanta en el país el control de cambios, que actúa selectivamente como un freno a las importaciones y genera el traslado de ingresos desde el sector agrícola al sector industrial que preferentemente emplea materia prima nacional. La agricultura y la ganadería disminuyen su participación en el ingreso nacional, que en 1926 era de un 27,5 % y en 1933 desciende al 25,8 %, en tanto la representación de la industria fabril aumenta de un 17,2 % a un 18,6 % en igual período. El sector industrial es líder en cuanto a tasa de crecimiento durante los años 1933-38. Contribuyen a esa expansión: la desvalorización de la moneda, el control de cambios, el repliegue del país sobre sí mismo como consecuencia de la crisis, y la política oficial. La recuperación de la depresión de los años ´30 es financiada por la transferencia de ingresos de los sectores rurales a los urbanos 6. El Estado acrecienta entonces su poder de iniciativa tanto en el orden social como en el económico-financiero.En 1933 se hace evidente la sostenida declinación en los precios de los cereales y el 28 de noviembre se crea la Junta Reguladora de Granos, destinada a tonificar el mercado agrícola. El objetivo -como el de otras Juntas similares: de carnes, del vino, de la yerba mate- es regular la comercialización de la producción, evitar ventas precipitadas ante la desvalorización de la moneda corriente, mantener el nivel interno de los precios en beneficio de los productores y fijar oficialmente las cotizaciones -tal como en otros países- para comprar a precios redituables para el productor y vender al exterior al precio vigente en el mercado mundial. El Estado subsidia una vez más al agro; pero ahora lo hace a través de una institución creada al efecto. Los productores se amparan en los alcances de esa política que los beneficia a pesar de la poco propicia situación internacional.Como complemento de esta medida se promueve la construcción de elevadores de granos para alentar el embarque a granel, se dispone la tipificación de cereales sobre standards y se organiza el crédito para los agricultores. De todos modos, cuando en 1934-35 los precios graneros mejoran, el motivo obedece a la prolongada sequía que afecta al Canadá y los Estados Unidos. Entre 1930-34 los productos agrícolas representan el 59,8 % del valor total de nuestras exportaciones y en 1935 la Argentina ocupa el primer lugar entre los exportadores de trigo.. El agro pampeano recibe los beneficios de estas buenas cotizaciones hasta 1937. Desde 1938 una nueva caída en los precios, reactiva el accionar de la Junta Reguladora de Granos.La crisis de los años ´30 también obliga a revisar el débil sistema bancario argentino y en1935 se lleva a cabo la reforma monetaria y bancaria. Se crean el Banco Central de la República Argentina (ley 12.155) con un capital mixto de 30 millones de m$n (10 millones suscriptos por el gobierno) destinado a ajustar la oferta de moneda a la demanda, y el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias (ley 12.157) para movilizar los activos fijos 7. La autoridad monetaria se propone entonces evitar fluctuaciones de la actividad económica interna originadas en las alteraciones del orden externo, como un mecanismo más de entre los que intentan evitar nuestra abierta dependencia de las crisis económicas mundiales. El peronismo habrá de consolidar y redefinir a la luz de su doctrina esta tendencia, a partir de la reforma financiera de 1946, que oficializa la banca y nacionaliza los depósitos y que -sin dudas- reconoce un antecedente directo en esta reforma bancaria de 1935. El estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939 acelera el proceso de industrialización por sustitución de importaciones iniciado en los albores del decenio y suma sus efectos a las propuestas de los elementos nacionalistas que actúan en el Ejército. La tendencia se acentúa con el golpe de estado del 4 de junio de 1943, cuyos líderes se proclaman decididos partidarios de la industrialización. El dislocamiento del comercio internacional, el asentamiento industrial (21% del PBI), la inflación de precios ante una política de sostén del poder de compra frente a un mercado recesivo en bienes disponibles -que se deriva de la conflagración- terminan por provocar, sin buscarlo, un aumento del ahorro interno con una balanza comercial positiva ante la reducción de las importaciones.Como ocurriera durante la crisis, los productos agrícolas son los más afectados por la Gran Guerra ante la falta de bodegas y la mejor situación de nuestros competidores en el mercado internacional (Canadá y los Estados Unidos). Al iniciarse la conflagración, el total de la superficie sembrada en la Argentina alcanza los 28.360.700 hectáreas, dedicadas en más de un 73 % a cereales; en 1945 el área queda reducida a 26.186.000 hectáreas, con un descenso en la superficie cerealera -afectada por sucesivas sequías- en beneficio de las forrajeras y como producto de la mejor situación de las carnes en el comercio de exportación argentino.8El Estado sostiene -una vez más- los precios de los granos, mientras los arrendatarios rurales denuncian a través de la Federación Agraria Argentina -ya desde 1936- violaciones a la Ley Contractual Agraria -reformada en 1932- por parte de los propietarios de tierras. El trigo requerido especialmente por los aliados, se transforma en el primer rubro de exportación. Brasil y España compran un alto porcentaje de este cereal. El deterioro en los precios agrícolas internos es detenido nuevamente por la intervención de la Junta Reguladora de Granos que reinicia las compras (especialmente de trigo). En el caso del maíz, el Estado auspicia su uso como combustible sustitutivo del carbón y como alimento de porcinos, para evitar la bancarrota de los productores. En tanto, la conflagración favorece la producción de semillas oleaginosas, se expande el cultivo del girasol y se alienta la difusión de la industria aceitera nacional. El fin de la guerra renueva las esperanzas del sector, que sólo recibirá un decidido impulso después de 1950, cuando se opere el proceso de tecnificación agraria que Adolfo Coscia denomina la "segunda revolución agrícola". 9No obstante, es preciso destacar que entre 1930 y 1945 -y no sólo con "la vuelta al campo" que propone el peronismo desde los años ´50- se preparan los cambios, que si bien son de ritmo desparejo en toda la región pampeana y más importantes en la zona maicera, indican sugerentes antecedentes de esa política económica nacionalista, que la historiografía asignara -en general- a etapas posteriores. Una fuerte despoblación del medio rural; una progresiva extinción del productor tradicional; una gradual urbanización del productor agrario; y la ampliación de la escala óptima de la empresa agrícola con el consiguiente proceso de concentración de la producción en una cantidad menor de explotaciones, encuentran ya en los años ´30, expresiones contundentes.Se originan nuevos reagrupamientos de los sectores agrarios. Nacen corporaciones diferenciadas que los representan. A las tradicionales Sociedad Rural Argentina (1866), la Bolsa de Cereales (nacida en 1854 como Sala de Comercio Once de Septiembre) y la Federación Agraria Argentina (1912) de la región pampeana pero con alcances nacionales, se suman ahora la CAP (1934, Corporación Argentina de Productores de Carnes) y los criadores nucleados en la CARBAP (1932), que en todos los casos se esfuerzan para aumentar sus márgenes de influencia en las gestiones efectuadas ante el Estado. La Argentina rural ante la diversificación productiva se corporativiza para conservar su importancia y ajustarse a las nuevas exigencias del mercado mundial.10La ganadería aunque sufre los efectos de la crisis de 1930 se recupera más rápidamente que la agricultura. Las carnes resultan un rubro significativo en el comercio exterior argentino. Su destino más importante -y casi exclusivo- es el Reino Unido; un comercio que es altamente dependiente de convenios bilaterales. Son los sectores ganaderos quienes -como lo hicieran en otras ocasiones y lo seguirán haciendo en períodos subsiguientes- se dirigen al Estado para pedir subsidio y protección para sus actividades. En este momento solicitan la creación de un organismo que represente sus intereses ante los vaivenes externos. Se crea en 1933 la Junta Nacional de Carnes, con oposición de los socialistas y apoyo decidido de la Concordancia y el Partido Demócrata Progresista. Este organismo autárquico que se propone ejercer el control del comercio de carnes, fijar normas de clasificación y tipificar el producto, revela un triunfo parcial de los ganaderos sobre los frigoríficos y reactiva los conflictos entre la Sociedad Rural Argentina y la CARBAP que exige una más amplia participación en la Junta. El conflicto ya no compromete sólo a criadores e invernadores, se traslada al sistema político, para que éste tome decisiones.11Los intereses de la industria ganadera argentina históricamente ligados a los del sector exportador que opera con el mercado de Smithfield en Gran Bretaña, expone su poder en momentos de las Conferencias de Ottawa de 1932. El Reino Unido fija restricciones a las cuotas de importación sobre productos cuyo origen no fuera el de los dominios británicos. Los ganaderos argentinos se sienten afectados, defraudados, y presionan al Estado nacional para afrontar la situación. Tienen temor de perder el mercado inglés, receptor de un 90 % de nuestras exportaciones de carnes. Los estancieros luchan para modificar la política comercial exterior de la Argentina, mientras los ingleses propician -y obtienen en 1933- el descongelamiento de fondos fijado por el control de cambios desde 1931.Después de seis meses de negociaciones, el Vicepresidente argentino Julio Roca (h) firma en Londres con el ministro de comercio británico Runciman, el 1 de mayo de 1933, el Tratado Roca-Runciman, impulsado por invernadores, frigoríficos y grandes criadores, en medio de la oposición parlamentaria y nacionalista. El convenio garantiza evitar restricciones en las importaciones de carne por debajo del 90 % correspondiente al año terminado el 30 de junio de 1932- año de compras bajas para las carnes argentinas en beneficio de las de procedencia australiana y neozelandesa-; un 85 % de las importaciones quedan en manos anglo-norteamericanas y un 15 % se reserva para la Corporación Argentina de Productores de Carnes. La reforma del control de cambios, asegura a Inglaterra divisas disponibles, cuando se fija una base doble de cambio: libre y oficial. Se resuelve no gravar con impuestos el carbón y otros productos de procedencia británica, al tiempo que se asegura un "trato benévolo" por parte de la Argentina a las inversiones británicas.12Amparándose en estas cláusulas, en 1934 el gobierno compra sobrevaluado el Ferrocarril Central Británico de Córdoba, en tanto se negocia con la Corporación de Transportes de Buenos Aires, el otorgamiento del monopolio de los servicios urbanos, tranviarios y ferroviarios a las compañías británicas; mientras se programa un plan de nacionalización de las inversiones británicas deficitarias en la Argentina, que culminará luego de la Guerra -a partir de 1947- con la compra de los ferrocarriles por parte del Estado peronista. A mediados de 1935 los alcances del tratado respecto del comercio de carnes, se discuten en el Congreso Nacional. La oposición más contundente en nombre de los criadores y pequeños y medianos ganaderos la encabeza el senador demócrataprogresista Lisandro de la Torre, quien enfrenta, con resultado adverso, la defensa que hace del tratado el Ministro de Agricultura y ganadero Luis Duhau.Entre 1933 y 1938 aumentan las exportaciones de carnes congeladas y en conserva, pero debido a las compras que hacen Alemania e Italia a nuestro país, en tanto crece el consumo interno y mejoran en calidad los novillos, cuya cría se expande en toda la pampa húmeda. El estallido de la Guerra Mundial en 1939 trae mejoras en la comercialización de carnes y los ganaderos argentinos se benefician con los precios elevados pagados por el producto. Cuando en la postguerra la coyuntura se modifique, la Junta Nacional de Carnes pasará a subsidiar a la actividad pecuaria. Una vez más, el Estado protege al poder agrario; en este caso, a los grandes ganaderos.Es hacia 1940 cuando en la dirigencia nacional comienza a cobrar cuerpo la necesidad de alentar "cambios estructurales", que comprendan el desarrollo del mercado interno. Un objetivo acerca del cual había llamado la atención, ya en la década de 1920, Alejandro Bunge y su grupo de colaboradores desde la Revista de Economía Argentina. Pero recién en los ´40 el asunto cobra relieve ante la manifiesta desaceleración del crecimiento. La diversificación de las fuentes más dinámicas de esa expansión se torna imprescindible. El Ministro de Hacienda Federico Pinedo, presenta entonces ante el Congreso de la Nación -para anticiparse a los temidos efectos de la conflagración- el Plan de Reactivación de la Economía Nacional. Plan pro-aliado, industrialista, considerado por Juan José Llach como el primer documento de Estado donde se intenta modificar parcialmente la estrategia de desarrollo económico vigente; con un objetivo principal: conciliar industrialización y economía abierta, fomentando el comercio con los Estados Unidos y creando un mercado de capitales. Alienta un programa de préstamos industriales, aumentar la construcción de viviendas, revisar las tarifas aduaneras y promover la adquisición por parte del gobierno de los saldos exportables agrícolas no colocados. En síntesis, propone mantener abierta la economía "oficializando" la industrialización, pero dejando claramente establecido que el agro sigue siendo "la gran rueda de la economía" y que la industria actuaría a la manera de engranaje secundario, cuyo funcionamiento sería activado sólo cuando aquélla tuviera dificultades.13La propuesta de Pinedo da cuenta de la creciente hegemonía de las posiciones industrialistas, de las dificultades por las que atraviesa el comercio internacional y de la necesidad de dinamizar la alicaída demanda interna. La acción estatal es vista como la única alternativa. El tránsito del intervencionismo al dirigismo estatal en la economía, avanza y se propone movilizar los recursos financieros a través del Banco Central. La falta de apoyo político hace naufragar el plan propuesto; "modernizante" pero tardío, con muchas cláusulas provisorias y sin contar con el respaldo de una amplia alianza socio-política.De todos modos, a través de su lectura queda al descubierto la importancia creciente que cobra el mercado interno para los empresarios, militares, obreros e intelectuales. "El Plan Pinedo de 1940 y la economía política mercadointernista del peronismo originario -dirá Juan José Llach- fueron dos momentos cultminantes del gran debate sobre el desarrollo económico nacional."14 Aunque a la Argentina le haya sido difícil lograr una estrategia de industrialización perdurable, entre 1940 y 1943 se dictan varias leyes de promoción industrial atendiendo a las exigencias del mercado interno. "La implantación del crédito industrial se ha hecho indispensable", se afirma en 1942 desde el Banco de la Nación, "pues, despertar la vocación industrial ha de constituir un excelente programa de gobierno." 15 Expresiones acabadas de ese interés son la creación, en 1943, del Banco de Crédito Industrial Argentino y en 1944 -con jerarquía ministerial- la Secretaría de Industria y Comercio.Frente a los cambios, los sectores agrarios vuelven a reorganizarse y el 24 de febrero de 1943 se funda Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Más allá de la frustración del Plan Pinedo, el país sigue esperando "la vuelta a la normalidad" y se apresta a ponderar en sus propuestas futuras al creciente mercado interno. Un mercadointernismo que el peronismo y su planificación procurarán llevar a su máxima expresión, pero que reconoce -como puede advertirse- antecedentes ponderables en la década de 1930.Un balance de los hechos ocurridos entre1930 y1943, muestra la vigencia de una política de contraste que se enlaza a la vulnerabiliad propia de una economía abierta como la argentina. Por un lado el propósito, alentado desde el poder, es restaurar la hegemonía agroexportadora, frente a un comercio mundial limitado. Por otro, se destaca la creciente importancia del sector industrial en medio de bajas tasas de inversión. En todo el período hay dos grandes sectores sociales ausentes, que son paradójicamente los más desarrollados merced a las nuevas condiciones económicas: la burguesía industrial -inconmovible frente al fracaso del Plan Pinedo y el predominio de los intereses del agro- y la clase obrera, que no se reconoce representada por ninguna de las fuerzas políticas actuantes en la Argentina de entonces. Estos son los sectores que están disponibles hacia 1943 y a los que Juan Domingo Perón habrá de atraer, hasta convertirlos en destinatarios principales de sus planes socioeconómicos.3.- El Estado intervencionista y el agro. Algunos ejemplos:3.1. La regulación de la producción agraria.Las secuelas de la crisis de 1929 y el ascenso a la Presidencia de la Nación de Agustín P. Justo en 1932, enmarcan la crítica y oscilante situación por la que pasan los sectores rurales en la Argentina, que habrán de recurrir ahora más que en otras ocasiones, al auxilio estatal para superar el trance. La expansión de la producción agraria requiere una estrategia diferente, frente a las dificultades externas y el crecimiento del mercado interno. La política agraria debe alentar la diversificación productiva, mayores rindes por hectárea y auspiciar un descenso en los costos de producción. En el régimen jurídico para la ganadería y la agricultura -especialmente las radicadas en la región pampeana- es donde con más precisión se advierte la preocupación de los sectores dirigentes argentinos por recomponer la economía agropecuaria, a pesar de la opción que alienta la industrialización por sustitución de importaciones. Basten como ejemplos: la promulgación en 1933 de la ley 11.747 que crea -sobre la base de la Comisión Nacional de Carnes de 1932- como entidad autónoma la Junta Nacional de Carnes, los decretos 31.884 que establece la Junta Reguladora de Granos y el 31.865 que fija precios básicos a los productos agrícolas; así como la ley 12.253 que crea la Comisión Nacional de Granos y Elevadores intervenida en 1944 y cuyos bienes serán expropiados en 1946.El contralor del comercio de carnes, la clasificación y tipificación del ganado y de las carnes, asesorar al Poder Ejecutivo, fijar las condiciones de transporte, acondicionamiento y exportación de los productos ganaderos, crear con la aprobación del Ejecutivo Nacional frigoríficos e instituciones comerciales e industriales necesarias en el mercado interno y externo "para la defensa de la ganadería nacional y abaratamiento para el consumo de los productos ganaderos" (art.5, inc.g), organizar en el exterior una propaganda de carácter comercial para mantener y ampliar mercados para nuestras carnes, fiscalizar el empleo de las bodegas utilizadas para el comercio de carnes y regular los embarques, son funciones principales de la Junta Nacional de Carnes que habrá de heredar en 1950 el Instituto Ganadero Argentino y desde 1952 el Instituto Nacional de Carnes.16La pérdida de la cosecha fina en 1932-33 en Entre Ríos, a causa de la sequía y la langosta, crea una delicada situación para estos productores. El Ejecutivo Nacional dispone el 2 de octubre de 1933, que el Banco de la Nación Argentina -por cuenta del Estado- conceda préstamos en semillas de trigo, lino y forraje, así como créditos especiales para la manutención de estos colonos; los cuales ascienden a $1.094.735 y benefician a 7.012 colonos (5.352 arrendatarios y 1.660 propietarios). Una medida que se reitera en 1936 por razones similares, no sólo para Entre Ríos, sino para La Pampa, Córdoba, Santa Fe, San Luis y Río Negro. En 1938 los colonos reciben por cuenta del gobierno préstamos del Banco de la Nación por m$n 11.379.999,02.17 Entre 1933 y 1939 ocho decretos de este tipo permiten el acuerdo de préstamos por m$n 26.545.255,47; habiéndose cancelado al 31 de diciembre de 1939 m$n 15.716.966,43 de ese total.18 En 1943, cuatro nuevos decretos refuerzan esta operatoria, no sólo para el área de los cereales sino para algodón y tabaco.19La creación de la Junta Reguladora de Granos en acuerdo general de ministros, bajo de presidencia del Ministro de Agricultura de la Nación , el 28 de setiembre de 1933, está destinada a comprar la producción granera del país con exclusivo destino a la exportación, a precios básicos superiores a los internacionales, para subsidiar a los productores frente a la desvalorización de la moneda corriente, los perniciosos efectos de la sequía y de la langosta20. Se propone "evitar la precipitación anormal de las ventas". Con tal propósito es que el Banco de la Nación Argentina -cuyas sucursales actúan en el interior en nombre de la Junta- adelanta a los vendedores el 80 % del precio estipulado del grano comprado por la Junta (art.5 ley 31.864/33). Como complemento de esta medida legal, el decreto 31.865/33, fija los precios básicos en $ 5,75, $4,40 y $ 11,50 (cada 100 kgs.) para el trigo, el maíz y el lino, respectivamente, sobre vagón en dársena, a los fines de los requerimientos de la Junta. Significaba "para los agricultores la seguridad de un precio mínimo que compensaba el costo de producción y les proporcionaba un margen de utilidad remunerador de sus esfuerzos"21. En 1935 la Junta reintegraba en forma total al Banco, los m$n 188.000.000 que había recibido desde 1933.22 La mejora en la situación internacional y con ella la de los precios de los granos, restringe las funciones de la Junta; pero por decreto del 14 de noviembre de 1938 el Ejecutivo restablece la funciones del organismo, cuando adeuda al Banco de la Nación m$n 44.764.600.23 Recién en diciembre de 1939 se incorpora al mercado de cereales y lino, para comprar a precios superiores a los del mercado la producción de granos. Con ayuda del mencionado Banco (m$n 602.443.000) financia entonces la adquisición de 8.125.567 ton. de trigo24, en tanto anuncia que el precio del maíz de la cosecha 1940-41 sería de $ 4,75, cuando el valor de mercado rondaba los $ 2,88. Los precios diferenciales establecidos anticipadamente por la Junta intentan dirigir la producción futura, pero en realidad la estadística muestra que la producción granífera se mantuvo más o menos constante en los años posteriores, una vez superados los efectos de la sequía de 1943.25 La consolidación de la deuda de la Junta Reguladora de Granos en el Banco de la Nación alcanza al 31 de diciembre de 1943 a m$n 869.730.993,26, en obligaciones amortizables al 5 % anual acumulativo y que devengará un interés del 2,75 %26. En 1946 sus funciones serán asumidas por el IAPI.3.2. La cuestión del almacenaje de granos y el tránsito rural.En 1932, el Presidente de la Nación sostiene que lo fundamental es "la situación del campo, eje de la riqueza y de la economía nacional"27. El Banco de la Nación Argentina - presidido por el ganadero Jorge A. Santamarina28- respalda con el crédito agrario la aseveración del Ejecutivo, y procede a elevar el margen de préstamo para esas operaciones; mientras una Comisión Central de Compras y Ventas colabora con la Junta Reguladora de Granos desde 1933.29El 7 de octubre de ese año -con el asesoramiento de técnicos británicos- una nueva legislación (ley 11.742) se dirige a auxiliar a los sectores rurales. El Estado autoriza con carácter de servicio público, la construcción de una red general de elevadores de campaña y terminales, para la limpieza, desecación, clasificación y almacenamiento de los granos e instalaciones de desgrane donde se considere conveniente, de modo de superar uno de los mayores inconvenientes con que tropezaba el accionar de la Junta30. La Dirección Nacional de Elevadores de Granos es quien tiene a su cargo administrar dicha red y fijar sus normas de funcionamiento, asegurar las instalaciones y los productos que reciban, arrendar los elevadores, autorizar la construcción de éstos, ya sean locales o terminales, "teniendo en cuenta los intereses de la zona y los generales, y siempre que funcionen como servicio público, sólo almacenen granos de terceros, cobren las tarifas de los elevadores oficiales" y se sometan a los reglamentos que la Dirección expida. El 5 de octubre de 1935, la ley 12.253 amplia los alcances de la de 1933 y crea la Comisión Nacional de Granos y Elevadores -que constituida el 4 de agosto de 1936, por primera vez será presidida por el ingeniero agrónomo Emilio Coni- funcionando como entidad autónoma e integrada por 5 miembros nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado (el Presidente y un vocal representan al gobierno nacional, 2 a las cooperativas agrícolas y asociaciones de productores agrarios y otro a los molineros). Son funciones primordiales de la Comisión, que en 1949 van a recaer en la Dirección Nacional de Granos y Elevadores: ejercer el contralor de las entidades intervinientes en el comercio interno y/o externo de granos, establecer las tipificaciones graníferas, fijar las condiciones que deben reunir los medios de transporte de estos productos, ejercer el contralor en los puertos de destino, organizar en el país y en exterior la propaganda respectiva, acordar certificaciones de los productos depositados, que los agricultores obtuvieran crédito de los bancos contra warrants emitidos por la Junta y fomentar la genética agrícola31. En noviembre de 1935 se llama a licitación para la construcción y equipamiento de 14 elevadores de granos. El Ministro de Agricultura Miguel Angel Cárcano afirma que esta legislación permitirá "mejorar la calidad de nuestra producción exportable y aumentar la posibilidad de conservar y extender los viejos mercados" y el Presidente Justo augura "nuevos rumbos al comercio argentino de granos".32El régimen de tránsito rural, como complemento de las medidas citadas, también preocupa al Estado. Así queda estipulado el 30 de setiembre de 1932 al crearse la Dirección Nacional de Vialidad (ley 11.658) y un sistema troncal de caminos nacionales en todo el territorio de la República, dando preferencia a la construcción de los ramales a los puertos, el acceso a las estaciones ferroviarias y los que unan las provincias y territorios nacionales. Prevee, además, un sistema de ayuda federal a las provincias destinada a la construcción de caminos de acuerdo con las condiciones que esta ley establece y que, sin dudas, es otra forma de incentivar la producción agraria.333.3. Los arrendamientos rurales.El régimen legal de arrendamientos rurales basado en la ley 11.170 de 1921 es derogado el 8 de octubre de 1932 por la ley 11.627 que reorganiza el sistema, suprimiendo una de las cláusulas más conflictivas de la ley del ´21: el máximo de 300 hectáreas para quedar comprendido dentro de los beneficios legales. La nueva ley se dicta cuando los arrendatarios y sus familias, los pequeños productores y trabajadores sin tierra nutren el caudal migratorio del campo a la ciudad. Fija el plazo de los contratos en 5 años, dejando expresamente excluidos "los contratos con fines exclusivos de pastoreo a breve término". Los contratos deben celebrarse por escrito en el registro de un escribano o ante el juez de paz local. Otorga valor nulo a las cláusulas que obliguen a vender los productos al dueño del campo o a una determinada persona, asegurar de modo especial la producción, la contratación de determinada persona para las tareas inherentes al cultivo de que se trate y a proveerse de máquinas, bolsas, materiales de construcción, ropa o artículos alimenticios en determinada casa de comercio, institución o empresa. También el locatario debe guardar ciertas normas: dedicar el suelo a la explotación establecida en el contrato, así como mantener y conservar los alambrados y demás mejoras existentes en el terreno en buen estado34. La reforma es importante y procura aliviar las tensiones rurales entre propietarios y arrendatarios.En 1935 es el Banco de la Nación Argentina quien, a través de su presidente insiste en la importancia del crédito agrario para la subdivisión de la tierra, en parcelas accesibles al productor, mediante el préstamo hipotecario y la protección del crédito habilitador en sus distintas formas; pero también -retomando prácticas tradicionales- cree que "es indispensable realizar una tarea educativa y crear una conciencia agraria para promover el acercamiento permanente del trabajador de la tierra con el Banco.35". En 1939, cuando los productos agrícolas ven descender sus posibilidades de exportación ante las restricciones que impone la coyuntura externa, el Ministro de Agricultura de la Nación, ingeniero y empresario azucarero José Padilla, reconoce ante una concentración agraria realizada en Bell Ville (Córdoba) que reunió a más de 12.000 agricultores convocados por la Federación Agraria Argentina, que el estancamiento de la producción y del número de unidades agrícolas de trabajo directo es una realidad tangible en el país. Sostiene -anticipándose a la concepción peronista- que "la tierra no es un bien de renta ni una mercancía"36. Es por esta razón que durante el gobierno del Presidente Castillo, se dicta un decreto tendiente a reajustar los arrendamientos, que a pesar de su anunciado carácter temporal conservará larga vigencia.A partir de 1940, la nueva legislación y la complejidad de las relaciones sociales agrarias, determinan una vez más la necesidad de fijar las condiciones de arriendo por contrato escrito. En 1942, la ley 12.771 (que aunque de emergencia se mantuvo hasta 1967) reduce obligatoriamente el monto en dinero y/o en especie de los arrendamientos y suspende los desalojos, para evitar éxodos masivos de la población rural, disminuir la conflictividad en el campo y preservar el aparato productivo agrícola frente a las contingencias generadas por el conflicto mundial. Es la primera ley en el país que limita la renta por la locación del suelo y la llamada "libre contratación"; siendo también vanguardista en cuanto a la limitación del derecho de propiedad, a causa de un imperativo social37. La creación, por decreto del 14 de marzo de 1942, de la División de Arrendamientos y Aparcerías Rurales, para conocer el funcionamiento del sistema de arrendamientos y brindar "soluciones armónicas y permanentes"38 a los conflictos entre propietarios y arrendatarios, da idea de la envergadura que el asunto tiene para el Estado. El número de contratos celebrados ante los Juzgados de Paz aumenta desde entonces considerablemente.39La sanción del decreto 14.001 de noviembre de 1943, que establece la rebaja obligatoria de un 20 % del precio de los arrendamientos agrícolas derogando los reajustes de la ley 12.771 de 1942, prorroga los contratos y suspende los juicios de desalojo por vencimiento de contratos. Contempla además la creación de un Consejo Consultivo paritario, comienza a exigir mayores especificaciones en los contratos, tales como: nombres de las partes contratantes, ubicación del predio objeto de locación, estación más próxima y distancia en kms., destino de la explotación, extensión del predio (hectáreas, áreas, centiáreas), mejoras existentes y estado de conservación de las mismas, precio del arrendamiento por hectárea y forma de pago, porcentaje de pastoreo en los arrendamientos en especie, domicilio del locador y del locatario.40Los arrendatarios reciben con beneplácito la medida que amortigua la crítica situación financiera por la que pasan. La Federación Agraria Argentina reconoce que "los agricultores consideran a este decreto como una etapa precursora de más grandes acontecimientos que únicamente pueden derivar de una verdadera reforma agraria"41. Es preciso destacar entonces que datan de 1943 las dos medidas compulsivas para los propietarios y arrendadores: el reajuste y congelación de los arrendamientos y las aparcerías, y la suspensión de los desalojos, que servirán de base a los planes de transformación agraria posteriores. Varios decretos de 1945, 1946 y especialmente en setiembre de 1948, el peronismo reajustará -sobre bases similares- las cláusulas de esta legislación, al promulgar la ley 13.246. 423.4. El fomento a las cooperativas.En 1935, el Presidente del Banco de la Nación Argentina -Jorge A. Santamarina- se refiere a la importancia del crédito rural, que desde 1911 la entidad procura organizar y que recién concreta en 1933 la ley 11.684, como "parte de un cuerpo de leyes destinadas a fijar una orientación moderna a la política agraria argentina"43. Los préstamos se orientan entonces no sólo a la compra de inmuebles rurales, sino al fomento de las cooperativas agrarias. En octubre de 1934 el Banco crea una Inspección General de Cooperativas y otorga a estas entidades dos tipos de préstamos : 1) a sola firma hasta una suma que no supere el capital realizado; y 2) para recolección y comercialización hasta una suma 2 veces mayor del límite fijado para los anteriores. En ese año las cooperativas agrarias reciben del Banco créditos por m$n 5.534.600 y en 1937 por m$n 8.596.043. 44"El fenómeno económico social que es la cooperación ha sido encauzado por el actual Poder Ejecutivo", sostiene el Presidente Justo durante su gestión de gobierno45.
En 1939 el Banco de la Nación destaca que el crédito agrario otorgado por la ley 11.684 sigue en ascenso y que se estudia la posibilidad de implantar nuevas operatorias con el objeto de que el productor rural diversifique los cultivos para defender su estabilidad económica. En tanto, se auspicia para los ganaderos una línea de crédito que les permita mejorar los rodeos, la adquisición de reproductores finos y el refinamiento de los campos de pastoreo. Respecto del crédito a las cooperativas agrarias, el Banco declara que desde la vigencia de la ley de 1933 hasta fines de 1939 se acuerdan 8.069 créditos por valor de m$n 32.372.132, con ese fín.46Conforme a la ley de crédito agrario, se crean -a fines de la década de 1930- las cajas regionales de préstamos y ahorros, para modernizar el crédito rural y llegar a los sectores de más modestos recursos de regiones lejanas, para concretar -dirá el Banco de la Nación- "una política de verdadero cooperativismo agrario". La entidad complementa esta medida en agosto de 1940 al organizar la sección de seguro agrícola mutual contra los riesgos de la sequía, la helada y el granizo.47En 1941 132 cooperativas están vinculadas al Banco de la Nación Argentina; de ellas un centenar está comprendido en la ley 11.684; Buenos Aires, Chaco, Córdoba y Santa Fe, son los principales centros de radicación de las mismas y reciben -sólo en ese año- unos 5.800 préstamos por más de m$n 10.500.000, con un interés preferencial de entre el 4,5% y el 5 %.48 En 1942 los montos prestados a las cooperativas agrarias se sostienen de modo constante y en materia de crédito agrario, el Banco crea dos nuevas líneas de préstamo para alentar la explotación mixta y el fomento granjero; en un intento por corregir los desequilibrios interregionales del país. En 1943, 205 cooperativas reciben del banco de la nación 22.465 préstamos por valor de m$n 22.405.542, de los cuales un 60 % apoyan a las cooperativas agrarias (ley 11.684).49 También el peronismo, especialmente después de 1950, alentará el cooperativismo con métodos similares, para lograr una reducción contundente en los costos de intermediación, en un clima de inflación creciente que preocupará al Estado nacional y popular liderado por Perón.3.5. Defensa sanitaria, colonización agrícola y la creación del Consejo Agrario Nacional.El nivel técnico de la explotación agrícola y su mejoramiento, es prioridad para la gestión del Ejecutivo Nacional a partir de 1932. La defensa sanitaria de la producción agrícola es una de las preocupaciones del Presidente Justo, quien en 1938 promulga la ley 12.566 de lucha contra la garrapata. Año en que junto con su Ministro de Agricultura Miguel A. Cárcano, suscribe, en febrero, el decreto 125.431, modificado por el 16.238 y reglamentado por resolución ministerial 3.436 de noviembre de ese año que firma el Presidente Roberto Ortiz, estableciéndose por primera vez normas oficiales para la tipificación de las harinas de trigo de producción argentina, por tipos y calidad, con el propósito de dar garantías al sector en defensa de sus legítimos intereses.50"Ha llegado el momento de realizar una nueva etapa en el reparto de la tierra fiscal. Comencemos a distribuirla con cuidado, pero sin mezquindad", afirma Agustín P. Justo, mientras su Ministro de Agricultura dice a los ganaderos de Esquel que "el país necesita propietarios". Acompañando estos mensajes, en setiembre de 1935 el Banco de la Nación comienza a aplicar el crédito hipotecario conforme a la ley 11.684. Desde entonces hasta 1939 acuerda 5.943 préstamos por valor de m$n 86.525.506, gravando 956.594 hects.51 En 1942 el crédito agrario de este tipo totaliza los m$n 334.467.000 y al año siguiente m$n 343.824.000.52En 1936, se forma la Comisión Nacional de Colonización y un decreto del Ejecutivo en junio de 1937, dispone "que en la adjudicación de las tierras agrícolas y pastoriles se preferirá a los pobladores que tengan constituida una familia". Por entonces y para dar consistencia al discurso, el Banco de la Nación Argentina da cumplimiento a los decretos del Ejecutivo Nacional: 17.255, 30.974, 77.114 y 105.631, acordando préstamos preferenciales a los colonos; siendo sus principales beneficiarios los de Entre Ríos y el Chaco. El saldo de estos préstamos alcanza en 1936 a m$n 6.697.000 y en 1937 a m$n 5.423.000; mientras la activa propaganda bancaria a favor de la operatoria de crédito agrario (ley 11.684) muestra colocaciones en 1936 por un valor de m$n 88.797.000 y en 1937 por m$n 164.326.000, que benefician primordialmente a la producción yerbatera de Misiones, algodonales del Chaco y productores de lana de Santa Cruz. El destino principal de los mismos se aplica a la venta de productos y mejoras de los inmuebles rurales. Los arrendatarios reciben -en 1937- la mitad del importe total destinado a los propietarios.53
El 2 de setiembre de 1940 se sanciona la ley de colonización nacional que incorpora a la legislación argentina la concepción de que la tierra tiene una función social, al establecer en su artículo 1º que "la propiedad de la tierra queda sujeta a las limitaciones y restricciones que se determinen en esta Ley de acuerdo al interés colectivo"; y que -por otra parte- habrá de enmarcar gran parte de la política agraria del peronismo. El legislador socialista Alfredo Palacios es quien destaca al tratarse el proyecto en el Senado Nacional, que se está ante "un nuevo concepto de propiedad del suelo"54. Por esta ley se crea el Consejo Agrario Nacional y se estipulan los fondos para su funcionamiento, se definen los inmuebles destinados a colonización granjera, ejidal y privada, las causales y condiciones del derecho de expropiación, la organización de las explotaciones y normas de cultivo y el asesoramiento agrario al productor.55 Es esta ley 12.636 la que rige las condiciones de colonización nacional desde entonces y hasta 1955, con un propósito esencial: ejecutar "un plan agrario destinado a poblar el interior del país, a racionalizar las explotaciones rurales, a subdividir la tierra, estabilizar la población rural sobre la base de la propiedad de la misma y a llevar mayor bienestar a los trabajadores agrarios".56 Los inmuebles para colonización son: las tierras fiscales aptas, las que el Consejo adquiera o sean expropiadas con el objeto que indica esta ley, las de dominio privado, provincial o municipal que sean ofrecidas para ajustarse a ella; siempre que estas tierras sean aptas para explotación y no se encuentren ubicadas a más de 30 km. de una estación de ferrocarril o a más de 400 km. de mercados interiores o de puertos de embarque.El Consejo Agrario Nacional -principal organismo colonizador del Estado- es creado para hacer posible la aplicación de esta ley (art.2). Se instala con sede en la Capital Federal y jurisdicción en todo el país; compuesto por 5 miembros (2 representantes del Poder Ejecutivo, 1 por el Banco de la Nación Argentina y el Hipotecario Nacional, 1 en representación de las cooperativas agrícolas y el otro por los consejos agrarios locales). Entre sus amplios deberes y funciones merecen destacarse: el estudio de planes de constitución de propiedades rurales en todo el país, convenir con los bancos oficiales e instituciones autárquicas del Estado la incorporación a este régimen de los inmuebles de su propiedad, adquirir inmuebles en remates judiciales o del Banco Hipotecario Nacional o bancos provinciales, organizar la campaña para aumentar la población rural del país, estudiar las condiciones laborales de los asalariados de la agricultura, fomentar el cooperativismo, colaborar en la educación rural, promover la aplicación del seguro agrícola mutuo u oficial en las colonias que administre y elevar al Congreso por intermedio del Ejecutivo Nacional, la memoria descriptiva de la actividad desempeñada57. La Federación Agraria Argentina hará de este organismo el centro de sus reclamos para activar la colonización que la ley 12.636 prometía y que por ley 14.959 de 1946 su aplicación e incorporación del Consejo Agrario Nacional quedan a cargo del Banco de la Nación Argentina.
4.- Reflexiones finales:La historiografía argentina ha insistido en el papel estratégico jugado por el agro para la concreción de los fines del Primer Plan Quinquenal de 1947 y en la redistribución del ingreso a favor de la pequeña y mediana industria que produce para el mercado interno58. La producción rural se erige en sustento de esa política -a través del accionar del Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI)-, al derivar los ingresos que éste retiene hacia el crédito oficial que se dirige a promover al sector industrial, en el marco de la reforma financiera de 1946 que lo hace posible.Sobre estas bases, los estudios históricos dedicados al tema se empeñaron entonces en señalar los cambios que, sin dudas, el nacionalismo económico argentino de mediados de los años ´40 trajo consigo; pero poco se detuvieron en el análisis de las continuidades, que también fueron tenidas en cuenta por el Estado planificador, dirigista y popular liderado por Juan Domingo Perón, para asegurar los perfiles de la Argentina agroexportadora. Si en 1948 el Estado peronista se refería a la necesidad de colocar las finanzas al servicio de la economía y ésta al servicio de la sociedad como una responsabilidad del poder público; la Comisión Honoraria Asesora del Gobierno Nacional para el Estudio de los Problemas Financieros constituida en 1943, ya sostenía que "la política financiera del Estado no puede desvincularse de su política económica", porque -añadía- "el Estado es ahora un socio en el proceso de la producción, por lo que, en su estímulo y fomento se conjugan, tanto su función eminente de promover el bienestar general, como su interés exclusivamente fiscal"59. En 1943, Cosme Massini Ezcurra presidente del Banco de la Nación Argentina, destaca las ventajas del decreto 6825 del 26 de agosto de 1943, que crea el sistema de crédito industrial a partir de los recursos que aporte el Estado mediante un Fondo Especial, y se refiere "tanto al campo de la economía como a las cuestiones de orden social, ya que ponerlo en cumplimiento importa la creación de fuentes de trabajo a cargo de la actividad privada".60Las medidas legislativas adoptadas desde la década de 1930 que -al decir del Presidente Justo- obedecen a "la necesidad de crear un plan regulador" 61 para subsanar los inconvenientes del agro; y, especialmente, las de los inicios de los años ´40, apuntalan y subsidian -con matices diversos- la economía agraria argentina, marcando algunos rasgos que van a persistir con el arribo del peronismo al poder. Aun el fortalecimiento del mercado interno es notorio en los años ´30. El consumo local de carne -por ejemplo- aumentó, a consecuencia de la mejora en el nivel de vida, de 136.000 toneladas en 1933 a 223.000 toneladas en 1937.62Los asuntos abordados en este estudio llaman la atención -sin desconocer los cambios- sobre las continuidades de algunos rasgos esenciales de la política agraria argentina, que superan las advertencias del seductor y sugerente discurso populista del gobierno liderado por Juan D. Perón, con el propósito de distinguir mitos y realidades de su política económica 63. El análisis de las resoluciones adoptadas por el Estado nacional intervencionista entre 1930 y 1943, acerca de la regulación en la comercialización de la producción rural, el fomento del cooperativismo agrario, los préstamos especiales para agricultores y ganaderos por cuenta del Estado -que entre 1935 y 1943 obligaron a promulgar 24 decretos y la ley 12.635-64 , el sistema de colonización y -fundamentalmente- en materia de régimen de arrendamientos y aparcerías rurales, que adelantan los conceptos acerca de la función social de la propiedad de la tierra, a los que el peronismo promoverá a través de un discurso maniqueísta que confronta pueblo vs. oligarquía, son los ejemplos utilizados para confrontar la hipótesis central aquí propuesta. Sin lugar a dudas son estas medidas las que agudizan las expectativas dentro del sector rural. Tanto propietarios como arrendatarios esperan -a partir de los principios que ellas consagran- definiciones en materia de política agraria. Será el Presidente Juan Perón el que deba responder a ellas, profundizándolas o continuando en medio de una ambigüedad que fuera capaz de permitirle controlar el frágil equilibrio del poder.Aún en términos del discurso, algunos rasgos singulares indican -más allá del estilo personal que cada mandatario imprima a los mensajes que procura transmitir a la sociedad- las semejanzas, que parte de la legislación confirma. La restauración del espíritu nacionalista a través de la enseñanza pública, el temor a la inmigración de posguerra, "la proyección nacionalista en el hogar extranjero", "la prevención del proselitismo extremista", "los planes de restauración nacionalista del Gobierno", a los que hace referencia el Presidente Agustín Justo 65, adquieren en el discurso de Juan Domingo Perón un perfil similar y un sentido casi idéntico en el mensaje que pretende transmitir a la sociedad que gobierna, más allá de la seducción y la singularidad del lenguaje populista que envuelve sus propuestas. Se advierte cuando se refiere -por ejemplo- a la necesidad de estimular "la cordial armonía entre todos los participantes del trabajo rural -productores y obreros- bases esenciales de la economía agraria" 66, al propiciar "tacto y discreción en pro de los elevados y patrióticos objetivos perseguidos por el Superior Gobierno Nacional" 67, al proponer que "el Estado debe robstecer el hogar, la escuela y el trabajo, por ser los grandes modeladores del carácter" y al declarar al peronismo como "eminentemente antimarxista. Nuestra doctrina social es doctrina social cristiana", dirá el Presidente Perón al referirse a la doctrina que sustenta su gestión. 68
Notas
1 ARTURO O´CONNELL, "La Argentina en la Depresión: los problemas de una economía abierta", Desarrollo Económico 92, Buenos Aires, IDES, enero-marzo 1984, pp. 479-514.2 ANGEL BAHAMONDE MAGRO, "Aspectos económicos de la crisis de 1929", Siglo XX. Historia Universal 12, Madrid, Grupo 16, s/f, pp. 7-42. GIRBAL de BLACHA, Noemí M., "La Argenrina en crisis (1890, 1929, 1989). Raíces históricas", Boletín de la Academia Nacional de la Historia vol. LXII-LXIII, Buenos Aires, Academia nacional de la Historia, 1994, pp. 151-184. LEOPOLDO ALLUB, "Estado y sociedad civil: patrón de emergencia y desarrollo del estado argentino (1810-1930)", WALDO ANSALDI y JOSE LUIS MORENO, Estado y sociedad en el pensamiento nacional, Buenos Aires, Cántaro, 1989, pp. 109-157. PETER WALDMANN, El peronismo 1943-1955, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1981, pp. 24-45. 3 DONNA J.GUY, "La industria argentina, 1870-1940. Legislación comercial, mercado de acciones y capitalización extranjera", Desarrollo Económico 87, Buenos Aires, IDES, octubre-diciembre 1982, pp. 351-374. JORGE SCHVARZER, La industria que supimos conseguir. Una historia político-social de la industria argentina, Buenos Aires, Planeta, 1996, pp. 153-186.4 NOEMI M. GIRBAL-BLACHA, Ayer y hoy de la Argentina rural. Gritos y susurros del poder económico (1880-1997), Buenos Aires, REUN/Página 12, 1998, pp. 39-51.5 NOEMI M. GIRBAL de BLACHA, Historia del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Gestión del doctor Arturo Jauretche (1946-1950), Buenos Aires, Ediciones del banco de la Provincia de Buenos Aires, 1993, pp. 11-22.6 GRACIELA MALGESINI, "¿Subsidio o sustracción? El control de cambios y los productores cerealeros en los años ´30", Anuario IEHS 1, Tandil, Instituto de estudios Histórico-Sociales, UniCen, 1986, pp. 121-155.7 ALDO ARNAUDO, Cincuenta años de política financiera argentina (1934-1983), Buenos Aires, El Ateneo, 1987, pp. 15-48. 8 COMITE NACIONAL DE GEOGRAFIA, Anuario geográfico argentino, Buenos Aires, 1941, pp. 203-204. 9 ADOLFO COSCIA, Segunda revolución agrícola en la región pampeana, Buenos Aires, CADIA, 1983.10 SILVIA B. LAZZARO, "El impuesto al latifundio en la provincia de Buenos Aires durante la década de 1940, Primeras iniciativas", Estudios de Historia Rural 7, La Plata, 1991.11 Desarrollo del tema en: PETER SMITH, Carne y política en la Argentina, Buenos Aires, Paidós, 1983 (primera reimpresión).12 Ibídem.13 "El Plan de Reactivación Económica ante el Honorable Senado", Desarrollo Económico 75, Buenos Aires, IDES, octubre-diciembre de 1979, pp. 403-426. JUAN JOSE LLACH, "El Plan Pinedo de 1940, su significado histórico y los orígenes de la economía política del peronismo", Desarrollo Económico 92, Buenos Aires, IDES, enero-marzo de 1984, pp.515-558.14 LLACH, "El Plan ... op. cit., p. 551.15 BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Memoria y balance general del ejercicio correspondiente a 1942, Buenos Aires, Fabril Financiera, 1943, pp. 11-12.16 ALFREDO M. BARRY, Leyes agrarias, t.2, Buenos Aires, Editorial Plus Ultra, 1968, pp. 136-146..17 REPUBLICA ARGENTINA. PODER EJECUTIVO NACIONAL, Período 1932-1938. Presidente de la Nación, Agustín P. Justo, Buenos Aires, Editorial Kraft, 1937, vol.1.18 BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Memoria y balance ... op. cit., 1939, p. 29.19 BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Memoria y balance ... op. cit., 1943, p. 25. Decretos 143.368 del 18/2/43; 603 del 18/6/43; 145.170 del 24/3/43 y 8.363 del 15/9/43.20 GUIDO DI TELLA y MANUEL ZYMELMAN, Las etapas del desarrollo económico argentino, Buenos Aires, EUDEBA, 1972, pp. 426-433. Datos sobre la constitución, funcionamiento y sede de la Junta Reguladora de Granos en: MINISTERIO DE AGRICULTURA DE LA NACION: Memoria correspondiente al período entre el 20 de febrero y el 31 de diciembre de 1938, Buenos Aires, 1939, t. 1, pp. 164-172.21 REPUBLICA ARGENTINA. PODER EJECUTIVO NACIONAL, Período 1932-1938 ... op. cit.22 BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Memoria y balance ... op. cit.,1939, p. 26.23 BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Memoria y balance ... op. cit., 1938, Buenos Aires, Fabril Financiera, 1939.24 BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Memoria y balance ... op. cit., 1939, pp. 26 y ss.25 DI TELLA y ZYMELMAN, Las etapas ... op. cit., p. 465.26 BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Memoria y balance ... op. cit., 1943, p. 20.27 REPUBLICA ARGENTINA. PODER EJECUTIVO NACIONAL, Período 1932-1938 ... op. cit. Vol. X.28 Jorge A. Santamarina: Presidente del Banco de la Nación (1933-1943), miembro del Directorio del Banco Central de la República Argentina (1937-43), miembrode la Junta Reguladora de Granos (1938-43), Ministro de Hacienda de la Nación (1943). Formó parte en varios períodos de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural Argentina. Vicepresidente de "Santamarina de Hijos S.A." desde 1936. ¿Quién es quién en la Argentina?, Buenos Aires, Editorial Kraft Ltda., 1947, p. 833.29 BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Memoria y balance ... op. cit., 1933, Buenos Aires, Kraft, 1934.30 JOSE GARCIA VIZCAINO, Tratado de política económica argentina, tomo 1, Buenos Aires, EUDEBA, 1974, pp. 343-344.31 Ibídem, pp. 213-229.32 COMISION DE GRANOS Y ELEVADORES, Publicación nº 1, Buenos Aires, 1936, p. 8. DI TELLA y ZYMELMAN, Las etapas ... op. cit., p.429. REPUBLICA ARGENTINA. PODER EJECUTIVO NACIONAL, Período 1932-1938 ... op. cit. Vol. X.33 ALFREDO M. BARRY, Leyes agrarias, t.1, Buenos Aires, Editorial Plus Ultra, 1968, pp. 640-657.34 BARRY, Leyes agrarias ... op. cit., pp. 330-336.35 BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Memoria y balance ... op. cit., 1935, p. 18.36 JULIO ANDRES FERRAROTTI, Tierra-familia-trabajo. Experiencias de nuestro propio hacer, Rosario, Talleres Emilio Fenner, 1974, p. 7337 FERRAROTTI, Tierra-familia ... op. cit., pp. 48-49. Sobre el derecho de propiedad: ADRIAN GUSTAVO ZARRILLI, "Un cuestionamiento al derecho de propiedad. Estado, plagas y agricultura. El caso de la defensa agrícola (1890-1930)", Revista de Historia del Derecho 21, Buenos Aires, 1993, pp. 225-251.38 Anales de la legislación argentina, t. II, Buenos Aires, Editorial La Ley, 1942, p.189.39 Análisis detallado en MONICA A.BLANCO, "El funcionamiento del sistema de arrendamientos rurales entre 1940-60. Una aproximación regional comparativa", Res Gesta 33, Rosario, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina, enero-diciembre de 1994, pp. 90-115.40 BLANCO, "El funcionamiento ... op. cit., pp. 89-91.41 La Tierra, Rosario, 6 de junio de 1944, p.2.42 Decreto: 3526 del 31/7/46 que amplía los plazos para inscribir los contratos de arrendamientos agrícolas establecidos por los decretos 18.291/45 y 18.292/45; decreto 10.837 del 22/4/46 sobre arrendamiento vitalicio de tierras que sustituye el art. 63 de la ley 12.636; decreto 11.268 del 19/9/46 sobre rebajas de arrendamientos; decreto 11.774 promulgado como ley el 15/9/46 sobre suspensión de los desalojos; decreto 12.720 promulgado como ley 12.862 por la cual se hace extensiva a toda la República la ley anterior sobre suspensión de los desalojos; ley 12.890 del 25/11/46 sustituyendo el art. 20 de la ley 12.842 sonre rebaja de los arrendamientosagrícolas. 43 BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Memoria y balance ... op. cit., 1935, p. 17.44 BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Memoria y balance ... op. cit., 1935, pp. 17-22; año 1937, p.59.45 REPUBLICA ARGENTINA. PODER EJECUTIVO NACIONAL, Período 1932-1938 ... op. cit. Vol. X.46 BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Memoria y balance ... op. cit., 1939, pp. 25-26.47 BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Memoria y balance ... op. cit., 1940, p. 25.48 BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Memoria y balance ... op. cit., 1941, p. 20.49 BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Memoria y balance ... op. cit., 1943, p. 24.50 OVIDIO GIMENEZ, Del trigo y su molienda, Buenos Aires, Kraft Ltda., 1961, pp. 651-657.51 BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Memoria y balance ... op. cit., 1939, p. 23.52 BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Memoria y balance ... op. cit., 1943, p. 20.53 BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Memoria y balance ... op. cit., 1937, pp. 36-59.54 FEDERACION AGRARIA ARGENTINA, Uso y tenencia de la tierra. Propuestas, Rosario, Federación Agraria Argentina, 1987, pp. 9-10.55 BARRY, Leyes agrarias ... op. cit., pp. 172-196.56 BARRY, Leyes agrarias ... op. cit., p. 172.57 BARRY, Leyes agrarias ... op. cit., p. 174-176.58 MARIO J. LATTUADA, La política agraria peronista (1943-1983), Buenos Aires CEAL, 1986. 59 Dictamen de la Comisión Honoraria Asesora del Gobierno Nacional para el Estudio de los Problemas Financieros, Buenos Aires, 1944, pp. 34-35. 60 BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Memoria y balance ... op. cit., 1943, p. 11.61 REPUBLICA ARGENTINA. PODER EJECUTIVO NACIONAL, Período 1932-1938 ... op. cit. Vol. X.62 DI TELLA y ZYMELMAN, Las etapas ... op. cit., p. 432.63 NOEMI M. GIRBAL-BLACHA, "Dichos y hechos del gobierno peronista (1946-55). Lo fáctico y lo simbólico en el análisis histórico", Entrepasados 13, Buenos Aires, fines de 1997, pp. 63-78. NOEMI M. GIRBAL-BLACHA, "Mitos y realidades del nacionalismo económico peronista (1946-1955)", Actas del XI Congreso Internacional de AHILA, vol. IV, Liverpool, Liverpool University, 1998, pp. 367-383. 64 BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Memoria y balance ... op. cit., 1943, p. 25.65 REPUBLICA ARGENTINA. PODER EJECUTIVO NACIONAL, Período 1932-1938 ... op. cit. Vol. IX.66 Mundo Agrario, Buenos Aires, junio de 1953, p.4.67 ARCHIVO DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Libro de Actas del Directorio, junio de 1950, t. CLIV.68 Manual del Peronista, Buenos Aires, 1948, pp. 20 y 29.
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El 2 de setiembre de 1940 se sanciona la ley de colonización nacional que incorpora a la legislación argentina la concepción de que la tierra tiene una función social, al establecer en su artículo 1º que "la propiedad de la tierra queda sujeta a las limitaciones y restricciones que se determinen en esta Ley de acuerdo al interés colectivo"; y que -por otra parte- habrá de enmarcar gran parte de la política agraria del peronismo. El legislador socialista Alfredo Palacios es quien destaca al tratarse el proyecto en el Senado Nacional, que se está ante "un nuevo concepto de propiedad del suelo"54. Por esta ley se crea el Consejo Agrario Nacional y se estipulan los fondos para su funcionamiento, se definen los inmuebles destinados a colonización granjera, ejidal y privada, las causales y condiciones del derecho de expropiación, la organización de las explotaciones y normas de cultivo y el asesoramiento agrario al productor.55 Es esta ley 12.636 la que rige las condiciones de colonización nacional desde entonces y hasta 1955, con un propósito esencial: ejecutar "un plan agrario destinado a poblar el interior del país, a racionalizar las explotaciones rurales, a subdividir la tierra, estabilizar la población rural sobre la base de la propiedad de la misma y a llevar mayor bienestar a los trabajadores agrarios".56 Los inmuebles para colonización son: las tierras fiscales aptas, las que el Consejo adquiera o sean expropiadas con el objeto que indica esta ley, las de dominio privado, provincial o municipal que sean ofrecidas para ajustarse a ella; siempre que estas tierras sean aptas para explotación y no se encuentren ubicadas a más de 30 km. de una estación de ferrocarril o a más de 400 km. de mercados interiores o de puertos de embarque.El Consejo Agrario Nacional -principal organismo colonizador del Estado- es creado para hacer posible la aplicación de esta ley (art.2). Se instala con sede en la Capital Federal y jurisdicción en todo el país; compuesto por 5 miembros (2 representantes del Poder Ejecutivo, 1 por el Banco de la Nación Argentina y el Hipotecario Nacional, 1 en representación de las cooperativas agrícolas y el otro por los consejos agrarios locales). Entre sus amplios deberes y funciones merecen destacarse: el estudio de planes de constitución de propiedades rurales en todo el país, convenir con los bancos oficiales e instituciones autárquicas del Estado la incorporación a este régimen de los inmuebles de su propiedad, adquirir inmuebles en remates judiciales o del Banco Hipotecario Nacional o bancos provinciales, organizar la campaña para aumentar la población rural del país, estudiar las condiciones laborales de los asalariados de la agricultura, fomentar el cooperativismo, colaborar en la educación rural, promover la aplicación del seguro agrícola mutuo u oficial en las colonias que administre y elevar al Congreso por intermedio del Ejecutivo Nacional, la memoria descriptiva de la actividad desempeñada57. La Federación Agraria Argentina hará de este organismo el centro de sus reclamos para activar la colonización que la ley 12.636 prometía y que por ley 14.959 de 1946 su aplicación e incorporación del Consejo Agrario Nacional quedan a cargo del Banco de la Nación Argentina.
4.- Reflexiones finales:La historiografía argentina ha insistido en el papel estratégico jugado por el agro para la concreción de los fines del Primer Plan Quinquenal de 1947 y en la redistribución del ingreso a favor de la pequeña y mediana industria que produce para el mercado interno58. La producción rural se erige en sustento de esa política -a través del accionar del Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI)-, al derivar los ingresos que éste retiene hacia el crédito oficial que se dirige a promover al sector industrial, en el marco de la reforma financiera de 1946 que lo hace posible.Sobre estas bases, los estudios históricos dedicados al tema se empeñaron entonces en señalar los cambios que, sin dudas, el nacionalismo económico argentino de mediados de los años ´40 trajo consigo; pero poco se detuvieron en el análisis de las continuidades, que también fueron tenidas en cuenta por el Estado planificador, dirigista y popular liderado por Juan Domingo Perón, para asegurar los perfiles de la Argentina agroexportadora. Si en 1948 el Estado peronista se refería a la necesidad de colocar las finanzas al servicio de la economía y ésta al servicio de la sociedad como una responsabilidad del poder público; la Comisión Honoraria Asesora del Gobierno Nacional para el Estudio de los Problemas Financieros constituida en 1943, ya sostenía que "la política financiera del Estado no puede desvincularse de su política económica", porque -añadía- "el Estado es ahora un socio en el proceso de la producción, por lo que, en su estímulo y fomento se conjugan, tanto su función eminente de promover el bienestar general, como su interés exclusivamente fiscal"59. En 1943, Cosme Massini Ezcurra presidente del Banco de la Nación Argentina, destaca las ventajas del decreto 6825 del 26 de agosto de 1943, que crea el sistema de crédito industrial a partir de los recursos que aporte el Estado mediante un Fondo Especial, y se refiere "tanto al campo de la economía como a las cuestiones de orden social, ya que ponerlo en cumplimiento importa la creación de fuentes de trabajo a cargo de la actividad privada".60Las medidas legislativas adoptadas desde la década de 1930 que -al decir del Presidente Justo- obedecen a "la necesidad de crear un plan regulador" 61 para subsanar los inconvenientes del agro; y, especialmente, las de los inicios de los años ´40, apuntalan y subsidian -con matices diversos- la economía agraria argentina, marcando algunos rasgos que van a persistir con el arribo del peronismo al poder. Aun el fortalecimiento del mercado interno es notorio en los años ´30. El consumo local de carne -por ejemplo- aumentó, a consecuencia de la mejora en el nivel de vida, de 136.000 toneladas en 1933 a 223.000 toneladas en 1937.62Los asuntos abordados en este estudio llaman la atención -sin desconocer los cambios- sobre las continuidades de algunos rasgos esenciales de la política agraria argentina, que superan las advertencias del seductor y sugerente discurso populista del gobierno liderado por Juan D. Perón, con el propósito de distinguir mitos y realidades de su política económica 63. El análisis de las resoluciones adoptadas por el Estado nacional intervencionista entre 1930 y 1943, acerca de la regulación en la comercialización de la producción rural, el fomento del cooperativismo agrario, los préstamos especiales para agricultores y ganaderos por cuenta del Estado -que entre 1935 y 1943 obligaron a promulgar 24 decretos y la ley 12.635-64 , el sistema de colonización y -fundamentalmente- en materia de régimen de arrendamientos y aparcerías rurales, que adelantan los conceptos acerca de la función social de la propiedad de la tierra, a los que el peronismo promoverá a través de un discurso maniqueísta que confronta pueblo vs. oligarquía, son los ejemplos utilizados para confrontar la hipótesis central aquí propuesta. Sin lugar a dudas son estas medidas las que agudizan las expectativas dentro del sector rural. Tanto propietarios como arrendatarios esperan -a partir de los principios que ellas consagran- definiciones en materia de política agraria. Será el Presidente Juan Perón el que deba responder a ellas, profundizándolas o continuando en medio de una ambigüedad que fuera capaz de permitirle controlar el frágil equilibrio del poder.Aún en términos del discurso, algunos rasgos singulares indican -más allá del estilo personal que cada mandatario imprima a los mensajes que procura transmitir a la sociedad- las semejanzas, que parte de la legislación confirma. La restauración del espíritu nacionalista a través de la enseñanza pública, el temor a la inmigración de posguerra, "la proyección nacionalista en el hogar extranjero", "la prevención del proselitismo extremista", "los planes de restauración nacionalista del Gobierno", a los que hace referencia el Presidente Agustín Justo 65, adquieren en el discurso de Juan Domingo Perón un perfil similar y un sentido casi idéntico en el mensaje que pretende transmitir a la sociedad que gobierna, más allá de la seducción y la singularidad del lenguaje populista que envuelve sus propuestas. Se advierte cuando se refiere -por ejemplo- a la necesidad de estimular "la cordial armonía entre todos los participantes del trabajo rural -productores y obreros- bases esenciales de la economía agraria" 66, al propiciar "tacto y discreción en pro de los elevados y patrióticos objetivos perseguidos por el Superior Gobierno Nacional" 67, al proponer que "el Estado debe robstecer el hogar, la escuela y el trabajo, por ser los grandes modeladores del carácter" y al declarar al peronismo como "eminentemente antimarxista. Nuestra doctrina social es doctrina social cristiana", dirá el Presidente Perón al referirse a la doctrina que sustenta su gestión. 68
Notas
1 ARTURO O´CONNELL, "La Argentina en la Depresión: los problemas de una economía abierta", Desarrollo Económico 92, Buenos Aires, IDES, enero-marzo 1984, pp. 479-514.2 ANGEL BAHAMONDE MAGRO, "Aspectos económicos de la crisis de 1929", Siglo XX. Historia Universal 12, Madrid, Grupo 16, s/f, pp. 7-42. GIRBAL de BLACHA, Noemí M., "La Argenrina en crisis (1890, 1929, 1989). Raíces históricas", Boletín de la Academia Nacional de la Historia vol. LXII-LXIII, Buenos Aires, Academia nacional de la Historia, 1994, pp. 151-184. LEOPOLDO ALLUB, "Estado y sociedad civil: patrón de emergencia y desarrollo del estado argentino (1810-1930)", WALDO ANSALDI y JOSE LUIS MORENO, Estado y sociedad en el pensamiento nacional, Buenos Aires, Cántaro, 1989, pp. 109-157. PETER WALDMANN, El peronismo 1943-1955, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1981, pp. 24-45. 3 DONNA J.GUY, "La industria argentina, 1870-1940. Legislación comercial, mercado de acciones y capitalización extranjera", Desarrollo Económico 87, Buenos Aires, IDES, octubre-diciembre 1982, pp. 351-374. JORGE SCHVARZER, La industria que supimos conseguir. Una historia político-social de la industria argentina, Buenos Aires, Planeta, 1996, pp. 153-186.4 NOEMI M. GIRBAL-BLACHA, Ayer y hoy de la Argentina rural. Gritos y susurros del poder económico (1880-1997), Buenos Aires, REUN/Página 12, 1998, pp. 39-51.5 NOEMI M. GIRBAL de BLACHA, Historia del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Gestión del doctor Arturo Jauretche (1946-1950), Buenos Aires, Ediciones del banco de la Provincia de Buenos Aires, 1993, pp. 11-22.6 GRACIELA MALGESINI, "¿Subsidio o sustracción? El control de cambios y los productores cerealeros en los años ´30", Anuario IEHS 1, Tandil, Instituto de estudios Histórico-Sociales, UniCen, 1986, pp. 121-155.7 ALDO ARNAUDO, Cincuenta años de política financiera argentina (1934-1983), Buenos Aires, El Ateneo, 1987, pp. 15-48. 8 COMITE NACIONAL DE GEOGRAFIA, Anuario geográfico argentino, Buenos Aires, 1941, pp. 203-204. 9 ADOLFO COSCIA, Segunda revolución agrícola en la región pampeana, Buenos Aires, CADIA, 1983.10 SILVIA B. LAZZARO, "El impuesto al latifundio en la provincia de Buenos Aires durante la década de 1940, Primeras iniciativas", Estudios de Historia Rural 7, La Plata, 1991.11 Desarrollo del tema en: PETER SMITH, Carne y política en la Argentina, Buenos Aires, Paidós, 1983 (primera reimpresión).12 Ibídem.13 "El Plan de Reactivación Económica ante el Honorable Senado", Desarrollo Económico 75, Buenos Aires, IDES, octubre-diciembre de 1979, pp. 403-426. JUAN JOSE LLACH, "El Plan Pinedo de 1940, su significado histórico y los orígenes de la economía política del peronismo", Desarrollo Económico 92, Buenos Aires, IDES, enero-marzo de 1984, pp.515-558.14 LLACH, "El Plan ... op. cit., p. 551.15 BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Memoria y balance general del ejercicio correspondiente a 1942, Buenos Aires, Fabril Financiera, 1943, pp. 11-12.16 ALFREDO M. BARRY, Leyes agrarias, t.2, Buenos Aires, Editorial Plus Ultra, 1968, pp. 136-146..17 REPUBLICA ARGENTINA. PODER EJECUTIVO NACIONAL, Período 1932-1938. Presidente de la Nación, Agustín P. Justo, Buenos Aires, Editorial Kraft, 1937, vol.1.18 BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Memoria y balance ... op. cit., 1939, p. 29.19 BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Memoria y balance ... op. cit., 1943, p. 25. Decretos 143.368 del 18/2/43; 603 del 18/6/43; 145.170 del 24/3/43 y 8.363 del 15/9/43.20 GUIDO DI TELLA y MANUEL ZYMELMAN, Las etapas del desarrollo económico argentino, Buenos Aires, EUDEBA, 1972, pp. 426-433. Datos sobre la constitución, funcionamiento y sede de la Junta Reguladora de Granos en: MINISTERIO DE AGRICULTURA DE LA NACION: Memoria correspondiente al período entre el 20 de febrero y el 31 de diciembre de 1938, Buenos Aires, 1939, t. 1, pp. 164-172.21 REPUBLICA ARGENTINA. PODER EJECUTIVO NACIONAL, Período 1932-1938 ... op. cit.22 BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Memoria y balance ... op. cit.,1939, p. 26.23 BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Memoria y balance ... op. cit., 1938, Buenos Aires, Fabril Financiera, 1939.24 BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Memoria y balance ... op. cit., 1939, pp. 26 y ss.25 DI TELLA y ZYMELMAN, Las etapas ... op. cit., p. 465.26 BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Memoria y balance ... op. cit., 1943, p. 20.27 REPUBLICA ARGENTINA. PODER EJECUTIVO NACIONAL, Período 1932-1938 ... op. cit. Vol. X.28 Jorge A. Santamarina: Presidente del Banco de la Nación (1933-1943), miembro del Directorio del Banco Central de la República Argentina (1937-43), miembrode la Junta Reguladora de Granos (1938-43), Ministro de Hacienda de la Nación (1943). Formó parte en varios períodos de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural Argentina. Vicepresidente de "Santamarina de Hijos S.A." desde 1936. ¿Quién es quién en la Argentina?, Buenos Aires, Editorial Kraft Ltda., 1947, p. 833.29 BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Memoria y balance ... op. cit., 1933, Buenos Aires, Kraft, 1934.30 JOSE GARCIA VIZCAINO, Tratado de política económica argentina, tomo 1, Buenos Aires, EUDEBA, 1974, pp. 343-344.31 Ibídem, pp. 213-229.32 COMISION DE GRANOS Y ELEVADORES, Publicación nº 1, Buenos Aires, 1936, p. 8. DI TELLA y ZYMELMAN, Las etapas ... op. cit., p.429. REPUBLICA ARGENTINA. PODER EJECUTIVO NACIONAL, Período 1932-1938 ... op. cit. Vol. X.33 ALFREDO M. BARRY, Leyes agrarias, t.1, Buenos Aires, Editorial Plus Ultra, 1968, pp. 640-657.34 BARRY, Leyes agrarias ... op. cit., pp. 330-336.35 BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Memoria y balance ... op. cit., 1935, p. 18.36 JULIO ANDRES FERRAROTTI, Tierra-familia-trabajo. Experiencias de nuestro propio hacer, Rosario, Talleres Emilio Fenner, 1974, p. 7337 FERRAROTTI, Tierra-familia ... op. cit., pp. 48-49. Sobre el derecho de propiedad: ADRIAN GUSTAVO ZARRILLI, "Un cuestionamiento al derecho de propiedad. Estado, plagas y agricultura. El caso de la defensa agrícola (1890-1930)", Revista de Historia del Derecho 21, Buenos Aires, 1993, pp. 225-251.38 Anales de la legislación argentina, t. II, Buenos Aires, Editorial La Ley, 1942, p.189.39 Análisis detallado en MONICA A.BLANCO, "El funcionamiento del sistema de arrendamientos rurales entre 1940-60. Una aproximación regional comparativa", Res Gesta 33, Rosario, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina, enero-diciembre de 1994, pp. 90-115.40 BLANCO, "El funcionamiento ... op. cit., pp. 89-91.41 La Tierra, Rosario, 6 de junio de 1944, p.2.42 Decreto: 3526 del 31/7/46 que amplía los plazos para inscribir los contratos de arrendamientos agrícolas establecidos por los decretos 18.291/45 y 18.292/45; decreto 10.837 del 22/4/46 sobre arrendamiento vitalicio de tierras que sustituye el art. 63 de la ley 12.636; decreto 11.268 del 19/9/46 sobre rebajas de arrendamientos; decreto 11.774 promulgado como ley el 15/9/46 sobre suspensión de los desalojos; decreto 12.720 promulgado como ley 12.862 por la cual se hace extensiva a toda la República la ley anterior sobre suspensión de los desalojos; ley 12.890 del 25/11/46 sustituyendo el art. 20 de la ley 12.842 sonre rebaja de los arrendamientosagrícolas. 43 BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Memoria y balance ... op. cit., 1935, p. 17.44 BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Memoria y balance ... op. cit., 1935, pp. 17-22; año 1937, p.59.45 REPUBLICA ARGENTINA. PODER EJECUTIVO NACIONAL, Período 1932-1938 ... op. cit. Vol. X.46 BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Memoria y balance ... op. cit., 1939, pp. 25-26.47 BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Memoria y balance ... op. cit., 1940, p. 25.48 BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Memoria y balance ... op. cit., 1941, p. 20.49 BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Memoria y balance ... op. cit., 1943, p. 24.50 OVIDIO GIMENEZ, Del trigo y su molienda, Buenos Aires, Kraft Ltda., 1961, pp. 651-657.51 BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Memoria y balance ... op. cit., 1939, p. 23.52 BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Memoria y balance ... op. cit., 1943, p. 20.53 BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Memoria y balance ... op. cit., 1937, pp. 36-59.54 FEDERACION AGRARIA ARGENTINA, Uso y tenencia de la tierra. Propuestas, Rosario, Federación Agraria Argentina, 1987, pp. 9-10.55 BARRY, Leyes agrarias ... op. cit., pp. 172-196.56 BARRY, Leyes agrarias ... op. cit., p. 172.57 BARRY, Leyes agrarias ... op. cit., p. 174-176.58 MARIO J. LATTUADA, La política agraria peronista (1943-1983), Buenos Aires CEAL, 1986. 59 Dictamen de la Comisión Honoraria Asesora del Gobierno Nacional para el Estudio de los Problemas Financieros, Buenos Aires, 1944, pp. 34-35. 60 BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Memoria y balance ... op. cit., 1943, p. 11.61 REPUBLICA ARGENTINA. PODER EJECUTIVO NACIONAL, Período 1932-1938 ... op. cit. Vol. X.62 DI TELLA y ZYMELMAN, Las etapas ... op. cit., p. 432.63 NOEMI M. GIRBAL-BLACHA, "Dichos y hechos del gobierno peronista (1946-55). Lo fáctico y lo simbólico en el análisis histórico", Entrepasados 13, Buenos Aires, fines de 1997, pp. 63-78. NOEMI M. GIRBAL-BLACHA, "Mitos y realidades del nacionalismo económico peronista (1946-1955)", Actas del XI Congreso Internacional de AHILA, vol. IV, Liverpool, Liverpool University, 1998, pp. 367-383. 64 BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Memoria y balance ... op. cit., 1943, p. 25.65 REPUBLICA ARGENTINA. PODER EJECUTIVO NACIONAL, Período 1932-1938 ... op. cit. Vol. IX.66 Mundo Agrario, Buenos Aires, junio de 1953, p.4.67 ARCHIVO DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA, Libro de Actas del Directorio, junio de 1950, t. CLIV.68 Manual del Peronista, Buenos Aires, 1948, pp. 20 y 29.
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