sábado, 26 de noviembre de 2011

CORRUPCION Y ETICA PUBLICA (Algunos aportes institucionales) Por: Eduardo Pablo Jiménez[1]

"Nuestro error fue soñar demasiado, entender que en algunos países las instituciones funcionaban mejor de lo que en realidad funcionaban, concebir un orden ideal para seres humanos de condición desfalleciente. Y algunos de nosotros depositaron una confianza excesiva en la constitución"
Manuel Jiménez de Parga "La ilusión política"

CONSIDERACIONES GENERALES
Sabido es que la "corrupción", es un hecho connatural en las autocracias. De ello se deriva que no se concibe "autocracia" sin corrupción, ya que ambas se auto-implican. Por esto es que sostenemos, siguiendo aquí a JIMENEZ DE PARGA[2] que la corrupción no solo es permitida en la dictadura, sino que esta necesita, para sobrevivir, de la corrupción.
Es importante destacar, luego de lo dicho, que nuestro interés, y en particular a partir de la reforma constitucional, es el de analizar la corrupción en la democracia y no la corrupción de la democracia. Ello pues si bien son dos cuestiones importantes, también son distintas.
Respecto del segundo punto (la corrupción de la democracia), no vamos a "descubrir" aqui que la forma de gobierno democrática actual sobrevive hoy como el régimen menos malo, altamente erosionado por modos de crisis de representación y crisis económica.
En este sentído, uno de los grandes desafíos de la sociedad argentina de hoy, es el de reinventar su democracia, a fin de consustanciarla - y no formalmente - con la sociedad que la genera. A no dudarlo, que en ello nos vá la supervivencia como ámbito de convivencia no autocrática.
Ahora bien, respecto del punto central de nuestro aporte, y dentro del tránsito de la conformación de una estructura democrática, luego de más de 50 años de dictaduras y gobiernos condicionados, la real consolidación del sistema es trabajosa, porque la ética publica está resentida. Como también lo está la sociedad que genera a sus representantes, después de un extenso período en que la corrupción fué moneda necesaria. como se dijo antes
En suma, si nos preguntásemos cual es el papel que juega la corrupción en las democracias, podríamos definirla como la peor patología del sistema que se agudiza en tanto la democracia en que se ha instalado, carece de controles suficientes, y de vocación ciudadana para eliminar el flagelo.
Por otra parte, y de la lectura de nuestra Carta Fundamental, y las leyes que de ella derivan, podríamos sostener, con base en una aproximación sólo formal de la realidad, que nuestro régimen representa una democracia perfectamente homologable con las mejores existentes en el orbe.
Hilando más fino en esta apreciación, podríamos sostener que lo que ocurre es que aún las mejores democracias del mundo, pese a sus regulaciones normativas institucionales, padecen de la corrupción como vicio, en una intensidad variable. También de lo dicho, podemos derivar que no son las formas jurídicas las que edifican a las sociedades, si ellas no significan la real voluntad popular de emprender el desafío que ha sido normativizado.
La Argentina, desde siempre, ha pretendido solucionar sus problemas con buenas regulaciones normativas, por lo general apoyadas en las fuentes mas progresistas. Pero la sociedad que las generaba, presentaba modos de crisis terminales, que se patentizaron a partir de 1930 y en adelante, donde toda normativa convivía - de un modo o de otro - con el acrecentamiento de la corrupción en todos los ámbitos de la sociedad.
Si alguno pretendió que desde 1983, con la refundación de la democracia, la corrupción como hábito y su consecuencia, la ética ciudadana desmadrada , mermarían mágicamente, se equivocó.
El cáncer, a 12 años de legítimo gobierno ciudadano ha hecho metástasis en el cuerpo social, y la ética no ha de ser recuperada sinó hasta que la sociedad sienta que los controles contra la corrupción son algo más que formales .
Prueba de ello es lo normado en el artículo 36 de la Constitución Nacional. Obsérvese que el constituyente ha pretendido allí desnudar su realidad social, presentando a sus dos males más graves bajo una misma denominación :atentado contra el orden democrático . En este orden de ideas, ha estimado el constituyente que atenta contra el orden democrático, tanto quien pretenda interrumpir su observancia, en los términos de la norma constitucional, cuanto quien incurra en grave delito doloso contra el Estado, que conlleve enriquecimiento.
En suma, el pueblo dió mandato a sus Convencionales Constituyentes para sindicar a la corrupción como delito contra el orden democrático. De allí que se haya tipificado en la Constitución esta nueva forma delictiva, patentizando el desagrado con que la sociedad vé al funcionario que se corrompe.
Pero, sabido es, que la desazón social es mucho más amplia. El ciudadano común pretende que las reglas de juego cambien. Que sea realmente riesgoso intentar un acto corrupto, y lo que es más importante aún; que quien pretende iniciar un acto corrupto sea considerado realmente un hombre de ética reprochable, y no un " vivillo agradable" .
De allí la importancia de la última invocación del artículo 36 del texto supremo : en tal párrafo se impone al Congreso de la Nación la obligación de sancionar una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función. En este punto nos encontramos frente a la motivación docente de esta lucha. Los tres Poderes Públicos habrán de pautar los requisitos éticos mínimos para el ejercicio de la función pública . Obsérvese que a partir de ahora, el concepto de idoneidad para ocupar el empleo público habrá de integrarse con el requerimiento constitucional de obrar ético.
INSUFICIENCIA DE LA CARACTERIZACION "LEGAL" DEL CONCEPTO DE CORRUPCION
Luego de lo expresado antes, es adecuado sostener que la caracterización solamente legal de la corrupción es insatisfactoria para comprender la significación real del concepto. Ello así, pues cuando el ciudadano común expresa "esto es un caso de corrupción" no necesariamente se refiere a un acto ilícito, sino mas bien, en la mayoría de las ocasiones, se está refiriendo a un obrar anti-etico respecto de los valores que nuestra sociedad configura.
Lo dicho nos endereza a enunciar que la corrupción, mas que una ilicitud, configura en principio una forma de violar las reglas establecidas[3]
Siguiendo ahora la conceptualización esbozada por J.G. PADIOLEAU[4] existen cuatro elementos que pueden integrar una definición de corrupción
* La violación de reglas y normas relativas a lo que se considera "interés general" en una sociedad política determinada
* En el curso de un "cambio clandestino" entre los mercados social, político y económico
* Con la esperada consecuencia de dar a individuos o grupos, "medios de acceso o de influencia" en los procesos de decisión política y administrativa, superiores a los que ellos dispondrían en un ejercicio abierto.
* Que ello se traduzca eventualmente en "beneficios" tangibles, materiales o de otra clase, para todos o alguno de los intervinientes en la transacción
Si pretendemos hablar de "matices" o "grados" de corrupción, podemos clasificarla en negra, gris y blanca. El primer caso, traduce las violaciones mas escandalosas de las reglas establecidas, siendo la corrupción blanca generalmente la más tolerada, pues está integrada a las "corruptelas" o "malas costumbres" de casi imposible erradicación.
Sabido es que las mayores dificultades se traducen en el intento de localizar a las corrupciones grises[5] ya que no es pacífico el enjuiciamiento de estos comportamientos. Así, la corrupción gris, se ennegrece en las sociedades con tendencias mas puritanas y se blanquea en las más permisivas.
En definitiva, estas pautas teóricas solo servirán de algo, si aportan parámetros razonables para buscar ( y eso es lo que se pretende) una explicación al real divorcio entre lo que proclaman las constituciones y las declaraciones de derechos en particular, frente a la práctica política cotidiana, ya que ello incide sobremanera en la conformación de la conciencia ética de la sociedad de que se trate.
De allí la importancia de la manda constitucional, nacida en el convencimiento de que el comportamiento político, no ha de ser vaciado de pautas éticas. Sostenemos ello por advertir la realidad frecuente a partir de la que el hecho político se funda en merituaciones de eficacia a toda costa, con sacrificio de valores superiores como lo son la verdad, la lealtad, la coherencia ideológica o el cumplimiento del compromiso contraído. Creemos firmemente que al separarse la política del mundo de la ética, la corrupción no solo es en ese ámbito explicable, sino que arriesgamos a decir, prácticamente imposible de evitar.
ALGUNAS PROPUESTAS (Sugerencias para el momento de la confección de una ley)
Sabemos que en particular las "malas administraciones" , con tendencia a burocratizarse en extremo, son caldo de cultivo para la corrupción, que se concibe así como un sustituto ágil pero anti-etico de una administración pública inefizaz. En esas circunstancias se concibe a la corrupción como lubricante inevitable de maquinarias públicas defectuosas.
Tal tendencia, que acentuaba la tesis de que la corrupción se propicia especialmente en el mundo sub-desarrollado, cae desde el momento en que el denominado "primer mundo" comienza a sufrir esos síntomas.
El problema reside aquí en el hecho real de que los políticos no son, por lo general, beligerantes respecto de la misma por el costo - a veces personal - que esa lucha les reporta. Es bueno reconocer que desde la reforma constitucional, el constituyente ha sentado la tesis de que la democracia no debe marchar con la carga de la corrupción a sus espaldas
También la realidad reciente nos ha demostrado cabalmente que la desregulación, que implica el retorno al Estado Mínimo, no soluciona el problema de la corrupción, sinó que amplía sus fronteras al marco de las privatizaciones, y el posterior funcionamiento de las empresas "privatizadas" . En definitiva, el Estado inerme no posee herramientas para luchar contra las presiones "corruptoras" de los grupos de Poder.
Podrá una ley sobre ética pública hacer retroceder un proceso de descomposición ética y corrupción que se ha asentado firmemente en la sociedad Argentina?
Es real que la ley no es más que un instrumento. En este caso, su principal fuerza de convicción estará dada por el reconocimiento que la propia Constitución efectúa sobre el hecho. La circunstancia de su final dictado es de cabal importancia,y debemos ser claros en el mensaje que se ofrece a la sociedad, ya que si con ella se pretende una regulación normativa exhaustiva de las conductas no-eticas, nos encontraremos frente al fracaso de una ley ridícula y la evaporación de un mandato constitucional que entonces sí se tornará "evanescente"[6]
En suma, creemos que la desregulación es un instrumento perspectivadamente idóneo para la lucha contra la corrupción, al disminuir su ámbito de actuación.
Como quien desregula es también un funcionario público , hemos de advertir que la primera pauta que una ley sobre ética pública debería atender, es el cuidado de no tornar la discrecionalidad de los administradores en arbitrariedad ya que esta última es en sí, una forma larvada de corrupción
Por otra parte, bueno es que se trabaje certeramente sobre la limitación, por ley de los gastos en materia electoral, lo que es amplio caldo de corrupción institucional, impidiendo que el propio Estado libere a determinados entes autárquicos de la fiscalización estricta de Derecho Público, a los que técnicamente deben someterse. La falta de controles en una República no es ético, y es punto de partida en el camino hacia la corrupción.
No hay que olvidarse que ninguna legislación podrá actuar debidamente si no hay un reforzamiento de la ética individual y colectiva. Hay que volver a convencernos de que hay que someterse a la tiranía de los valores éticos, con apoyo en una normativa simple pero aleccionadora. Caso contrario, imperará la tiranía de los contravalores, pese a las buenas leyes, y aún en contra de sus formalmente adecuados preceptos.
Cabe ahora, a fin de aportar pautas que animen una eficiente legislación en materia de ética pública, especificar cuales son los siete pilares de la corrupción.[7]
* La dificultad y demora en las tramitaciones administrativas, que solamente pueden ser aceleradas a partir de una discreta "aceitada"
* La complejidad de las normas fiscales, que solamente pueden ser conocidas por el funcionario de turno, y de cuya "generosidad" dependemos
* La proliferación de funcionarios (particularmente municipales) venales, o al menos incompetentes, cuyos errores reales (o simulados) desembocan en costos adicionales y/o catástrofes, que se pueden evitar...incentivando!!!
* Las prolongadas demoras en los pagos del agente administrativo,o sus salarios ínfimos, frente a las abultadas remuneraciones de ciertos "jefes" que nada hacen, pues son políticos que hoy están, y luego se irán con los bolsillos llenos
* Los reajustes solicitados por ciertos contratistas con base en cláusulas leoninas incorporadas en los contratos, y que los abogados del Estado no revisan.
* Los errores técnicos y/o administrativos, habilmente calculados por los funcionarios que dan luego lugar a cuantiosas reclamaciones, que a veces ellos mismos impetran cuando se alejan de la función pública.
* La casi siempre ineficiente defensa planteada por los abogados del Estado en los pleitos que este sostiene, con grandes pérdidas para el erario público.
Así, y en definitiva, estas son solamente algunas pautas que relacionan al hecho concreto de la existencia del flagelo de la corrupción que se encuentra inserto en nuestra democracia, con la necesidad de fortificar la ética social, y particularmente la ética pública.
Desde ya la ley no implicará "per se" solución alguna. Solo disenará una "hoja de ruta" que la sociedad requiere para recomenzar el camino de la cristalinidad, pues todos retomaremos con alegría la senda de lo ético, a partir del momento en que las senales al respecto por parte de los Poderes Públicos sean definitvamente claras.
Desde ese deseo, es que se produce este modesto aporte para la discusión democrática de ideas. Eduardo Jiménez
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[1]Profesor adjunto en las cátedras de Teoría Constitucional y Derechos Humanos y Garantías en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Funcionario de la justicia Federal. Director de grupo de investigación (UNMDP)
[2]JIMENEZ DE PARGA,Manuel " La ilusión política"(Ed.Alianza, Madrid, 1993)
[3] Ha dicho en este sentido JIMENEZ DE PARGA (Op. Cit. pag. 213) que "La corrupción política es, ante todo, un asunto de ética social
[4] PADIOLEAU, J.G. "L'Etat au concret, 1982; de la corruptión dans les oligarchies pluralistes" (Rev. Franc. Soc., 1985).-
[5] Sindicadas por HEIDENHEIMER (Before Watergate, 1978, Eisendtadt Ed.) como la potencialmente más destructora de las democracias.
[6] En términos del maestro VANOSSI al efectuar la que consideramos la mas certera postura crítica vertida respecto de la reforma constitucional, publicada en LL. del 1 y 2 de diciembre de 1994, con la que discrepamos en muchos aspectos, pero no en la seriedad y consecuencia del planteo.
[7] Nos basamos aquí en la categorización efectuada por AVILA BERNAL, Alvaro, en su "Corrupción y expoliación en América Latina" Ed Grijalbo,Barcelona, 1987, pag.211 y ss. http://www.eft.com.ar/doctrina/articulos/corrupcion.htm

Pensamiento / François Dubet "La igualdad de oportunidades es una ficción,"

El sociólogo francés, autor de Repensar la justicia social, afirma que los sistemas escolares tradicionales aumentan la inequidad, y propone una completa reforma educativa
"En Francia, al menos, la gente ya no cree que se pueda mejorar la sociedad, sino sólo el destino de aquellos que lo merecen", afirma Dubet. / ANÍBAL GRECO
Raquel San Martín - LA NACION - 03 de junio de 2011
Cuando, hace diez años, François Dubet preguntaba a sus estudiantes en Francia dónde estaban las desigualdades sociales más graves, le respondían: "Entre los pobres; entre los obreros". Cuando pregunta eso hoy, no dudan: "Entre las mujeres, los inmigrantes, los jóvenes". La experiencia personal le sirve a este sociólogo francés para ilustrar un cambio contemporáneo en la concepción de la justicia social -de las reivindicaciones socioeconómicas a la lucha contra la discriminación- que, afirma, está profundizando las desigualdades. En Repensar la justicia social , que acaba de editar Siglo XXI, y que Dubet vino a presentar a la Feria del Libro, el autor critica el concepto de igualdad de oportunidades que impera hoy en el discurso hegemónico, como un modelo que, al promover el mérito como condición para ascender socialmente, transforma la sociedad en "muy violenta y muy poco solidaria". En cambio, se pronuncia a favor de la "igualdad de posiciones", que busca reducir las desigualdades en las condiciones de vida y acortar las brechas sociales y económicas, una idea que, afirma, podría ayudar a la "reconstrucción ideológica de la izquierda", al menos en su país.
Director de estudios de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, heredero de la sociología de Alain Touraine, Dubet es conocido por sus trabajos en el campo de la educación. "La justicia de un sistema escolar no está tanto en la cantidad de alumnos pobres que llegan a la elite, sino en la calidad de la escuela de los alumnos más débiles", afirma en diálogo con adn , y critica las políticas educativas de mirada corta. "Los países que tienen buenos resultados son los que han decidido reformar el sistema escolar completamente", asegura.
-Afirma en su libro que la igualdad de oportunidades descansa en una ficción.
-Decir que somos libres e iguales es una ficción, y la igualdad de oportunidades es indiscutiblemente una ficción. Es un principio de justicia que individualiza a los actores y pone a todos en competencia, y creo que no está bien construir una sociedad sobre un principio como ése. Además, el logro del mérito puede incrementar considerablemente las desigualdades sociales. En el fondo, el mérito no impide que los más ricos tengan todo y que estemos convencidos de que lo merecen, así como de que los pobres merecen la pobreza. Como estamos en una sociedad muy individualista, capitalista y liberal, el principio de la igualdad de oportunidades la transforma en muy desigual, muy violenta y muy poco solidaria. Hoy la concepción de las desigualdades sociales en Estados Unidos, Canadá y Europa está basada únicamente en la discriminación, es decir, en los obstáculos al mérito. Es verdad, pero no hay que olvidar que si un obrero está mal pagado no es porque no tenga mérito, sino porque está siendo explotado.
-¿Hay alguna manera, dentro del sistema capitalista en el que estamos, de encontrar un equilibrio entre la igualdad y el mérito?
-Es verdad que estamos dentro de una economía capitalista y en ella estaremos por un largo tiempo, pero el capitalismo no determina la sociedad como una fatalidad. Canadá y Estados Unidos tienen exactamente la misma economía capitalista, pero las desigualdades sociales son dos veces menores en Canadá que en Estados Unidos; la inseguridad no existe en Canadá; los canadienses gastan menos que Estados Unidos en la salud y tienen mejor servicio; la escuela canadiense es muy igualitaria, la escuela estadounidense no lo es en absoluto. Lo que nos quieren hacer creer los liberales, de un lado, y lo que en Francia se llama "la izquierda de la izquierda", por el otro, es que hay una fatalidad capitalista, pero la historia social muestra que no la hay. En el interior de las sociedades siempre hay capacidad de acción.
- ¿Qué le critica a la igualdad de oportunidades?
-En Europa y Estados Unidos hay un cambio de concepción de la justicia social. Cuando se piensan las desigualdades en términos de "patrón-obrero", se piensa en una desigualdad de posiciones sociales, pero cuando se razona "mujeres, jóvenes, inmigrantes", como ahora, se hace en términos de discriminación. Hemos luchado mucho contra la discriminación de las mujeres y hemos logrado que las mejores mujeres asciendan pero no hemos disminuido las desigualdades entre las posiciones sociales. Si yo quisiera realmente reducir las desigualdades entre mujeres y hombres, subiría los salarios de las cajeras de supermercados, que son puestos femeninos en general. Hay pocos puestos de jefe de Estado. Si la secretaria está bien pagada y nunca llega a gerenta, es menos grave que si está mal pagada y nunca alcanza un puesto gerencial.
-En general se afirma que la escuela puede cada vez menos reducir las desigualdades sociales, pero usted dice que las profundiza.
-Hay países como los escandinavos, los asiáticos, Canadá, en cierta medida Inglaterra, en los cuales la escuela reduce las desigualdades sociales. Y hay países en los cuales hay menos desigualdad en la escuela que en el resto de la sociedad. Varios factores lo explican. Primero, la repartición espacial de las desigualdades sociales. En las ciudades donde los ricos y los pobres viven separados, las desigualdades escolares prolongan las desigualdades sociales: los más ricos van a las mismas escuelas, lo mismo ocurre con los más pobres. Hay un factor político: los países que más reducen las desigualdades sociales tienen una escuela común, no selectiva, entre los 5 y los 16 años. Y el tercer factor es que cuanto más decisivo es el rol de los diplomas en el acceso al empleo, más fuertes son la competencia social y las desigualdades escolares. Las buenas escuelas son las que dedican más esfuerzo a los alumnos con más dificultades. La justicia de un sistema escolar no está tanto en la cantidad de alumnos pobres que llegan a la elite, sino en la calidad de la escuela de los alumnos más débiles. La verdadera dificultad hoy es tener una pedagogía individualizada. Los países con mejores resultados escolares son aquellos donde los docentes consideran que la igualdad social no es contradictoria con la individualización de los alumnos. Y los alumnos que no han tenido éxito en la escuela deben poder beneficiarse con otros tipos de formación. Cuando yo era chico, la escuela les decía a los hijos de obreros que probablemente iban a ser obreros, pero que la condición obrera iba a mejorar. Hoy se les dice que la situación obrera es mala; que si tienen méritos, saldrán de ella, pero si no los tienen, peor para ellos.
-Hoy hay un grave problema de deserción, sobre todo en la escuela media.
-En todo el mundo.
-Y hay quienes se preguntan por qué los chicos volverían a la misma escuela que abandonaron si no se generan condiciones para que regresen.
-Creo que el problema de la deserción, sobre todo en chicos a partir de los 12 o 13 años, debe hacer pensar por qué la cultura escolar parece no interesar a los alumnos, por qué sienten que pueden acceder a mucha información por sí solos. La escuela en este sentido es como la religión: ha perdido poder de seducción. Por otra parte, estamos en una sociedad que les dice a los alumnos que la escuela es indispensable para tener éxito en la vida, y en cuanto un número de estudiantes entienden que no van a lograrlo, no les interesa ir. Creo que hay que repensar completamente la escuela porque, al menos en Francia, se ha transformado en un espacio de competencia por tener trabajo. Hay dos peligros: el primero es decir que, ya que la sociedad es desigual, capitalista, egoísta, no hay nada que se pueda mejorar en la escuela, y la segunda es imaginar que la escuela puede resolverlo todo. Pero hay escuelas mejores que otras. Y no es solamente una cuestión de recursos.
-Aquí se destina mucho dinero para educación, pero los resultados no parecen acompañar esa inversión.
-En Francia se ha dado mucho dinero para educación y los resultados no son buenos, porque hemos retrasado la formación de los docentes y hemos perdido el coraje de hacer reformas. Los países que obtienen buenos resultados son los que han decidido reformar el sistema escolar. Hace treinta años ni los países escandinavos, ni Canadá, ni Inglaterra tenían buenos resultados, y empezaron de nuevo. Hace falta inteligencia, capacidad política y un Estado capaz de hacerlo. Sacar a los mejores alumnos de un barrio pobre y mandarlos a una buena escuela hace que las condiciones sociales se degraden, porque en el barrio pobre sólo quedan los peores alumnos. Se le hace justicia a un individuo, pero la justicia individual se vuelve una injusticia colectiva, porque se incrementan las distancias.
-La salvación individual no es la salvación colectiva, como usted escribió.
-Exacto. Hay que razonar como se hacía hace un siglo con la tuberculosis. La vencimos con vacunas pero fundamentalmente con agua corriente, buena alimentación, mejoras en las condiciones de la gente. Hoy vuelve la tuberculosis porque las condiciones de vida se degradan. Y creo que los gobiernos han renunciado a reparar eso. En Francia, al menos, la gente ya no cree que se pueda mejorar la sociedad, sino sólo el destino de aquellos que lo merecen.http://www.lanacion.com.ar/1377743-la-igualdad-de-oportunidades-es-una-ficcion

TEMAS QUE DEBERIAN INTERESAR: Un fenómeno global que tambien se manifiesta en la economia El populismo posmoderno Daniel Gustavo Montamat



Hasta que el viceministro de Economía, Roberto Feletti, planteó la "radicalización" del populismo económico, los ideólogos de estas ideas preferían el debate y la confrontación de argumentos en el terreno político. La racionalización del populismo económico no es casual, sino un signo de época que marca la vigencia y la seducción de este discurso en la cultura posmoderna.
Ernesto Laclau se ha transformado en un ícono de la razón de ser del populismo político. La lógica populista es por definición cortoplacista, pero produce un "efecto sedante" en toda sociedad en crisis, que la vuelve cautivante y, según la ocasión, "útil para evitar males mayores".
La construcción racional es conocida. A partir de la sumatoria de demandas sociales insatisfechas, el populismo divide a la sociedad y convierte a la mayoría en un todo aglutinante que se apropia del concepto "pueblo". El líder, que representa al pueblo, y que evita la intermediación propia de los mecanismos institucionales para articular su relación con el grupo, promete soluciones inmediatas a problemas causados por un "enemigo" interno (el "antipueblo") que representa intereses de un "enemigo" externo (el neoliberalismo, el marxismo, el FMI, los "zurdos", los "yanquis", etc.). El enemigo también sirve de excusa a las demoras de resultados, las postergaciones de planes y las promesas incumplidas.
El populismo político espanta a los que comparten valores republicanos fraguados en los principios del constitucionalismo moderno y el Estado de Derecho, pero resulta edulcorado para quienes se conforman con una democracia formal basada en la regla de la mayoría. Las versiones maniqueas de la realidad a menudo suman votos y ganan elecciones. Si enfrentan instituciones débiles y crisis sociales recurrentes, muchas veces degeneran en las denominadas democracias "delegativas" o "prebendarias" que, salvo por los turnos electorales, en nada se parecen a las democracias representativas o participativas. Bajo la lupa de la argumentación moderna, todas las variantes de democracia populista son ni más ni menos que reencarnaciones de los proyectos corporativos fascistas de mediados del siglo pasado; reminiscencias de los nacionalismos románticos del siglo XIX.
Si esa explicación fuera suficiente, habría que complementarla con una suerte de fatalismo sociológico: las sociedades, como el hombre, tropiezan varias veces con la misma piedra. Pero el auge populista de principios del siglo XXI tiene más que ver con el presente que con el pasado. El populismo es la nave insignia de la política posmoderna, en la que rige el "imperio de lo efímero". La obsesión por ocuparse en las demandas del hoy -del aquí y del ahora-, movilizando pasiones y sentimientos exculpatorios, el pragmatismo exacerbado para brindar soluciones rápidas que no reparan en consecuencias futuras y el culto a la sensación que domina el presente constituyen una poderosa apelación a eternizar el instante: el proyecto excluyente de la posmodernidad.
También el populismo económico despliega una lógica argumental racional. La captura de rentas (flujos de ingresos con ganancias consideradas extraordinarias) y la apropiación de stocks acumulados mediante el proceso de ahorro-inversión con el fin de acelerar la redistribución de ingresos no cuentan con apologetas ortodoxos, pero concitan adhesiones en un buen número de economistas heterodoxos. Argumentan que las fallas del mercado, reconocidas por el consenso de la profesión, afectan la distribución de la riqueza y reducen el bienestar de la sociedad. Propician corregir esas fallas con intervenciones activas en las políticas de ingreso para mejorar la condición de los menos aventajados. Las regulaciones y las políticas de ingreso correctivas habilitan al gobierno a interferir en el sistema de precios, que se asume distorsionado, y a apropiarse de las rentas, empezando por las de los recursos naturales.
La crítica generalizada al populismo económico también abreva en concepciones modernas. Desde el propio progresismo puede argumentarse que el proceso de desacumulación de stocks y el reparto de rentas presentes no es sostenible en el tiempo y violenta el tercer principio de justicia social formulado por John Rawls: el principio "de ahorro justo"; lo que la generación presente está obligada a dejar para los que vienen: la justicia intergeneracional. Paul Krugman sostiene que el populismo económico se caracteriza por los excesos monetarios y fiscales. Sus programas asumen la quimera del financiamiento externo irrestricto (que termina en default y devaluación), o la quimera de la emisión monetaria irrestricta (que termina en hiperinflación y devaluación). Sucede que las rentas extraordinarias desaparecen, los stocks acumulados se depredan obligando a reinvertir para reponerlos y las políticas redistributivas dependientes de ellos se quedan sin financiamiento.
La reiteración de los ciclos de ilusión y desencanto populista del pasado hace difícil entender el auge de las políticas económicas populistas en el presente. Por eso, también hay que interpretar el fenómeno en clave posmoderna. La economía posmoderna se caracteriza por promover el consumo existencial, para ser (el consumo para "parecer" todavía es moderno), un consumo bulímico que no repara en las condiciones de sustentabilidad. Para el consumidor posmoderno la gratificación del instante presente no es intercambiable con ningún diferimiento de consumo para el futuro (ahorro) a pesar de las restricciones presupuestarias y aunque el crédito esté sobregirado. Ese consumo es consustancial con la depredación de stocks acumulados y el uso de flujos extraordinarios para atender demandas presentes sin tener en cuenta las consecuencias futuras.
La redistribución ya no es un objetivo de justicia social, sino un medio (un pretexto) para alentar sensaciones de consumo efímero, desigual y clientelar para muchos, pero anestésico en la angustia del instante. El populismo en clave moderna se anatemizaba como "pan para hoy, hambre para mañana"; en la posmodernidad es "pan para hoy, no existe el mañana".
El populismo está globalizado y, como sucede entre nosotros, tiene promotores por derecha y por izquierda. Sus manifestaciones políticas y su arraigo social dependen de la fortaleza institucional del medio en que actúa. No es un fenómeno propio de las economías en desarrollo: también cunde en la economías desarrolladas. ¿Acaso no fue populista la política de Bush y Greenspan, ambos conservadores, cuando exacerbaron el consumo americano con shocks fiscales y monetarios tras el ataque a las Torres Gemelas? La burbuja inmobiliaria y la crisis financiera derivada de esa política que estalló en 2008 fueron una crisis de consumo posmoderno. ¿No fueron las políticas populistas las que predominaron en muchas economías europeas luego de que la unión monetaria habilitara el crédito fácil y el financiamiento del consumo presente con consecuencias futuras que hoy están a la vista? ¿Dónde quedaron los acuerdos vinculantes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero? ¿No ofrecía la gran recesión de 2008 la oportunidad de estimular la demanda agregada mundial con un programa de inversiones de largo plazo que permitiera al mundo globalizado empezar a transitar la senda del desarrollo sustentable?
Son los valores posmodernos los que se resisten a cambiar los patrones de un crecimiento mundial que depreda recursos materiales y ambientales con graves consecuencias sociales. Son los liderazgos posmodernos los que explican el cinismo con que la clase dirigente evita toda transacción que involucre resignaciones presentes en aras de un futuro posible.
El futuro no cuenta, pero el presente nos augura rumbo de colisión. Nuestra civilización vive tiempos de confluencia interoceánica entre los valores de la cultura moderna y la posmoderna. Para evitar el naufragio, se hace imprescindible incorporar a la cartografía que hasta ahora ha servido de guía -léase el modelo teórico moderno-, los nuevos datos que proporciona la ascendiente cultura posmoderna. Sólo a partir de un diagnóstico relevante el mundo y la Argentina estarán en condiciones de encontrar los liderazgos y los programas de largo plazo para revertir las consecuencias inevitables del colapso al que nos encamina la posmodernidad populista.
© La Nacion
El autor es doctor en Economía y en Derecho y Ciencias Sociales

Cómo crear políticas de Estado Por Luis Alberto Romero

Nicasio Oroño fue un destacado político santafesino del siglo XIX, embanderado en todas las causas progresistas de la época, desde el matrimonio civil hasta la educación y la inmigración. Por cuestiones que hoy parecen menores, se enfrentó con Sarmiento, pasó buena parte de su vida convencido de que sus ideas eran contrarias a las del sanjuanino, y murió aborreciéndolo. Probablemente tuvieron diferencias, y no menores, sobre inmigración y educación. Pero en perspectiva, esas ideas, y las de muchos otros, forman parte de un común emprendimiento de transformación de la Argentina, sumamente exitoso, impulsado por el Estado en las últimas décadas del siglo XIX. Hoy lo llamaríamos “políticas de Estado” y nos admiramos del consenso con que se construyeron. Olvidamos los debates y las diferencias y apreciamos la coincidencia. Miramos el bosque e ignoramos los árboles.
En la década de 1960 no se hablaba de políticas de Estado. Era común referirse al Proyecto de la Generación del Ochenta. Eran los tiempos de la planificación y de los Planes de Desarrollo, de modo que predominó una imagen tecnocrática. La gran transformación finisecular habría sido el resultado de un proyecto formulado por técnicos calificados y políticos expertos: la famosa “generación del Ochenta”.
Otros preferían hablar, para éste y otros casos, de un “proyecto nacional”. En distintos momentos, el proyecto nacional habría expresado la voluntad unánime del pueblo, encolumnado detrás de objetivos de grandeza nacional. Los técnicos eran importantes, pero también el líder, capaz de encarnar y dar forma a la aspiración unánime del pueblo nacional.
En los tiempos democráticos actuales desconfiamos de esa unanimidad, que tiene resonancias castrenses. Pero apreciamos la idea de políticas de largo plazo, a las que finalmente llamamos políticas de Estado. Son estables y continuas. No dependen de los cambiantes humores políticos de los gobiernos, ni de las coyunturas electorales, sino que se apoyan en saberes técnicos y en consensos. Hoy, las políticas de Estado aparecen en muchas propuestas como las antípodas del decisionismo kirchnerista. Su ideal parece ser un programa redactado por expertos y rubricado por políticos. Combina la ilusión tecnocrática con una dosis de otra ilusión: el consenso, que comúnmente es compartido con los Pactos de la Moncloa.

No es así como sucedieron las cosas en 1880. Entonces la Argentina adoptó un camino que resultó exitoso, en parte porque se adecuó a las circunstancias del mundo, y en parte porque hubo debates ásperos y enconados sobre cuestiones tan decisivas como el régimen monetario o el laicismo. Luego de ellos, se tomaron decisiones, que supusieron la victoria de unos criterios y la derrota de otros. Fueron debates enconados, y sus protagonistas, lejos de felicitarse por los consensos, a menudo murieron amargados y convencidos de su derrota, como Oroño o el propio Sarmiento.
Así se construyó lo que a la distancia llamamos exitosas políticas de Estado. Son políticas porque hubo confrontación. Pero también son de Estado, y esto es un punto importante hoy, cuando nuestro Estado, tan maltrecho, desatiende una de sus tareas básicas: impulsar y coordinar los debates colectivos que, una vez decantados, sustentarán y orientarán sus políticas. Esta es la tarea de quienes gobiernan el Estado y de quienes integran su burocracia y sus agencias técnicas, y de su calificación e idoneidad depende en buena medida el resultado.

Pero también se requiere un funcionamiento institucional que facilite la circulación del debate por los órganos representativos, los partidos, la prensa y los ámbitos civiles de opinión, que precedan la decisión política. En el transcurso de esa circulación habrá combates. Así, aunque sus protagonistas no lo adviertan, se decantarán los consensos que asegurarán la continuidad del meollo de las políticas. Hoy no tenemos ese “estado donde la sociedad piensa sobre sí misma”, según la frase de Durkheim. Construirlo es un requisito para tener políticas de Estado.
*Investigador principal del Conicet. Dirige el Centro de Historia Política de la Unsam.
http://www.perfil.com/contenidos/2010/08/21/noticia_0034.html