*Gustavo Bossert Para LA NACION
Miércoles 23 de setiembre de 2009
El Gobierno, en su propósito de imponer su proyecto de ley de servicios audiovisuales antes del 10 de diciembre, sostiene que es necesario "reemplazar la ley de la dictadura"; apela así al sentimiento de repugnancia que en los espíritus democráticos provoca la evocación de los crímenes de la última dictadura militar. Pero es una frase sin contenido, ya que de la ley dictada por la dictadura queda muy poco, puesto que en los últimos 30 años su texto recibió 206 modificaciones, por vía de leyes, decretos y resoluciones.
Por otra parte, es contradictorio que desde el Gobierno se alce esa frase como bandera, cuando en agosto logró que la mayoría oficialista del Congreso aprobara a libro cerrado la prolongación de la vigencia de leyes dictadas por la última dictadura militar, entre ellas, la ley que en 1981 introdujo el artículo 755 del Código Aduanero, que contra lo que dicen los artículos 4, 9, 17, 52, 75, 76 y 99 de la Constitución Nacional, admite que el Ejecutivo establezca impuestos de importación y exportación, entre ellos, las retenciones a los productos del campo.
En el proyecto que hoy tiene media sanción, la autoridad de aplicación tiene amplios poderes sobre la libertad de expresión e información, garantizadas por los artículos 14 y 32 de la Constitución y el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de jerarquía constitucional, ya que, entre muchas otras facultades, sustancia los procedimientos para los concursos, adjudicación directa y autorización para la explotación de servicios de radiodifusión, adjudica y prorroga o declara la caducidad de las licencias, los permisos y las autorizaciones, aplica las sanciones por incumplimiento y resuelve los recursos y reclamos del público.
Esa autoridad de aplicación debería ser, entonces, un ente autónomo, desvinculado del poder político, integrado por representantes de entidades culturales, periodistas, juristas, legisladores y otras expresiones de la sociedad plural. Lejos de ello, la autoridad de aplicación será un apéndice de la Presidencia, ya que "funcionará en el ámbito del Poder Ejecutivo" y tendrá siete miembros: dos designados por el Ejecutivo (uno de ellos ejercerá la presidencia), tres legisladores, uno de ellos del oficialismo, y dos designados por el Consejo Federal, organismo aritméticamente dominado por los 24 gobernadores, en el que, entre otros integrantes, sólo habrá tres representantes de los medios privados, lo que permite prever que los gobernadores oficialistas, que son mayoría, más otros necesitados de los aportes de la caja del gobierno nacional, designarán a los dos miembros de la autoridad de aplicación con la conformidad del Ejecutivo.
Todo ello le dará al Gobierno una mayoría de cinco, o al menos de cuatro miembros, sobre la totalidad de siete integrantes de la autoridad de aplicación. Además, las decisiones se tomarán por mayoría simple de los miembros presentes, lo que facilitará la toma de decisiones al presidente y los restantes miembros oficialistas del cuerpo.
La matemática no miente. Es fácil advertir el enorme poder que obtendrá el Ejecutivo sobre los medios. Y la autoridad de aplicación que ahora se designe durará hasta 2013 y abarcará el proceso electoral presidencial de 2011, tal vez el gran objetivo de esta reforma de urgencia.
La autoridad de aplicación, al dar una licencia, tendrá la facultad de analizar "la programación propuesta" (artículos 28 y 34, entre otros), o sea, los contenidos, lo que implica poder descalificar según el pensamiento de los peticionantes. ¿Y la libertad de expresión?
Además, el proyecto dispone que las licencias se renueven cada dos años, es decir, casi constantemente. De modo que los medios deberán recordar que sus posibles opiniones críticas serán evaluadas por la autoridad de aplicación, y pueden conducir a la no renovación de las licencias.
Conforme al proyecto, en determinados casos los actuales prestatarios de servicios audiovisuales deberán desprenderse de licencias dentro del exiguo plazo de un año, lo que permitirá que entidades afines al Gobierno las adquieran y engrosen la voz oficial. Todo esto -guardando las distancias- recuerda el control sobre los medios que ejercen los regímenes totalitarios.
A ello se suma lo dispuesto en el artículo 2 del proyecto, que distribuye los servicios de comunicación audiovisual entre tres grupos de prestadores: gestión estatal, gestión privada con fines de lucro y gestión privada sin fines de lucro. Conforme al amplio poder del Ejecutivo para otorgar licencias, es fácil imaginar que los espacios de "gestión privada sin fines de lucro" se otorgarán a organizaciones afines al Gobierno. Y esto, en los hechos, significaría también un absoluto predominio de las licencias -no menos de dos tercios- entre las que tendrán el Estado y entidades afines al Ejecutivo. Esto representa una perspectiva sombría para la información plural que necesita la República.
En mi carácter de ciudadano ajeno a la actividad política y simple oyente y lector de los debates sobre el tema, no he escuchado ni leído hasta ahora una respuesta concreta y suficiente capaz de desechar ese temor.
El proyecto no incluye una regulación, concreta y específica, de "la pauta oficial", es decir, el modo en que el Estado debe repartir la publicidad oficial entre los medios, a pesar de que esa exigencia figura entre los 21 puntos que elaboró la Coalición para una Radiodifusión Democrática, documento sobre el cual, según afirmaciones oficiales, se basó el proyecto. Esto es grave, dada la arbitrariedad con que el Gobierno reparte la publicidad oficial entre los medios que le son afines. La niega a los otros, sin respetar ninguna pauta objetiva, conforme a las cifras y los detalles que se han hecho públicos.
Este proyecto, rico en ambigüedades, que pone en riesgo la libertad de información, se pretende convertir en ley con la velocidad de las urgencias políticas, antes de que el Congreso se integre conforme a la voluntad popular expresada el 28 de junio.
Pero pienso, o quiero pensar, que quienes en el Congreso tienen la posibilidad de abrir y extender este debate, absteniéndose de imponer el simple peso de un número circunstancial, habrán de recordar que la vida no termina en esta votación, que el nombre de cada uno permanece para siempre unido a honores o rechazos, que el futuro viene para todos y que el proyecto roza aspectos esenciales de la vida en sociedad y en él se discute la libertad de expresión hecha pájaro libre o sometida a un poder capaz de controlarla. * ex Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Miércoles 23 de setiembre de 2009
El Gobierno, en su propósito de imponer su proyecto de ley de servicios audiovisuales antes del 10 de diciembre, sostiene que es necesario "reemplazar la ley de la dictadura"; apela así al sentimiento de repugnancia que en los espíritus democráticos provoca la evocación de los crímenes de la última dictadura militar. Pero es una frase sin contenido, ya que de la ley dictada por la dictadura queda muy poco, puesto que en los últimos 30 años su texto recibió 206 modificaciones, por vía de leyes, decretos y resoluciones.
Por otra parte, es contradictorio que desde el Gobierno se alce esa frase como bandera, cuando en agosto logró que la mayoría oficialista del Congreso aprobara a libro cerrado la prolongación de la vigencia de leyes dictadas por la última dictadura militar, entre ellas, la ley que en 1981 introdujo el artículo 755 del Código Aduanero, que contra lo que dicen los artículos 4, 9, 17, 52, 75, 76 y 99 de la Constitución Nacional, admite que el Ejecutivo establezca impuestos de importación y exportación, entre ellos, las retenciones a los productos del campo.
En el proyecto que hoy tiene media sanción, la autoridad de aplicación tiene amplios poderes sobre la libertad de expresión e información, garantizadas por los artículos 14 y 32 de la Constitución y el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de jerarquía constitucional, ya que, entre muchas otras facultades, sustancia los procedimientos para los concursos, adjudicación directa y autorización para la explotación de servicios de radiodifusión, adjudica y prorroga o declara la caducidad de las licencias, los permisos y las autorizaciones, aplica las sanciones por incumplimiento y resuelve los recursos y reclamos del público.
Esa autoridad de aplicación debería ser, entonces, un ente autónomo, desvinculado del poder político, integrado por representantes de entidades culturales, periodistas, juristas, legisladores y otras expresiones de la sociedad plural. Lejos de ello, la autoridad de aplicación será un apéndice de la Presidencia, ya que "funcionará en el ámbito del Poder Ejecutivo" y tendrá siete miembros: dos designados por el Ejecutivo (uno de ellos ejercerá la presidencia), tres legisladores, uno de ellos del oficialismo, y dos designados por el Consejo Federal, organismo aritméticamente dominado por los 24 gobernadores, en el que, entre otros integrantes, sólo habrá tres representantes de los medios privados, lo que permite prever que los gobernadores oficialistas, que son mayoría, más otros necesitados de los aportes de la caja del gobierno nacional, designarán a los dos miembros de la autoridad de aplicación con la conformidad del Ejecutivo.
Todo ello le dará al Gobierno una mayoría de cinco, o al menos de cuatro miembros, sobre la totalidad de siete integrantes de la autoridad de aplicación. Además, las decisiones se tomarán por mayoría simple de los miembros presentes, lo que facilitará la toma de decisiones al presidente y los restantes miembros oficialistas del cuerpo.
La matemática no miente. Es fácil advertir el enorme poder que obtendrá el Ejecutivo sobre los medios. Y la autoridad de aplicación que ahora se designe durará hasta 2013 y abarcará el proceso electoral presidencial de 2011, tal vez el gran objetivo de esta reforma de urgencia.
La autoridad de aplicación, al dar una licencia, tendrá la facultad de analizar "la programación propuesta" (artículos 28 y 34, entre otros), o sea, los contenidos, lo que implica poder descalificar según el pensamiento de los peticionantes. ¿Y la libertad de expresión?
Además, el proyecto dispone que las licencias se renueven cada dos años, es decir, casi constantemente. De modo que los medios deberán recordar que sus posibles opiniones críticas serán evaluadas por la autoridad de aplicación, y pueden conducir a la no renovación de las licencias.
Conforme al proyecto, en determinados casos los actuales prestatarios de servicios audiovisuales deberán desprenderse de licencias dentro del exiguo plazo de un año, lo que permitirá que entidades afines al Gobierno las adquieran y engrosen la voz oficial. Todo esto -guardando las distancias- recuerda el control sobre los medios que ejercen los regímenes totalitarios.
A ello se suma lo dispuesto en el artículo 2 del proyecto, que distribuye los servicios de comunicación audiovisual entre tres grupos de prestadores: gestión estatal, gestión privada con fines de lucro y gestión privada sin fines de lucro. Conforme al amplio poder del Ejecutivo para otorgar licencias, es fácil imaginar que los espacios de "gestión privada sin fines de lucro" se otorgarán a organizaciones afines al Gobierno. Y esto, en los hechos, significaría también un absoluto predominio de las licencias -no menos de dos tercios- entre las que tendrán el Estado y entidades afines al Ejecutivo. Esto representa una perspectiva sombría para la información plural que necesita la República.
En mi carácter de ciudadano ajeno a la actividad política y simple oyente y lector de los debates sobre el tema, no he escuchado ni leído hasta ahora una respuesta concreta y suficiente capaz de desechar ese temor.
El proyecto no incluye una regulación, concreta y específica, de "la pauta oficial", es decir, el modo en que el Estado debe repartir la publicidad oficial entre los medios, a pesar de que esa exigencia figura entre los 21 puntos que elaboró la Coalición para una Radiodifusión Democrática, documento sobre el cual, según afirmaciones oficiales, se basó el proyecto. Esto es grave, dada la arbitrariedad con que el Gobierno reparte la publicidad oficial entre los medios que le son afines. La niega a los otros, sin respetar ninguna pauta objetiva, conforme a las cifras y los detalles que se han hecho públicos.
Este proyecto, rico en ambigüedades, que pone en riesgo la libertad de información, se pretende convertir en ley con la velocidad de las urgencias políticas, antes de que el Congreso se integre conforme a la voluntad popular expresada el 28 de junio.
Pero pienso, o quiero pensar, que quienes en el Congreso tienen la posibilidad de abrir y extender este debate, absteniéndose de imponer el simple peso de un número circunstancial, habrán de recordar que la vida no termina en esta votación, que el nombre de cada uno permanece para siempre unido a honores o rechazos, que el futuro viene para todos y que el proyecto roza aspectos esenciales de la vida en sociedad y en él se discute la libertad de expresión hecha pájaro libre o sometida a un poder capaz de controlarla. * ex Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
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