Alieto Aldo Guadagni
Para LA NACION Miércoles 19 de agosto de 2009
Nuestro sistema universitario necesita una profunda reforma. Los estudiantes son alrededor de 1,6 millones, de los cuales asiste a universidades privadas un 19%. En la última década, la matricula total de las universidades públicas aumentó un 46%; en las universidades privadas lo hizo en un 100%. Ingresan anualmente 360.000 alumnos (uno de cada cuatro, a una universidad privada), pero apenas se gradúan 87.000, de los cuales un 28% proviene de universidades privadas.
La relación entre graduados por año y total de alumnos es muy baja (7,2% en las universidades privadas y apenas un 3,8% en las públicas). Los graduados correspondientes a carreras vinculadas a la producción, la investigación básica y el progreso tecnológico representan apenas el 24% de los graduados en las universidades públicas, el desnivel es más marcado en las universidades privadas, donde apenas el 17% de los graduados corresponden a las ciencias básicas y aplicadas. En las universidades públicas, por cada físico se gradúan 90 abogados; en las privadas, se gradúan 103 abogados por cada químico. En las universidades públicas, los graduados en ciencias agropecuarias, tan necesarios para el desarrollo productivo del país, son apenas el 2,6% del total de graduados; en las privadas son apenas el 0,5%. De los 63.000 graduados en 2007, en las universidades públicas apenas un 5% son ingenieros; en las privadas, de los 24.000 graduados apenas son ingenieros el 1,3%.
Es preocupante que el rol integrador de la universidad se vea frustrado por la carencia de un sistema secundario universal, ya que mientras más del 75% de los adolescentes que pertenecen al quintil de más altos ingresos concluyen el nivel secundario, apenas lo concluye el 24% del quintil inferior.
La cruda realidad es que, en la universidad pública, por cada ocho alumnos pertenecientes al 20% más rico de la población hay apenas uno que proviene del 20% más pobre. En la enseñanza primaria pública es al revés: por cada alumno que viene del 20% más rico hay más de cuatro que provienen del quintil más pobre. Es grave que el 80% de los que ingresan en la universidad pública no concluye sus estudios; el abandono es muy alto en los jóvenes de familias con bajos recursos económicos.
Graduamos menos profesionales universitarios en proporción al número de ingresantes que otros países latinoamericanos, como Uruguay, Chile y Colombia, para no hablar de Europa, Japón, Cuba, China o Estados Unidos. Toda la sociedad, incluso los muy pobres, afronta así un costo muy alto para graduar a un universitario.
La Argentina invierte en un sistema universitario en el cual la gran mayoría de los estudiantes no se gradúan, triplicando así el costo de tener un graduado. Como son muy pocos los graduados de las universidades públicas que provienen de familias pobres, el sistema no es sólo ineficiente, sino altamente regresivo desde el punto de vista social.
Las propuestas reformistas se fundan en el diagnóstico de la situación de la educación, que puede sintetizarse así: 1) Gran aumento en la escolarización secundaria.Este incremento cuantitativo no fue acompañado por una mejora cualitativa, sino lo contrario, ya que las evidencias indican un deterioro en la calidad educativa, especialmente en las escuelas de los pobres.
2) Incremento en la proporción de alumnos que se matriculan en escuelas privadas, consolidando así una estructura dual, con sectores medios y altos por un lado y familias pobres por el otro, en escuelas públicas sin recursos para asegurar la igualdad de oportunidades.
3) Incumplimiento sistemático del calendario escolar, lo que perjudica principalmente a las familias pobres, que tienen como única alternativa la escuela pública. Son muy pocos los que asisten a escuelas con jornada extendida. No existen estímulos para mejorar la calidad educativa ni tampoco incentivos para que los estudiantes secundarios mejoren su nivel antes de ingresar en la universidad.
Señalemos que ningún país que haya progresado y abatido la pobreza carece de exámenes generales antes de pasar a la universidad, pero lamentablemente no los imitamos. Los graduados universitarios no tienen el perfil profesional requerido por el desarrollo del país.
A partir de este diagnóstico se proponen las siguientes seis acciones de gobierno en el nivel universitario.
1) Examen general al finalizar el ciclo secundario como requisito para ingresar en el nivel universitario público o privado. Difusión de los resultados de este examen anual agrupados por escuela, para que los gobiernos provinciales asuman su responsabilidad de mejorarlas.
2) Becas y préstamos a estudiantes de pocos recursos para que concluyan sin demoras sus estudios universitarios. Estas ayudas tienen que estar concentradas en las carreras universitarias prioritarias para el desarrollo de nuestro país, orientadas a los alumnos de pocos recursos y que hayan demostrado un buen desempeño en el examen de fin de ciclo. Esto significa ampliar el actual Programa Nacional de Becas Bicentenario para Carreras Científicas y Técnicas, que viene implementando el Ministerio de Educación desde el año 2009. 3. Desbloquear la regresiva imposibilidad legal de que las familias pudientes contribuyan al sostenimiento de la universidad pública que educa a sus hijos. Las familias de altos ingresos cuyos hijos asistan a universidades públicas contribuirán a su sostenimiento con un adicional en el impuesto a las ganancias que se transferirá directamente a la respectiva facultad; estarán excluidos de esta contribución quienes cursen carreras científicas y tecnológicas consideradas prioritarias. Los graduados de la universidad pública aportarán a sus facultades a través de una contribución anual, después del quinto año de la graduación como existe en Uruguay desde 1994.
4. Examen general para los egresados universitarios; este examen anual será rendido por quienes egresan de las facultades públicas o privadas. Sus resultados serán periódicamente considerados para la acreditación de los títulos habilitantes de estas facultades. El resultado del examen no será tenido en cuenta para la graduación del alumno, ya que su objetivo es apreciar la calidad de la universidad y no del graduado, por lo tanto, los resultados se publicarán agrupados por facultad.
5) Establecer colegios universitarios administrados por las provincias y municipios, con carreras cortas de naturaleza técnico-profesional; esto ayudaría a mejorar la relación graduados-alumnos en las universidades tradicionales y a fortalecer el sistema terciario educacional orientado al mundo del trabajo y de la producción. Hay una creciente necesidad de orientar la educación hacia el empleo, lo cual exige una alternativa adicional a las profesiones universitarias generalistas, con una expansión de competencias más específicas según los requerimientos laborales.
6) Todos los años, informar la situación del mercado laboral de los graduados universitarios. Este informe, que deberá ser presentado por el Ministerio de Educación, orientará acerca de la demanda ocupacional de las profesiones universitarias, facilidad para obtener empleo y nivel de remuneraciones. Este informe deberá presentarse "regionalizado", teniendo en cuenta la evolución de cada región del país.
Nuestra meta por alcanzar debe ser educación inclusiva de todos los grupos sociales, pero de calidad, con un calendario de jornada extendida a nivel inicial, primario y secundario que supere los 190 días de clases por año. Los niños pobres no deben ser postergados por escuelas deficientes, mal equipadas y con un corto periodo lectivo. La universidad estará abierta a todas las clases sociales y no discriminara en función del nivel socioeconómico de los alumnos, pero el ingreso debe comprometer el esfuerzo intelectual de los aspirantes. La matrícula universitaria no estará anclada en las tradicionales carreras del pasado, sino en las nuevas necesarias para poner en valor todos los recursos de la Nación y expandir su capital humano calificado.
La universidad estará vinculada a las necesidades del país como reclamaba Alberdi en los años de la Organización Nacional.
Para LA NACION Miércoles 19 de agosto de 2009
Nuestro sistema universitario necesita una profunda reforma. Los estudiantes son alrededor de 1,6 millones, de los cuales asiste a universidades privadas un 19%. En la última década, la matricula total de las universidades públicas aumentó un 46%; en las universidades privadas lo hizo en un 100%. Ingresan anualmente 360.000 alumnos (uno de cada cuatro, a una universidad privada), pero apenas se gradúan 87.000, de los cuales un 28% proviene de universidades privadas.
La relación entre graduados por año y total de alumnos es muy baja (7,2% en las universidades privadas y apenas un 3,8% en las públicas). Los graduados correspondientes a carreras vinculadas a la producción, la investigación básica y el progreso tecnológico representan apenas el 24% de los graduados en las universidades públicas, el desnivel es más marcado en las universidades privadas, donde apenas el 17% de los graduados corresponden a las ciencias básicas y aplicadas. En las universidades públicas, por cada físico se gradúan 90 abogados; en las privadas, se gradúan 103 abogados por cada químico. En las universidades públicas, los graduados en ciencias agropecuarias, tan necesarios para el desarrollo productivo del país, son apenas el 2,6% del total de graduados; en las privadas son apenas el 0,5%. De los 63.000 graduados en 2007, en las universidades públicas apenas un 5% son ingenieros; en las privadas, de los 24.000 graduados apenas son ingenieros el 1,3%.
Es preocupante que el rol integrador de la universidad se vea frustrado por la carencia de un sistema secundario universal, ya que mientras más del 75% de los adolescentes que pertenecen al quintil de más altos ingresos concluyen el nivel secundario, apenas lo concluye el 24% del quintil inferior.
La cruda realidad es que, en la universidad pública, por cada ocho alumnos pertenecientes al 20% más rico de la población hay apenas uno que proviene del 20% más pobre. En la enseñanza primaria pública es al revés: por cada alumno que viene del 20% más rico hay más de cuatro que provienen del quintil más pobre. Es grave que el 80% de los que ingresan en la universidad pública no concluye sus estudios; el abandono es muy alto en los jóvenes de familias con bajos recursos económicos.
Graduamos menos profesionales universitarios en proporción al número de ingresantes que otros países latinoamericanos, como Uruguay, Chile y Colombia, para no hablar de Europa, Japón, Cuba, China o Estados Unidos. Toda la sociedad, incluso los muy pobres, afronta así un costo muy alto para graduar a un universitario.
La Argentina invierte en un sistema universitario en el cual la gran mayoría de los estudiantes no se gradúan, triplicando así el costo de tener un graduado. Como son muy pocos los graduados de las universidades públicas que provienen de familias pobres, el sistema no es sólo ineficiente, sino altamente regresivo desde el punto de vista social.
Las propuestas reformistas se fundan en el diagnóstico de la situación de la educación, que puede sintetizarse así: 1) Gran aumento en la escolarización secundaria.Este incremento cuantitativo no fue acompañado por una mejora cualitativa, sino lo contrario, ya que las evidencias indican un deterioro en la calidad educativa, especialmente en las escuelas de los pobres.
2) Incremento en la proporción de alumnos que se matriculan en escuelas privadas, consolidando así una estructura dual, con sectores medios y altos por un lado y familias pobres por el otro, en escuelas públicas sin recursos para asegurar la igualdad de oportunidades.
3) Incumplimiento sistemático del calendario escolar, lo que perjudica principalmente a las familias pobres, que tienen como única alternativa la escuela pública. Son muy pocos los que asisten a escuelas con jornada extendida. No existen estímulos para mejorar la calidad educativa ni tampoco incentivos para que los estudiantes secundarios mejoren su nivel antes de ingresar en la universidad.
Señalemos que ningún país que haya progresado y abatido la pobreza carece de exámenes generales antes de pasar a la universidad, pero lamentablemente no los imitamos. Los graduados universitarios no tienen el perfil profesional requerido por el desarrollo del país.
A partir de este diagnóstico se proponen las siguientes seis acciones de gobierno en el nivel universitario.
1) Examen general al finalizar el ciclo secundario como requisito para ingresar en el nivel universitario público o privado. Difusión de los resultados de este examen anual agrupados por escuela, para que los gobiernos provinciales asuman su responsabilidad de mejorarlas.
2) Becas y préstamos a estudiantes de pocos recursos para que concluyan sin demoras sus estudios universitarios. Estas ayudas tienen que estar concentradas en las carreras universitarias prioritarias para el desarrollo de nuestro país, orientadas a los alumnos de pocos recursos y que hayan demostrado un buen desempeño en el examen de fin de ciclo. Esto significa ampliar el actual Programa Nacional de Becas Bicentenario para Carreras Científicas y Técnicas, que viene implementando el Ministerio de Educación desde el año 2009. 3. Desbloquear la regresiva imposibilidad legal de que las familias pudientes contribuyan al sostenimiento de la universidad pública que educa a sus hijos. Las familias de altos ingresos cuyos hijos asistan a universidades públicas contribuirán a su sostenimiento con un adicional en el impuesto a las ganancias que se transferirá directamente a la respectiva facultad; estarán excluidos de esta contribución quienes cursen carreras científicas y tecnológicas consideradas prioritarias. Los graduados de la universidad pública aportarán a sus facultades a través de una contribución anual, después del quinto año de la graduación como existe en Uruguay desde 1994.
4. Examen general para los egresados universitarios; este examen anual será rendido por quienes egresan de las facultades públicas o privadas. Sus resultados serán periódicamente considerados para la acreditación de los títulos habilitantes de estas facultades. El resultado del examen no será tenido en cuenta para la graduación del alumno, ya que su objetivo es apreciar la calidad de la universidad y no del graduado, por lo tanto, los resultados se publicarán agrupados por facultad.
5) Establecer colegios universitarios administrados por las provincias y municipios, con carreras cortas de naturaleza técnico-profesional; esto ayudaría a mejorar la relación graduados-alumnos en las universidades tradicionales y a fortalecer el sistema terciario educacional orientado al mundo del trabajo y de la producción. Hay una creciente necesidad de orientar la educación hacia el empleo, lo cual exige una alternativa adicional a las profesiones universitarias generalistas, con una expansión de competencias más específicas según los requerimientos laborales.
6) Todos los años, informar la situación del mercado laboral de los graduados universitarios. Este informe, que deberá ser presentado por el Ministerio de Educación, orientará acerca de la demanda ocupacional de las profesiones universitarias, facilidad para obtener empleo y nivel de remuneraciones. Este informe deberá presentarse "regionalizado", teniendo en cuenta la evolución de cada región del país.
Nuestra meta por alcanzar debe ser educación inclusiva de todos los grupos sociales, pero de calidad, con un calendario de jornada extendida a nivel inicial, primario y secundario que supere los 190 días de clases por año. Los niños pobres no deben ser postergados por escuelas deficientes, mal equipadas y con un corto periodo lectivo. La universidad estará abierta a todas las clases sociales y no discriminara en función del nivel socioeconómico de los alumnos, pero el ingreso debe comprometer el esfuerzo intelectual de los aspirantes. La matrícula universitaria no estará anclada en las tradicionales carreras del pasado, sino en las nuevas necesarias para poner en valor todos los recursos de la Nación y expandir su capital humano calificado.
La universidad estará vinculada a las necesidades del país como reclamaba Alberdi en los años de la Organización Nacional.
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