Domingo 27 de febrero de 2005 Joaquín Morales Solá
Probablemente, la Argentina le haya dicho adiós, en la tarde ardiente del viernes, al innoble default; le seguirá pesando, con todo, el irresponsable endeudamiento de una década. El fin de aquella barrabasada será obra del Presidente y de su ministro de Economía. La competencia entre ellos sería una contienda absurda. Nada hubiera hecho el uno sin el otro.
¿Acaso en esas mismas horas se constató que el país entró en el brutal circuito del narcotráfico internacional? Las dos cosas son posibles, y ambas se refieren a un Estado gobernado durante demasiado tiempo por una estirpe indolente y remolona. El trasiego de drogas desnudó otra comprobación: el vacío institucional puede llenarse fácilmente con tifones de odios personales.
El tráfico de drogas es un estigma demasiado inmenso y definitivo como para manejarlo a la bartola. ¿Significa esto que el Estado es inocente? Significa, en todo caso, que hasta los perros del Estado han perdido el olfato. ¿Por qué ladraron los perros de Barajas y ni se inmutaron los impotentes mastines de Ezeiza?
La Argentina tiene un problema grave y no sabe cómo resolverlo: el narcotráfico, perseguido sistemáticamente en los tradicionales países productores de drogas, está eligiendo puertos y aeropuertos alternativos de embarque. Buenos Aires es uno de ellos.
La causa judicial ha constatado que más de 350 valijas sin pasajeros reales podrían haber viajado por la empresa Southern Winds. Los métodos eran varios: algunas viajaban sin pasajeros, otras se las adosaban a la tripulación y el resto a pasajeros que no llevaban muchos bártulos. Lo más sorprendente es que un rígido manual interno de la empresa sobre el embarque de equipaje era violado por simples e-mails que se cruzaban entre gerentes. El juez Carlos Liporace se está demorando demasiado en la incautación de esa documentación de la empresa. Puede desaparecer.
Es posible que ninguna prueba inculpe personalmente por ahora a los Maggio. Convengamos, sin embargo, que son una nulidad absoluta controlando empresas. También hubo ocultación de información al propio Estado del que recibían importantes subsidios.
Si es cierto que la Secretaría de Transporte nunca tuvo información sobre el tráfico de drogas, ¿cómo se explica que la empresa no le haya dicho nada después de instruir un sumario interno y de abrir una causa judicial sobre el envío de 60 kilos de cocaína en uno de sus aviones?
Julio De Vido y Ricardo Jaime aseguraron que nunca fueron al Congreso a pedir por la prórroga de los subsidios a SW. Sin embargo, el subsecretario de Transporte, Ricardo Cirielli, firmó esa prórroga de los subsidios en octubre último, cuando ya se había concretado el contrabando y existía el sumario interno.
La concentración del poder en pocas manos en la administración Kirchner, sobre todo en las que tienen relación con las empresas, convierte en zares a funcionarios de segunda línea. Hubo funcionarios que hicieron gestiones ante una empresa en nombre de otra empresa. Hubo cercanías promiscuas, en otros casos, entre funcionarios y empresas. Kirchner los defiende, aunque el viernes aceptó que no me temblará la mano para echarlos en el acto con un solo dato concreto.
Aníbal Fernández debería, como el brigadier Carlos Rohde, aceptar que cometió un grave error. No le dio significación a un tráfico que contenía, en un solo envío, un cuarto del total de la droga incautada durante todo el año 2004. Ese desvarío informativo no despeja la certeza de que los primeros responsables del tráfico fueron la Policía Aeronáutica y la policía aduanera; esta última tiene su propio servicio de inteligencia sobre drogas peligrosas en Ezeiza.
Rohde no tenía otro destino que volver a casa. Pero es hora de que acaben las amplias purgas en las conducciones militares. El Presidente debe reinstalar el sistema de sumarios internos en las Fuerzas Armadas, para que las sospechas sean probadas y los sospechados cuenten con el innegable derecho a la defensa.
Hay otras noticias de pasmo. El matrimonio español detenido en Cádiz con 16 kilos de cocaína, pasajeros frecuentes de SW entre Buenos Aires y Madrid, abandonó el aeropuerto de Ezeiza el 5 de diciembre último. Tenía pedido de captura internacional desde 1995. Uno de ellos usaba dos pasaportes españoles con diferentes numeraciones (uno para viajar a los Estados Unidos y otro para ir a Europa). Ni Migraciones ni la inteligencia aduanera argentinas sospecharon nunca nada. La inteligencia es ya una simple jactancia en el Estado argentino.
En el patio de Ezeiza donde se escanean las valijas que viajan en las bodegas de los aviones había (quizá ya no esté) un scanner con casi 20 años de antigüedad, incapaz de ver la excursión de un elefante. Convivía con scanners de última generación. ¿Para qué había un scanner paralítico y derrotado en Ezeiza, que Liporace lo vio?
Todo debe decirse. El caso ha disparado también llamaradas de rencor. No hay ninguna prueba, en la investigación judicial, que comprometa a ningún funcionario argentino con el tráfico de drogas. Y es también injusto ventilar los lazos familiares de una azafata de SW, sorprendida con drogas, con el juez de la Corte Suprema de Justicia Juan Carlos Maqueda. Se trata de una sobrina en segundo grado que el juez ni siquiera conocía. ¿Qué relación puede haber entre una cosa y la otra?
En la causa judicial no hay ningún párrafo que comprometa al embajador argentino en Madrid, Carlos Bettini. La Guardia Civil española simplemente le preguntó a un empleado de la embajada argentina si estaban esperando equipajes de un vuelo de Southern Winds. Le contestaron que no. Nadie dijo nada más. El hecho se produjo en un tiempo de transición, cuando ya se había ido el anterior embajador, Abel Posse, y Bettini no había llegado aún. Bettini asegura que nunca vio ni habló con los Maggio. ¿Por qué seguir mencionándolo entonces en semejante escándalo?
Kirchner detesta cualquier vinculación que se haga de su gobierno con el desenfreno de las drogas. Sabe que una sospecha de esa magnitud lo condenaría al ostracismo en el mundo. El poderoso secretario de Defensa norteamericano, Donald Rumsfeld, llegará al país en las próximas semanas. Y Kirchner espera verse con Bush dentro de poco, antes de noviembre. Por esto -o por sus propios enfados personales-, el Presidente canceló un viaje que tenía en estudio a La Habana; posiblemente irá sólo su esposa.
El contrato básico de su gobierno con Washington consiste precisamente en que la administración del actual presidente -irreverente en política exterior- sería implacable aquí con el terrorismo, el lavado de dinero y el narcotráfico. Y una de las famas de Kirchner es la de insobornable cumplidor de sus pactos.
Debería, por lo tanto, movilizar al Congreso. En una reciente reunión de un organismo multilateral sobre terrorismo y lavado de dinero, que se realizó en España, las críticas a la Argentina fueron muy severas. El Congreso remolonea para aprobar un tratado de las Naciones Unidas sobre esas cuestiones y tampoco le dio sanción a un proyecto de ley perfectible sobre tales casos. La advertencia fue también dura: el país podría ser expulsado del organismo y sus transacciones financieras serían calificadas de "sospechosas".
Kirchner y Lavagna han sacado al país del default. El Presidente debe salvar ahora a la Argentina de un destino probable en la ciénaga del narcotráfico.
http://www.lanacion.com.ar/683166-se-instala-el-narcotrafico-en-la-argentina
Probablemente, la Argentina le haya dicho adiós, en la tarde ardiente del viernes, al innoble default; le seguirá pesando, con todo, el irresponsable endeudamiento de una década. El fin de aquella barrabasada será obra del Presidente y de su ministro de Economía. La competencia entre ellos sería una contienda absurda. Nada hubiera hecho el uno sin el otro.
¿Acaso en esas mismas horas se constató que el país entró en el brutal circuito del narcotráfico internacional? Las dos cosas son posibles, y ambas se refieren a un Estado gobernado durante demasiado tiempo por una estirpe indolente y remolona. El trasiego de drogas desnudó otra comprobación: el vacío institucional puede llenarse fácilmente con tifones de odios personales.
El tráfico de drogas es un estigma demasiado inmenso y definitivo como para manejarlo a la bartola. ¿Significa esto que el Estado es inocente? Significa, en todo caso, que hasta los perros del Estado han perdido el olfato. ¿Por qué ladraron los perros de Barajas y ni se inmutaron los impotentes mastines de Ezeiza?
La Argentina tiene un problema grave y no sabe cómo resolverlo: el narcotráfico, perseguido sistemáticamente en los tradicionales países productores de drogas, está eligiendo puertos y aeropuertos alternativos de embarque. Buenos Aires es uno de ellos.
La causa judicial ha constatado que más de 350 valijas sin pasajeros reales podrían haber viajado por la empresa Southern Winds. Los métodos eran varios: algunas viajaban sin pasajeros, otras se las adosaban a la tripulación y el resto a pasajeros que no llevaban muchos bártulos. Lo más sorprendente es que un rígido manual interno de la empresa sobre el embarque de equipaje era violado por simples e-mails que se cruzaban entre gerentes. El juez Carlos Liporace se está demorando demasiado en la incautación de esa documentación de la empresa. Puede desaparecer.
Es posible que ninguna prueba inculpe personalmente por ahora a los Maggio. Convengamos, sin embargo, que son una nulidad absoluta controlando empresas. También hubo ocultación de información al propio Estado del que recibían importantes subsidios.
Si es cierto que la Secretaría de Transporte nunca tuvo información sobre el tráfico de drogas, ¿cómo se explica que la empresa no le haya dicho nada después de instruir un sumario interno y de abrir una causa judicial sobre el envío de 60 kilos de cocaína en uno de sus aviones?
Julio De Vido y Ricardo Jaime aseguraron que nunca fueron al Congreso a pedir por la prórroga de los subsidios a SW. Sin embargo, el subsecretario de Transporte, Ricardo Cirielli, firmó esa prórroga de los subsidios en octubre último, cuando ya se había concretado el contrabando y existía el sumario interno.
La concentración del poder en pocas manos en la administración Kirchner, sobre todo en las que tienen relación con las empresas, convierte en zares a funcionarios de segunda línea. Hubo funcionarios que hicieron gestiones ante una empresa en nombre de otra empresa. Hubo cercanías promiscuas, en otros casos, entre funcionarios y empresas. Kirchner los defiende, aunque el viernes aceptó que no me temblará la mano para echarlos en el acto con un solo dato concreto.
Aníbal Fernández debería, como el brigadier Carlos Rohde, aceptar que cometió un grave error. No le dio significación a un tráfico que contenía, en un solo envío, un cuarto del total de la droga incautada durante todo el año 2004. Ese desvarío informativo no despeja la certeza de que los primeros responsables del tráfico fueron la Policía Aeronáutica y la policía aduanera; esta última tiene su propio servicio de inteligencia sobre drogas peligrosas en Ezeiza.
Rohde no tenía otro destino que volver a casa. Pero es hora de que acaben las amplias purgas en las conducciones militares. El Presidente debe reinstalar el sistema de sumarios internos en las Fuerzas Armadas, para que las sospechas sean probadas y los sospechados cuenten con el innegable derecho a la defensa.
Hay otras noticias de pasmo. El matrimonio español detenido en Cádiz con 16 kilos de cocaína, pasajeros frecuentes de SW entre Buenos Aires y Madrid, abandonó el aeropuerto de Ezeiza el 5 de diciembre último. Tenía pedido de captura internacional desde 1995. Uno de ellos usaba dos pasaportes españoles con diferentes numeraciones (uno para viajar a los Estados Unidos y otro para ir a Europa). Ni Migraciones ni la inteligencia aduanera argentinas sospecharon nunca nada. La inteligencia es ya una simple jactancia en el Estado argentino.
En el patio de Ezeiza donde se escanean las valijas que viajan en las bodegas de los aviones había (quizá ya no esté) un scanner con casi 20 años de antigüedad, incapaz de ver la excursión de un elefante. Convivía con scanners de última generación. ¿Para qué había un scanner paralítico y derrotado en Ezeiza, que Liporace lo vio?
Todo debe decirse. El caso ha disparado también llamaradas de rencor. No hay ninguna prueba, en la investigación judicial, que comprometa a ningún funcionario argentino con el tráfico de drogas. Y es también injusto ventilar los lazos familiares de una azafata de SW, sorprendida con drogas, con el juez de la Corte Suprema de Justicia Juan Carlos Maqueda. Se trata de una sobrina en segundo grado que el juez ni siquiera conocía. ¿Qué relación puede haber entre una cosa y la otra?
En la causa judicial no hay ningún párrafo que comprometa al embajador argentino en Madrid, Carlos Bettini. La Guardia Civil española simplemente le preguntó a un empleado de la embajada argentina si estaban esperando equipajes de un vuelo de Southern Winds. Le contestaron que no. Nadie dijo nada más. El hecho se produjo en un tiempo de transición, cuando ya se había ido el anterior embajador, Abel Posse, y Bettini no había llegado aún. Bettini asegura que nunca vio ni habló con los Maggio. ¿Por qué seguir mencionándolo entonces en semejante escándalo?
Kirchner detesta cualquier vinculación que se haga de su gobierno con el desenfreno de las drogas. Sabe que una sospecha de esa magnitud lo condenaría al ostracismo en el mundo. El poderoso secretario de Defensa norteamericano, Donald Rumsfeld, llegará al país en las próximas semanas. Y Kirchner espera verse con Bush dentro de poco, antes de noviembre. Por esto -o por sus propios enfados personales-, el Presidente canceló un viaje que tenía en estudio a La Habana; posiblemente irá sólo su esposa.
El contrato básico de su gobierno con Washington consiste precisamente en que la administración del actual presidente -irreverente en política exterior- sería implacable aquí con el terrorismo, el lavado de dinero y el narcotráfico. Y una de las famas de Kirchner es la de insobornable cumplidor de sus pactos.
Debería, por lo tanto, movilizar al Congreso. En una reciente reunión de un organismo multilateral sobre terrorismo y lavado de dinero, que se realizó en España, las críticas a la Argentina fueron muy severas. El Congreso remolonea para aprobar un tratado de las Naciones Unidas sobre esas cuestiones y tampoco le dio sanción a un proyecto de ley perfectible sobre tales casos. La advertencia fue también dura: el país podría ser expulsado del organismo y sus transacciones financieras serían calificadas de "sospechosas".
Kirchner y Lavagna han sacado al país del default. El Presidente debe salvar ahora a la Argentina de un destino probable en la ciénaga del narcotráfico.
http://www.lanacion.com.ar/683166-se-instala-el-narcotrafico-en-la-argentina
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