Martin Krause - LA NACION - Lunes 20 de junio de 2011
El nacionalismo no se agota. Siempre tiene una veta para explotar esa supuesta antinomia entre "nosotros" y "ellos", los otros, los extranjeros. Aun en países como la Argentina, donde hay muy pocos "criollos" y todos hemos descendido de los barcos.
Curiosamente, disfrutamos del éxito de argentinos en el exterior y repudiaríamos que fueran discriminados o que alguna cuota dejara a Ginóbili, Messi o Tévez fuera de sus equipos. También solemos ser cosmopolitas, absorbemos la cultura del mundo y podemos hacer ídolos de extranjeros sin importar su origen (Enzo Francescoli, Marcelo Salas aun siendo chileno, The Rolling Stones aun siendo ingleses).
Pero todo ese cosmopolitismo se derrumba cuando nos plantean que podemos perder cierto recurso muy nuestro, que nos pueden sacar y que, si no hacemos algo, seguramente nos lo van a sacar. Ya se ha estado planteando esto con respecto al agua, agitando el fantasma de que hay extranjeros que se la van a llevar, tal vez en barcos que transporten los gigantescos glaciares.
Ahora le toca el turno a la tierra, y el Gobierno, apelando a esa fibra nacionalista, envió recientemente un proyecto al Congreso para limitar la venta de tierras a extranjeros. Según éste, los propietarios de otras nacionalidades no podrán superar el 20% del total de tierras rurales a nivel nacional, que se estima en 40 millones de hectáreas. De ese porcentaje, una nacionalidad en particular no podría superar el 30% y ninguna persona física o jurídica extranjera podría acceder a la propiedad de más de mil hectáreas en el corazón agropecuario del país: la pampa húmeda.
Es de esperar que países vecinos y amigos como Uruguay o Brasil no pongan límites a las inversiones de argentinos en esas tierras, que se han multiplicado a partir del castigo a la producción que han significado los elevados impuestos a las exportaciones. Pero el punto central es cuál puede ser el problema de que la tierra pase a propiedad de un extranjero. Ninguno de ellos actuaría en forma muy diferente de un propietario local.
El mercado asigna los recursos escasos a sus usos más valiosos a partir del cálculo económico que se puede realizar en una economía monetaria gracias a la existencia de los precios. Un propietario de tierra en la Argentina y en cualquier lugar del mundo se plantea esta pregunta: ¿qué debo hacer con esta tierra? Se le presentan distintas alternativas. Supongamos que, dadas las condiciones naturales de esa tierra, sean las siguientes: sembrar soja, lino, trigo, cebada, maíz, girasol, arándanos, o criar vacas para carne, para tambo o caballos de polo.
Para determinar lo que va a hacer, el propietario evalúa los precios posibles de cada producto y sus costos de producirlos, y elegirá aquella actividad que le resulte más rentable. Esos precios, además, sin que el productor tenga que pensar en ello, han transmitido la información acerca de las preferencias de los consumidores y las ofertas de otros productores. Por ejemplo, pocos agricultores argentinos sabían mucho de lo que pasaba en China, donde la apertura económica al capitalismo generaba un aumento notable de los ingresos: empezaron a comer mucho más de lo que comían antes. Esto se tradujo en un aumento de la demanda de soja y el precio reflejó esa circunstancia; los productores respondieron con alta eficiencia.
¿Qué es lo que haría un propietario extranjero? Pues lo mismo. Es más: supongamos que John McIntire, escocés, es propietario de tierras en la Argentina. ¿Haría algo muy distinto que José Pérez, bisnieto de españoles, pero nacido y criado en Trenque Lauquen? Es más: supongamos que el Sr. McIntire solicita la ciudadanía argentina y la obtiene, por supuesto. ¿Qué cambiaría? Este país da la bienvenida a los extranjeros. Es más: a muchos de ellos los dejamos ocupar las tierras públicas urbanas, ¿por qué no podrían otros extranjeros comprar, no ya ocupar a la fuerza?
Aquí es, además, donde el "carácter internacional del capital" comienza a jugar a favor de las preocupaciones de quienes promueven este proyecto. Desde esos mismos sectores políticos se señala que el "capital no tiene bandera", etcétera. Pues bien, eso quiere decir que John McIntire va a tomar decisiones sobre su tierra igual que José Pérez; no va a tomar en cuenta los intereses nacionales de Escocia en su cálculo económico, lo que les podría generar alguna preocupación estratégica.
Dado el carácter abierto de la sociedad argentina, es probable incluso que Mr. McIntire termine disfrutando de los mejores asados, tomando mate y siguiendo a su club local favorito. De esta forma, lo sumamos, y él seguramente nos aportará su gaita, su música y su conocimiento de la destilación de un buen whisky.
Por último, en el caso de que el escocés le compre a Pérez, no sólo el recurso tierra seguirá administrado en forma muy parecida a la de antes, sino que, además, Pérez cuenta ahora con una suma de dinero importante, para la cual solamente tiene dos opciones: ahorrar/invertir o consumir. Si la consume, estaría haciendo lo que el Gobierno promueve. Si ahorra e invierte, nos estaría haciendo un favor a todos, ya que generaría mayor producción en alguna otra área y más puestos de trabajo.
Ahora, el propietario local que quiera o deba vender encontrará un precio menor, ya que los extranjeros quedan fuera del mercado y deberá contentarse con lo que estén dispuestos a pagar sólo los inversores locales. Si el número de compradores es menor, el precio también lo será.
El proyecto, además, clasifica a la tierra agrícola como un recurso "no renovable". ¿Qué quiere decir esto? Hay ciertos recursos cuya formación requiere un tiempo tan prolongado que, en la práctica, su oferta es tomada como fija. Tal el caso del petróleo. También se clasifican como no renovables los minerales, los metales y los depósitos de agua subterránea. ¿En qué sentido la tierra agrícola podría ser "no renovable", siendo que permite obtener cosechas o criar ganados año tras año? Lo único que podría imaginarse es que se realice una explotación tal que destruya las características de la tierra en forma irreversible. Esto suele suceder cuando se talan bosques, por ejemplo.
Un productor agrícola o ganadero, sin embargo, quiere y necesita volver a cosechar, por lo que tiene un fuerte incentivo a proteger la capacidad productiva del recurso. Si abusa de él, se perjudica a sí mismo. El valor de la tierra depende de los rendimientos futuros esperados. Si éstos caen por el maltrato, el valor de la propiedad cae en forma automática, como si fuera una multa directa por las malas decisiones. Porque tienen esto incentivos, los agricultores han ideado, y luego implementado, la labranza cero. Esta técnica de labranza, que reduce el daño ocasionado por el removido para eliminar malezas, y el desarrollo de productos químicos como el atacado glifosato, han reducido el impacto medido en unidades toxicológicas por unidad de superficie de 56,15 en 1985 a 0,74 en 2005, y la producción se ha duplicado en ese mismo período. Tomando en cuenta ese aumento, el impacto por unidad de producto se ha reducido 128 veces.
Es el incentivo generado por el derecho de propiedad el que lleva al productor a cuidar la tierra y a "renovar" su potencial productivo. Esto sucede incluso en el caso que la alquile a un pool de siembra. Este, si tiene un contrato de alquiler a corto plazo, puede no tener ese incentivo, pero lo tiene el propietario que alquila, ya que, si no cuida esto, al año siguiente el valor del alquiler será menor, pues el rendimiento esperado será más bajo. Es el derecho de propiedad el que convierte a la tierra en un recurso "renovable", y su ausencia, en uno "no renovable"; donde no hay propiedad, no hay nadie que quiera cuidarlo.
En fin, la tierra en propiedad privada es renovable, pero lamentablemente el nacionalismo también parece serlo. El uso de un recurso no cambia porque uno lo llame "tierra", otro lo llame "tierra", pero tenga otro pasaporte, otro lo llame terre , land , terra o ziemia .
© La Nacion El autor es profesor de Economía de la UBA e investigador de la fundación Libertad y Progreso
El nacionalismo no se agota. Siempre tiene una veta para explotar esa supuesta antinomia entre "nosotros" y "ellos", los otros, los extranjeros. Aun en países como la Argentina, donde hay muy pocos "criollos" y todos hemos descendido de los barcos.
Curiosamente, disfrutamos del éxito de argentinos en el exterior y repudiaríamos que fueran discriminados o que alguna cuota dejara a Ginóbili, Messi o Tévez fuera de sus equipos. También solemos ser cosmopolitas, absorbemos la cultura del mundo y podemos hacer ídolos de extranjeros sin importar su origen (Enzo Francescoli, Marcelo Salas aun siendo chileno, The Rolling Stones aun siendo ingleses).
Pero todo ese cosmopolitismo se derrumba cuando nos plantean que podemos perder cierto recurso muy nuestro, que nos pueden sacar y que, si no hacemos algo, seguramente nos lo van a sacar. Ya se ha estado planteando esto con respecto al agua, agitando el fantasma de que hay extranjeros que se la van a llevar, tal vez en barcos que transporten los gigantescos glaciares.
Ahora le toca el turno a la tierra, y el Gobierno, apelando a esa fibra nacionalista, envió recientemente un proyecto al Congreso para limitar la venta de tierras a extranjeros. Según éste, los propietarios de otras nacionalidades no podrán superar el 20% del total de tierras rurales a nivel nacional, que se estima en 40 millones de hectáreas. De ese porcentaje, una nacionalidad en particular no podría superar el 30% y ninguna persona física o jurídica extranjera podría acceder a la propiedad de más de mil hectáreas en el corazón agropecuario del país: la pampa húmeda.
Es de esperar que países vecinos y amigos como Uruguay o Brasil no pongan límites a las inversiones de argentinos en esas tierras, que se han multiplicado a partir del castigo a la producción que han significado los elevados impuestos a las exportaciones. Pero el punto central es cuál puede ser el problema de que la tierra pase a propiedad de un extranjero. Ninguno de ellos actuaría en forma muy diferente de un propietario local.
El mercado asigna los recursos escasos a sus usos más valiosos a partir del cálculo económico que se puede realizar en una economía monetaria gracias a la existencia de los precios. Un propietario de tierra en la Argentina y en cualquier lugar del mundo se plantea esta pregunta: ¿qué debo hacer con esta tierra? Se le presentan distintas alternativas. Supongamos que, dadas las condiciones naturales de esa tierra, sean las siguientes: sembrar soja, lino, trigo, cebada, maíz, girasol, arándanos, o criar vacas para carne, para tambo o caballos de polo.
Para determinar lo que va a hacer, el propietario evalúa los precios posibles de cada producto y sus costos de producirlos, y elegirá aquella actividad que le resulte más rentable. Esos precios, además, sin que el productor tenga que pensar en ello, han transmitido la información acerca de las preferencias de los consumidores y las ofertas de otros productores. Por ejemplo, pocos agricultores argentinos sabían mucho de lo que pasaba en China, donde la apertura económica al capitalismo generaba un aumento notable de los ingresos: empezaron a comer mucho más de lo que comían antes. Esto se tradujo en un aumento de la demanda de soja y el precio reflejó esa circunstancia; los productores respondieron con alta eficiencia.
¿Qué es lo que haría un propietario extranjero? Pues lo mismo. Es más: supongamos que John McIntire, escocés, es propietario de tierras en la Argentina. ¿Haría algo muy distinto que José Pérez, bisnieto de españoles, pero nacido y criado en Trenque Lauquen? Es más: supongamos que el Sr. McIntire solicita la ciudadanía argentina y la obtiene, por supuesto. ¿Qué cambiaría? Este país da la bienvenida a los extranjeros. Es más: a muchos de ellos los dejamos ocupar las tierras públicas urbanas, ¿por qué no podrían otros extranjeros comprar, no ya ocupar a la fuerza?
Aquí es, además, donde el "carácter internacional del capital" comienza a jugar a favor de las preocupaciones de quienes promueven este proyecto. Desde esos mismos sectores políticos se señala que el "capital no tiene bandera", etcétera. Pues bien, eso quiere decir que John McIntire va a tomar decisiones sobre su tierra igual que José Pérez; no va a tomar en cuenta los intereses nacionales de Escocia en su cálculo económico, lo que les podría generar alguna preocupación estratégica.
Dado el carácter abierto de la sociedad argentina, es probable incluso que Mr. McIntire termine disfrutando de los mejores asados, tomando mate y siguiendo a su club local favorito. De esta forma, lo sumamos, y él seguramente nos aportará su gaita, su música y su conocimiento de la destilación de un buen whisky.
Por último, en el caso de que el escocés le compre a Pérez, no sólo el recurso tierra seguirá administrado en forma muy parecida a la de antes, sino que, además, Pérez cuenta ahora con una suma de dinero importante, para la cual solamente tiene dos opciones: ahorrar/invertir o consumir. Si la consume, estaría haciendo lo que el Gobierno promueve. Si ahorra e invierte, nos estaría haciendo un favor a todos, ya que generaría mayor producción en alguna otra área y más puestos de trabajo.
Ahora, el propietario local que quiera o deba vender encontrará un precio menor, ya que los extranjeros quedan fuera del mercado y deberá contentarse con lo que estén dispuestos a pagar sólo los inversores locales. Si el número de compradores es menor, el precio también lo será.
El proyecto, además, clasifica a la tierra agrícola como un recurso "no renovable". ¿Qué quiere decir esto? Hay ciertos recursos cuya formación requiere un tiempo tan prolongado que, en la práctica, su oferta es tomada como fija. Tal el caso del petróleo. También se clasifican como no renovables los minerales, los metales y los depósitos de agua subterránea. ¿En qué sentido la tierra agrícola podría ser "no renovable", siendo que permite obtener cosechas o criar ganados año tras año? Lo único que podría imaginarse es que se realice una explotación tal que destruya las características de la tierra en forma irreversible. Esto suele suceder cuando se talan bosques, por ejemplo.
Un productor agrícola o ganadero, sin embargo, quiere y necesita volver a cosechar, por lo que tiene un fuerte incentivo a proteger la capacidad productiva del recurso. Si abusa de él, se perjudica a sí mismo. El valor de la tierra depende de los rendimientos futuros esperados. Si éstos caen por el maltrato, el valor de la propiedad cae en forma automática, como si fuera una multa directa por las malas decisiones. Porque tienen esto incentivos, los agricultores han ideado, y luego implementado, la labranza cero. Esta técnica de labranza, que reduce el daño ocasionado por el removido para eliminar malezas, y el desarrollo de productos químicos como el atacado glifosato, han reducido el impacto medido en unidades toxicológicas por unidad de superficie de 56,15 en 1985 a 0,74 en 2005, y la producción se ha duplicado en ese mismo período. Tomando en cuenta ese aumento, el impacto por unidad de producto se ha reducido 128 veces.
Es el incentivo generado por el derecho de propiedad el que lleva al productor a cuidar la tierra y a "renovar" su potencial productivo. Esto sucede incluso en el caso que la alquile a un pool de siembra. Este, si tiene un contrato de alquiler a corto plazo, puede no tener ese incentivo, pero lo tiene el propietario que alquila, ya que, si no cuida esto, al año siguiente el valor del alquiler será menor, pues el rendimiento esperado será más bajo. Es el derecho de propiedad el que convierte a la tierra en un recurso "renovable", y su ausencia, en uno "no renovable"; donde no hay propiedad, no hay nadie que quiera cuidarlo.
En fin, la tierra en propiedad privada es renovable, pero lamentablemente el nacionalismo también parece serlo. El uso de un recurso no cambia porque uno lo llame "tierra", otro lo llame "tierra", pero tenga otro pasaporte, otro lo llame terre , land , terra o ziemia .
© La Nacion El autor es profesor de Economía de la UBA e investigador de la fundación Libertad y Progreso
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